El 2 de octubre del presente año, en la ciudad de Bogotá, se realizó un encuentro con el propósito de analizar los desafíos y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria colombiana. Desde la propia instalación se puso de manifiesto la necesidad de articular las políticas nacionales a una estrategia de ámbito regional y global.
La nutrida reunión contó con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer, el diario El Tiempo de Bogotá y la Universidad del Rosario. En ella participaron el canciller de Colombia, los representantes de Acnur y la OIM, los responsables de las instituciones encargadas de los temas de migración y fronteras de ese país y los embajadores de Ecuador, Perú y Estados Unidos. Agradezco la invitación a participar en el evento en el que, además, pude expresar mi reconocimiento a los esfuerzos de países e instituciones para con la diáspora venezolana.
La unanimidad en el diagnóstico de los motivos que explican el éxodo de los venezolanos resultó abrumadora: la “dictadura del socialismo del siglo XXI”, causante además de la mayor tragedia humana de la región y responsable del deterioro de la institucionalidad y del comercio binacional y latinoamericano. La situación ocasiona un desplazamiento indetenible, con tendencia a crecer, y sobre la base de tales supuestos los países formulan políticas “reactivas” de corto plazo con las cuales atender la emergencia humanitaria y propuestas de mediano y largo plazo concebidas para impulsar el desarrollo.
América Latina está convencida de que cualquier intento por frenar el flujo migratorio resultará infructuoso y contraproducente, podría fomentar la migración irregular y convertirse en un caldo de cultivo para las redes de corrupción y de narcotráfico ya existentes. Por ello han abierto sus puertas, han iniciado la cuantificación del fenómeno y han formulado distintos escenarios en los cuales estiman el incremento de la diáspora y su efecto sobre la demanda de servicios como suministro de vacunas, educación y salud. Dimensionar el fenómeno permite calcular las necesidades de financiamiento, actual y futuro, con el cual dotar de herramientas y capacidades a las instituciones locales y departamentales para poder atender las demandas de la migración, las cuales se suman a las de sus ciudadanos.
La atención de tales necesidades exige recursos de los que carecen, razón por la cual han solicitado el respaldo de la cooperación internacional, el acompañamiento de los organismos multilaterales y el apoyo de los países de mayor desarrollo relativo. La respuesta de todo el mundo no ha podido ser más positiva y alentadora.
Pese a las debilidades descritas, Latinoamérica ha dado un ejemplo al mundo y en lugar de adoptar políticas restrictivas y xenófobas, ejemplo de las cuales podemos encontrar en otras latitudes y en aquellas que aplicó el régimen venezolano en 2015, cuando expulsó a ciudadanos colombianos, marcó sus casas y cerró la frontera durante casi un año, optaron por una estrategia que favorece la libertad de movimiento y con ella la paz y una región más libre. Es una decisión valiente y democrática que toman países en cuyo seno hay muchos problemas de desigualdad y pobreza.
Cada una de las intervenciones confirmaba el espíritu de los acuerdos de Quito y la OEA, cuya esencia expresa un mensaje muy potente para el mundo, refuta creencias y lugares comunes muy arraigados, en no pocos casos alimentados por intereses políticos subalternos. Esa determinación política hace suya la perspectiva de acuerdo a la cual en los procesos migratorios todos ganan: el migrante, el país de acogida y el país de origen.
La audacia de la decisión desmiente los manidos argumentos según los cuales la diáspora resta fuentes de trabajo, deprime salarios, satura escuelas y hospitales; igualmente refuta el razonamiento según el cual en el país de acogida no cabe un alma y aquel otro que afirma: “Coloca en riesgo la seguridad nacional”, como bien los ha sintetizado R. Raley. Este último argumento forma parte del guion utilizado en muchos centros de formación de las fuerzas armadas en toda la región.
Abrir las fronteras a la diáspora, como lo hizo Venezuela a lo largo de dos siglos, supone asumir que esta no es el problema sino parte de la solución. Toda migración, como se ha dicho, supone gastos e inversión, pero además de ello también es una enorme ganancia para el migrante mismo y para el país de acogida. La diáspora crea riqueza y empleo cuando invierte, emprende y funda empresas, también dinamiza el consumo de bienes y servicios, promueve los encadenamientos productivos, propicia la innovación y el desarrollo tecnológico, la pluralidad y la diversidad cultural.
El documento de políticas presentado en el encuentro y las diversas exposiciones propiciaron una amplia agenda de reuniones de trabajo. En cada una se reiteró la urgencia de articular las políticas de cada país a la estrategia migratoria regional, la cual es necesario desarrollar con relativa urgencia. Un fenómeno de esa magnitud y complejidad no puede recaer solo en manos del gobierno nacional. Es necesaria, indispensable, la incorporación de otros agentes y actores en el diseño y ejecución de la estrategia: empresas y gremios empresariales, gremios profesionales, medios de comunicación, ciudades y regiones, universidades, asociaciones civiles, etc. Como era de esperarse, los encuentros favorecieron el surgimiento de iniciativas, proyectos y líneas de acción que ya se encuentran en marcha.
Todo ello se formuló con el propósito de sentar las bases para el desarrollo futuro, binacional y regional. Venezuela ha sido devastada y rehacer el país va a requerir el concurso de muchos inversionistas nacionales e internacionales, de muchos proyectos y empresas en todos los sectores. No hay uno que no haya sufrido los embates del modelo. Por ello, la confección de la agenda de reconstrucción adquiere carácter de urgencia, para iniciar sin demoras, cuando las condiciones del país cambien, el arduo proceso de recuperación del país. El cambio no nos puede agarrar desprevenidos. No nos engañamos, sabemos perfectamente que nadie en su sano juicio va a invertir en Venezuela en las condiciones actuales, a excepción de aquellos que cobran muy caro el desespero de un régimen que dilapidó 1 trillón de dólares, toda una fortuna.
Para Colombia, país que alberga a 25% de la diáspora y para los demás países de la región, los cuales juntos acogen un porcentaje similar, las iniciativas y proyectos mencionados son importantes y urgentes. La agenda de temas es muy amplia: fortalecimiento institucional de localidades y regiones, mejoramiento de la calidad de la educación, creación de oportunidades de negocio, alianzas para atender las demandas de servicios de salud, etc.
Los gobiernos de los países latinoamericanos no se llaman a engaño y reconocen que el régimen del cual huyen los venezolanos se ha desentendido de sus ciudadanos, a quienes desconoce. Su redomada ineptitud le impide tan siquiera asegurar el acceso a los documentos de identidad más elementales: cédula de identidad y pasaporte. Para muestra un botón. El gobierno venezolano acaba de anunciar el nuevo precio de los pasaportes, convertidos en artículos de lujo, cuyo pago debe hacerse utilizando una moneda clandestina solo reconocida por instituciones del gobierno. A su manera, un muro de Berlín.
Estos gobiernos solo esperan del venezolano ataques destemplados y desmedidos. En las dos últimas décadas la relación del país con la región ha sido tóxica, tortuosa. El gobierno colocó a Venezuela de espaldas a sus vecinos, rompió abruptamente los acuerdos previos y los logros del incipiente proceso de integración lo cual perjudicó el comercio binacional y regional, y destruyó la capacidad productiva y empleos. Su menosprecio por las instituciones estimuló la inseguridad jurídica, propició un clima de desconfianza que afectó severamente el proceso de integración. Contrapuso a las instituciones existentes organizaciones de ficción como el ALBA, solo destinada al encuentro de amiguetes ideológicos. Al tramado legal e institucional contrario a la empresa y el mercado sumó las políticas cambiarias y monetarias, enemigos absolutos del comercio y el desarrollo.
Si bien del gobierno venezolano los países de acogida solo pueden esperar agravios e ingratitud, encuentran en la diáspora un gran aliado para el desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales e institucionales. Además, es mucho lo que pueden esperar de las instituciones democráticas venezolanas, aunque debilitadas, para ir preparando el terreno para construir un futuro en libertad que supere la barbarie actual. Es mucho lo que tienen que decir los gremios empresariales de ámbito nacional, regional, binacional, sectorial y fronterizos, las universidades privadas y aquellas públicas no cooptadas por el partido de gobierno, los gremios profesionales y las asociaciones civiles. Todos ellos constituyen poderosos agentes con los cuales se pueden llevar adelante iniciativas y proyectos concebidos para conectarse con la diáspora y las redes en las cuales participa, y crear de este modo las condiciones para fortalecer el comercio y la integración.