Entre los objetivos del estatuto que rige la transición a la democracia está el de restablecer la vigencia constitucional apoyándose en los artículos 333 y 350 de la CRBV. Se crea una especie de plan normativo y de acción para lograr recuperar el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, puesto que, como ya hemos mencionado en esta columna, Venezuela no tiene Constitución material desde hace 20 años. Es indiscutible que para alcanzar lo anterior tenemos que enfocarnos no solo en el Tribunal Supremo de Justicia (varias veces mencionado en el estatuto), sino en el “Sistema de Administración de Justicia”, constituido no solo por los tribunales y los jueces, sino también por todos los funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, otros organismos auxiliares y, en esencia, por los abogados.
Aunque el término “justicia” puede ser muy subjetivo, nosotros tenemos que referirnos estrictamente a la justicia en el sentido jurídico, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde tal y como lo dispongan nuestras normas. Esto supone dar cumplimiento a los pasos propuestos para la transición: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. De hecho, en el paso número dos, esto es, el gobierno de transición, ya podremos comenzar a poner en práctica elementos esenciales para el restablecimiento del Estado de Derecho. Incluso, la manifestación realizada por el estatuto para la reincorporación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos se podría estimar como uno de los primeros pasos al que será próximamente un sistema universal y convencional que realmente materialice los derechos ciudadanos. Pero hay mucho por hacer y tenemos que estar conscientes del reto que tenemos por delante.
Exorcismo al sistema
Como litigante y ex funcionario del Poder Judicial, puedo afirmar que los problemas del SAJ van más allá de la ideologización y la corrupción. Como seguro saben, casi todos los jueces en ejercicio han sido nombrados a dedo y 98% son provisorios (temporales); el número de jueces y fiscales es, en casi todos los circuitos y casi todos los niveles, insuficiente, lo que seguramente nos presenta el primer punto a corregir: tenemos que hacer un megaconcurso público, en el que los operadores jurídicos que integren los tribunales (jueces, relatores, secretarios, auxiliares, etc.), sean hombres dignos de personificar la justicia. Pero para que los mejores quieran ser parte del sistema, hay que mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Los organismos que forman parte del SAJ han sido prácticamente deshumanizados, no se trata solo de que no tienen resmas de papel, ni aire acondicionado (hay tribunales que además carecen de ventanas), sino que se han visto forzados a incorporarse a la corrupción tanto ideológica (vestirse de rojo, firmar contra la ayuda humanitaria, no hablar mal de Chávez), como financiera, puesto que al ser los jerarcas del sistema un grupo de hampones con chapa, lógicamente todo –o casi todo– lo que está jerárquicamente abajo se corrompe. Hay que hacer un reconocimiento a aquellos funcionarios que siguen trabajando honestamente, son héroes anónimos.
Las condiciones son nefastas en la capital, pero si vamos al interior del país es aún peor, tanto para los funcionarios como para la gente que necesita acceder a la justicia. Distancias enormes que recorrer, tribunales de municipio que no tienen capacidad para atender toda la jurisdicción y sin fin de competencias que les han otorgado. Las malas condiciones del SAJ ya cumplen más de una década, no son nuevas, solo que la situación estructural del país las han empeorado.
Tener un SAJ funcional y efectivo parte de lo precedente. Vemos que no es tan fácil como desincorporar a los magistrados exprés, tenemos que exorcizar el SAJ y para ello hay que crear condiciones que incentiven a los mejores a querer formar parte de él.
¿Cómo resarcir todo lo sufrido?
Los daños patrimoniales y morales ocasionados por el chavismo son difíciles de cuantificar; ciertamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que volverá a ser parte de nuestro marco constitucional, entre otros tratados, y la misma Constitución de Chávez, disponen la responsabilidad del Estado por su funcionamiento en un sentido amplio, con expresa referencia a los derechos humanos, pretensiones que se podrán ventilar no solo en Venezuela sino también ante cortes internacionales, en la medida en que estén dadas las condiciones de competencia.
Pero es que hay muchísimos casos en los que la justicia nunca llegó –ya son 20 años de esto–, no solo en temas significativos de derechos humanos, me refiero también a destituciones arbitrarias, extorsiones de entes y organismos, licitaciones fraudulentas y pare de contar. Muchos de ellos ejercieron los recursos y acciones de rigor, pero la justicia no era posible. Deberíamos reflexionar sobre algunos supuestos en los que si bien hay cosa juzgada, ello no se verificó dentro de los parámetros del debido proceso; muchos perdieron tierras, negocios y sus vidas hace mucho y la justicia les fue negada (no es solo error judicial, es dolo judicial). Esto luce seguramente complejo, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también por los intereses políticos, porque abrir esa ventana supondría más reclamos y, en consecuencia, más indemnizaciones a cubrir por parte del Estado venezolano.
¿Y después?
Tocará también una inversión en tecnología muy importante, Venezuela se quedó en el siglo XX mientras que los sistemas judiciales de todo el mundo hoy se desenvuelven de otro modo. Ya desde 2015 hay procesos judiciales en Canadá que se desarrollan por Internet. El uso de las tecnologías de la información y comunicación es algo que se ha visto incorporado tanto a procedimientos administrativos como judiciales, pero dentro de estándares que garanticen transparencia y efectividad (en Venezuela su uso ha sido el opuesto). Incluso hay nuevas tecnologías que pronto formarán parte del sistema, me atrevo a predecir el blockchain: imagínense un proceso judicial en el que las fases están codificadas en cadenas de bloques que las hace inmodificables, y en el que los registros de causas no se puedan hackear, ni alterar la designación aleatoria de los jueces.
Ciertamente hay un camino difícil por recorrer, pero ya no puedo dejar de pensar en la justicia que viene.