En Venezuela no hay una lucha política entre izquierda y derecha, sino una lucha por la vida, la libertad, la justicia y la paz, entre un régimen criminal, que odia la libertad y practica los peores crímenes sancionados por el derecho internacional para asegurar su permanencia indefinida en el poder, y millones de seres humanos que, dentro y fuera del territorio nacional, sin armas, exigimos democracia, apertura económica, Estado de Derecho, reconstrucción y convivencia pacífica.
Después de muchos años de estar solos en esa lucha debido al petropopulismo de Hugo Chávez, su propaganda y su chequera inagotable, el mundo democrático comprendió que, desde hace bastante tiempo, en nuestro país la democracia, la libertad y los derechos humanos se habían perdido a manos de una facción que de gobierno autoritario devino en régimen criminal, atrincherándose en buena parte de las estructuras del Estado venezolano.
El tiempo de ese régimen, según el artículo 231 de la Constitución venezolana, expiró el pasado 10 de enero de 2019. Es cierto que, antes de esa fecha, tanto el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio como la propia Asamblea Nacional emitieron pronunciamientos que debieron dejar fuera del cargo de presidente a quien lo usurpa desde abril de 2013. Pero, dada la vocación abiertamente totalitaria ya del régimen chavista, esas decisiones no fueron acatadas.
Desde el 10 de enero, pues, Nicolás Maduro pasó a ser ex presidente, ya que nunca fue reelegido por el pueblo venezolano. Sus aliados internacionales, enemigos de los ciudadanos venezolanos, insisten de forma obstinada en apelar a la farsa convocada en mayo de 2018, por una espuria asamblea constituyente manejada por Maduro y el régimen castrista, como prueba de la supuesta reelección del tirano. Olvidan que los resultados de aquella nunca tuvieron valor y reconocimiento alguno, por violar todas las normas constitucionales e internacionales para la realización de elecciones auténticas.
De este modo, luego de un proceso de amplia consulta y participación ciudadana en todo el territorio nacional, el pasado 23 de enero, fecha de conmemoración del regreso de la democracia a Venezuela en 1958, con base en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución vigente, el apoyo de los gobiernos democráticos del hemisferio occidental y otras partes del mundo, y con el respaldo de millones de compatriotas reunidos en cabildos, tomó juramento y asumió la Presidencia de la República interina, el diputado Juan Guaidó Márquez, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional.
Insistamos aquí en que se trató de una juramentación, no de una autoproclamación, como erradamente muchos medios de comunicación, dentro y fuera de Venezuela, denominan el acto de envestidura del presidente de la República interino. No fue una decisión unilateral, personalista. Se trata del cumplimiento de una obligación constitucional de quien ocupa el cargo de presidente de la Asamblea Nacional ante la falta de presidente electo. Lo inconstitucional habría sido que no se juramentara y asumiera el cargo.
El 23 de enero se renovó la esperanza del pueblo venezolano de derrotar la opresión y recuperar su libertad. Y es contra esa esperanza, en especial la de los más pobres del país que en estos días son cruelmente asesinados en operativos criminales por los esbirros del régimen chavista, que se dirige el falaz e irresponsable comunicado firmado por el señor Noam Chomsky y un conjunto de académicos que poco o nada deben conocer la realidad que sufrimos los venezolanos, el cual fue divulgado el 26 de enero de 2019 en diferentes medios de comunicación.
Ante las numerosas mentiras en él contenidas, cabe iniciar esta respuesta señalando que Estados Unidos no interviene en nuestros asuntos, ni busca derrocar a un gobierno legítimo para imponer otro a fin de generar sufrimiento. La situación venezolana ya está marcada por el sufrimiento innecesario, por la violencia y la inestabilidad, y ello no deriva, como de forma insidiosa lo aseguran Chomsky y los demás firmantes, del apoyo internacional que hoy recibimos, sino del socialismo del siglo XXI impulsado por Hugo Chávez, y que tanto alabó el señor Chomsky durante muchos años, en que ya los venezolanos padecíamos las injusticias derivadas de ese modelo colectivista de ejercer el poder.
La población venezolana no está polarizada en torno a la permanencia o salida de quienes hoy detentan el poder en nuestro país. Cerca de 80% de los venezolanos exige un cambio político. El régimen que lidera Nicolás Maduro no tiene apoyo popular, basta de mentir al respecto. Prueba de ello son las multitudinarias manifestaciones de calle de estos días de enero contra el hambre, la enfermedad, la pobreza y la inseguridad más elevada de la región, y a favor de la salida constitucional que hoy brinda la decisión asumida por Juan Guaidó, con el apoyo de la Asamblea Nacional.
Nicolás Maduro no preside un gobierno, sino un régimen criminal, que usurpa a la fuerza cargos que deben servir a los venezolanos, no a la corrupción, a regímenes autoritarios y al narcotráfico. No son las sanciones aplicadas contra los autores de crímenes castigados por el derecho internacional y contra las estructuras del Estado venezolano que aquellos usan para delinquir las que han empeorado la situación de los venezolanos, sino la aplicación de las políticas socialistas que el señor Chomsky y los demás firmantes defienden como las adecuadas para toda sociedad.
Es de un cinismo mayor atribuir a esas sanciones los millares de muertes de venezolanos por enfermedad, falta de medicamentos o hambre. Esas muertes derivan de la acción autoritaria del régimen chavista que el señor Chomsky los demás firmantes apoyan sin pudor en su comunicado, mientras en estos días la tiranía manda a la cárcel a niños y adolescentes por protestar y pedir libertad, y asesina de manera impune a personas en sectores pobres de Venezuela para sembrar el miedo e impedir que se manifiesten libremente a favor de la transición política en nuestro país.
Los únicos que empujan a Venezuela al precipicio son los aliados internacionales del régimen chavista, como el propio Chomsky y los regímenes autoritarios de Cuba, China y Rusia, entre otros, que responden a fanatismos ideológicos, agendas económicas nacionalistas o intereses geopolíticos, en desprecio dea los derechos humanos de los venezolanos. Y es, en cambio, gracias a la acción diplomática internacional de Estados Unidos, de los países del Grupo de Lima y de otras importantes democracias del mundo, como la de Israel, que algunos de esos aliados poco a poco comienzan a tomar distancia del régimen criminal que ahoga en sangre y hambre a la población civil de Venezuela.
Son el señor Chomsky y los demás firmantes los que apoyan un régimen violento y extralegal, como es el que mediante una usurpación en todas las instancias del Estado venezolano, salvo la Asamblea Nacional, conduce con crueldad Nicolás Maduro. Son el señor Chomsky y demás firmantes de un panfleto que ofende a la condición humana quienes apoyan la violación grotesca por parte del régimen chavista de la Constitución y, en última instancia, de la soberanía popular.
Afirman en su desprecio hacia el pueblo de Venezuela, que Estados Unidos y demás aliados internacionales de aquel promueven un baño de sangre. Baño de sangre son las 323.488 personas que entre 1999 y 2018 han muerto de forma violenta por la acción e inacción del régimen socialista, militarista y narcotraficante que Chomsky apoya desde su inicio, debido a su fanatismo ideológico y complejos hacia el país en que nació. Es Nicolás Maduro el responsable último de los más de 232 venezolanos asesinados por militares, policías y colectivos paramilitares en las protestas por la libertad en 2014, 2017 y 2019. En lo que va de año, ya la lista rebasa los 40 asesinados por la represión chavista.
Es gracias al apoyo multilateral, enmarcado en el derecho internacional que irrespetan los chavistas admirados por el señor Chomsky y demás firmantes, que luce posible que logremos en Venezuela que los efectivos militares y policiales retiren su obediencia a Nicolás Maduro y demás responsables de la tragedia venezolana, venciendo el miedo y confiando en la política de reconciliación que apoyamos todos los demócratas del país, para que cese la violencia y el sufrimiento. No al revés.
Es una gran irresponsabilidad, que raya ya en la mala fe, el insistir como lo hacen Chomsky y los demás firmantes, junto a los gobiernos de Uruguay, México y España –preocupados de sus propios intereses, y no de la tragedia de los venezolanos–, en que se trate al régimen criminal como actor político legítimo con el cual asistir a una negociación, cuando esa opción ya se ha transitado, de la mano de otro aliado socialista de la tiranía, el ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, y los resultados han sido mentiras, secuestrados políticos, torturas, más represión, exilio por cientos de miles y más tiempo para el régimen criminal en el poder.
Resulta grotesco que, mostrando la más absoluta ignorancia al respecto, el señor Chomsky y los demás firmantes traten a la población civil como “parte” de una guerra, cuando es víctima del régimen sanguinario que conduce Nicolás Maduro, y que en lugar de exigir a militares, policías y grupos paraestatales armados el cese de la violencia política contra esa población, el señor Chomsky y los demás firmantes los respalden al afirmar que “muchas de estas personas lucharán, no solo sobre la base de la creencia en la soberanía nacional (…) sino también para protegerse de una posible represión si la oposición derroca al gobierno por la fuerza”, ocultando que una de las propuestas iniciales de la Asamblea Nacional es una Ley de amnistía, justamente para evitar toda expresión de venganza contra quienes no son autores de crímenes castigados por el derecho internacional.
Es una infamia que el señor Chomsky y los demás firmantes apelen a la soberanía nacional, alegato anacrónico en el siglo XXI, para exigir que Estados Unidos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos y los demás aliados regionales de los venezolanos no defiendan los derechos humanos de quienes vivimos en el horror creado por la mentalidad socialista, que el señor Chomsky y los demás firmantes defienden porque no la sufren.
Por todo lo anterior, no procede otra cosa sino agradecer y apoyar todas las acciones adoptadas por los gobiernos democráticos del mundo en esta hora decisiva de apoyo a la lucha por recuperar nuestra libertad y al presidente de la República interino, Juan Guaidó Márquez, repudiar las mentiras y complicidades criminales que promueven personas como el señor Noam Chomsky y los demás firmantes de comunicados como el aquí refutado, e invitar a las personas en cualquier parte del mundo que creen en la dignidad humana, la vida y la libertad a que apoyen por todos los medios posibles y sin reservas la causa democrática en Venezuela, sin distraerse en trampas ideológicas o discusiones políticas internas de sus países que nada tienen que ver con la injusta crisis humanitaria que destruye a los venezolanos de forma acelerada e irreversible.