La racionalidad del orden superior de los principios que rigen la naturaleza induce el espontáneo florecer de grupos sociales (Sociedad Civil, La Resistencia, Caminantes por la Libertad) que asumen sus propias responsabilidades para alejar la amenaza y consolidación de la sumisión perenne a la dictadura social-comunista-bolivariana, a la cual la inconsistencia de la estrategia de la MUD y de los partidos políticos que la forman había condenado la población venezolana.

Pues interpretamos las manifestaciones de protesta pacífica que se han averiguado en el curso de la antecedente semana, como el inicio de una emancipación histórica del “caudillismo” que ha caracterizado la estructura de los partidos políticos en los últimos decenios: estos, para retomar un nivel de credibilidad política y de proposición para la gestión democrática del poder, deben como primer paso producir el cambio imprescindible de una gerencia que ha traicionado sus funciones institucionales de mediación entre ciudadanos y Estado, para servir a intereses parcializados, no a los de la colectividad nacional.

Se presenta una evolución que puede desarrollar una alternativa al conformismo con el cual por décadas la “política de negocio” ha prevalecido, produciendo la descomposición ética y la corrupción como senderos en los que se han desempeñado las instituciones públicas y privadas, y han creado la interdependencia entre gobierno y oposición que han dado vida a un juego de las partes: el gobierno a la conquista y conservación del poder; la oposición a una función de soporte del cual derivar beneficios partidistas e individuales. El país ha sido dejado a la deriva, transformándolo en objeto de conquista.

Dan Levi, profesor de la Universidad de Harvard, afirma: “Cuando la ideología sustituye el conocimiento los países fracasan”. En Venezuela se ha realizado y se piensa que sea posible continuar el perseguimiento de un proyecto político social-comunista-bolivariano al cual nunca la oposición se opuso en forma sistémica, ni en el sentido ideológico ni programático: la “libertad” ha sido un lema detrás del cual se han escondido complicidades y no la finalidad estratégica.  

Ha pasado el tiempo de la simple confrontación entre las posibles virtudes de la libre empresa y el socialismo: ni el capitalismo ha sido sustituido en la perspectiva de la libre competencia, ni el socialismo ha sido realizado en la visión que Marx usaba en sus formas puras. De la combinación de ambos ha nacido lo que los economistas denominan “economía mixta”, exactamente la que viene definida en la Constitución de la República de 1999.

Al contrario, en Venezuela se ha asistido a una experimentación para afirmar el proyecto social-comunista-bolivariano a través de un sistema económico que ha perjudicado la vida de los venezolanos hasta poner para ellos los conocidos problemas de supervivencia y para la República los inherentes a su soberanía e identidad.

El diálogo –en la ficción por los cuales los compromisos asumidos por el gobierno no se han mantenido a pesar del énfasis internacional con la cual se habían postulado (reconocimiento de los derechos humanos, liberación de los presos políticos, elecciones generales transparentes visionadas por la comunidad internacional, apertura de un canal humanitario)– se ha transformado en una confrontación acerca del reconocimiento de la asamblea constituyente: en lo jurídico, es considerada internacionalmente un exabrupto por la forma y la estructura con la cual ha sido constituida e impuesta; en lo político, por la significación improrrogable de afirmación de la dictadura.

El perjuicio para los ciudadanos es de una magnitud que se queda al azar, aún más si reflexionamos sobre las ocho leyes propuestas por el presidente a la aprobación de la asamblea constituyente, ignorando y anulando por completo la Asamblea Nacional. El impacto es devastador: puede producir el cambio del sistema internacional de pagos sobre la economía nacional en el caso de que se pudiese sostener con importaciones que excluyeran el dólar de los flujos financieros.

Para el simple ciudadano cabe una observación: conoce la influencia del dólar sobre la economía venezolana y sabe que 97% de las exportaciones del país derivan del ingreso de esta divisa por la venta del petróleo, en la hipótesis negada de que el otro 3% podría aportar yen, rublos, rupias, yuan renminbi, que no serían suficientes para las importaciones que necesita el país.

¿Los operadores económicos deberían conseguir estas monedas en el mercado con las fluctuaciones que cada una de ellas presente con el dólar? ¿Cuál sería el valor real de la unidad de cuenta que se va a constituir y qué consecuencia tendría sobre los precios de bienes y servicios con ulteriores costos de reposición que los venezolanos deberían pagar en “bolívares fuertes”? ¿Los Estados emisores de las citadas monedas, con economías mucho más sólidas que la venezolana, aceptarían devaluar para crear la simetría técnica necesaria al proceso financiero ligado a la configuración de una “zona financiera presuntamente óptima”? ¿No es racionalmente previsible que la competitividad y el equilibrio de la economía venezolana serán ulteriormente comprometidos en la relación entre reservas/base monetaria y reservas/activos de crédito que el BCV estaría obligado registrar?

Resulta sensiblemente alterado el ciclo económico, pues el mercado financiero asume con el cambio mencionado una frecuencia y una amplitud diferente, a corto y mediano plazo. Las consecuencias más visibles: empeoramiento de los índices de los precios de los bienes inmuebles y de los flujos brutos en los portafolios de inversiones y en la estructuración de los inventarios. Más allá de las sanciones internacionales, será la dimensión y liquidez del mercado a determinar el valor de los títulos de la República y de los bienes reales. La inflación de cuatro dígitos inevitable. La posibilidad de recuperación y de desarrollo del país se encuentra ulteriormente alejada.

Se prospectan para los venezolanos condiciones de vida mucho más duras que las actuales. Samuelson y Nordhaus propusieron la necesidad de disponer faros en la costa para salvar vidas y cargamentos. Son los faros de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho y de justicia que el “bravo pueblo” ha empezado a poner con su despertar.


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