Estamos ante un régimen fallido que intenta sobrevivir de las falacias y de la manipulación, un régimen que ha acabado con el país, sus instituciones, su industria, con la vida de los venezolanos que sufren la miseria, la violencia y la persecución. Enfrentamos un régimen que ha planificado con premeditación y alevosía y, paradójicamente, ejecutado con éxito la destrucción de un país para, sobre la base de los escombros, de la miseria, asegurar para su beneficio la dominación y el control de una población que aterrorizada se muestra impotente e incapaz de reaccionar.
El carácter fallido del régimen es complementado por su desprecio por el orden jurídico, por las normas de derecho interno y de derecho internacional, lo que le hace forajido ante nosotros y ante la comunidad internacional. El régimen dictatorial, es decir, el grupo delictivo que controla hoy el país, viola, en efecto, la Constitución y las leyes de la República y los compromisos internacionales asumidos por el Estado, relacionados con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero producto de actos de esta naturaleza, con el narcotráfico y, entre otros, con la devastación del medio ambiente, reflejado en la destrucción de la naturaleza y sus distintos elementos en el denominado arco minero, en donde llevan a cabo, sin ningún disimulo, uno de los crímenes ecológicos más graves de la historia.
La destrucción del país se debe, sin duda alguna, a las desastrosas políticas económicas y sociales que han implementado de manera deliberada todos estos años, políticas y acciones que han llevado a cabo con la eficiencia propia del destructor consciente. No se debe de ninguna manera esta hecatombe, como lo vende la dictadura dentro y fuera, manipulando y engañando al país y al mundo, a las medidas unilaterales, por lo demás legítimas y oportunas, adoptadas por la comunidad internacional, por gobiernos democráticos y algunas organizaciones internacionales, con base en el derecho internacional y en cumplimiento de la obligación de proteger a la población ante calamidades de esta naturaleza y magnitud.
La dictadura es buena para lo malo. Se sostiene con éxito en la falacia, en la manipulación, en la tergiversación de la realidad, en el engaño burdo, una maniobra bien elaborada que logra captar ingenuos e interesados o más bien corruptos que justifican y hasta bendicen sus tropelías. En días pasados, como buen representante y promotor de la dictadura de Maduro, el ex presidente español Rodríguez Zapatero afirmó de la manera más irresponsable que la crisis venezolana se debía a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, retomando al pie de la letra las afirmaciones hechas por funcionarios y personeros de la dictadura que al unísono intentan vender la idea que esconde la catástrofe.
Ante esa falacia debemos precisar, una vez más, que las acciones unilaterales adoptadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros, son además de legales y legítimas, absolutamente convenientes. Una presión sana que busca salvar la vida de más de 30 millones de personas, una presión que busca evitar que la catástrofe humanitaria que vivimos se agrave aún más y se convierta en un problema mayor para los venezolanos, la región y el mundo. Esas medidas, que los fanáticos del régimen muestran como una agresión al país, responden al derecho y al deber que tiene la comunidad internacional de exigir a la dictadura de Maduro que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Esas medidas unilaterales, debemos recordar, no afectan al Estado, tampoco a sus instituciones, mucho menos a su gente. Esas medidas están dirigidas única y exclusivamente a los incursos en delitos y crímenes internacionales muy graves, como la violación de derechos humanos, la realización de crímenes internacionales, la represión y la tortura como política sistemática y generalizada para imponer un sistema político contrario a la libertad y la justicia; a personas, funcionarios y familiares señalados por delitos transnacionales que interesan por su gravedad a toda la comunidad internacional, como el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero, así como el terrorismo, que afectan no solo la estabilidad regional, sino la paz y la seguridad internacionales, lo que coloca la catástrofe venezolana en un plano particular, por lo demás muy delicado.
Es el momento de hablar claro, sin tapujos, sin engaños. El secretario general de la OEA, Almagro, lo ha hecho valientemente, como el más importante luchador por la recuperación de la democracia y de la libertad en el país. Las cosas hay que decirlas como son. El grupo delictivo que controla el país y lo ha secuestrado engaña al mundo, corrompe políticos, gente, para que participen en la orquesta del mal, ante nuestro silencio. Es el momento de que los políticos se pronuncien con claridad y digan y acepten que las sanciones son indispensables para poder salvar a los miles de venezolanos que mueren de hambre y en la miseria, y que cualquier intervención humanitaria, que el bandidaje presenta interesadamente al manipular la realidad como acciones militares o invasiones extranjeras en contra de nuestra soberanía, debe ser bienvenida, porque no hay otra forma de enfrentar la crisis y superarla. No creo que debamos seguir jugando con los términos, los formalismos y los temores.