El costo en vidas humanas, millones de muertos y heridos, solo constituye una parte de las devastadoras consecuencias producidas por las guerras mundiales. También lo fue la desaparición de ciudades y pueblos, los daños económicos, la destrucción de fábricas e industrias, la violación de los derechos humanos y el éxodo de familias desplazadas y de refugiados.
Esa necesidad de protección individual frente a acciones contrarias a las normas de convivencia humana, generó el concepto de crímenes contra la humanidad. Y de esa justificación, que esos actos pueden ser juzgados más allá de las cortes nacionales, surgió la noción de jurisdicción universal, de justicia global. Así se crean los Tribunales de Núremberg, donde fueron procesados y ejecutados dirigentes y colaboradores del nazismo; y los Tribunales de Tokio, que sentenciaron y eliminaron a miembros del ejército y la administración japonesa. Esos juicios y tribunales internacionales sentaron las bases jurídicas, políticas y doctrinales para el enjuiciamiento de crímenes contra el derecho internacional y la creación de la Corte Penal Internacional. Adicionalmente, Alemania y Japón fueron sancionados a pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones y reparaciones de guerra, por los daños que causaron en la II Guerra Mundial a los países que atacaron, y por los costos y gastos de los aliados.
La destrucción causada en nuestro país por el régimen chavista-madurista solo es comparable a la devastación causada por una guerra mundial. Según el FMI, este año 2018 la inflación en Venezuela será de hasta 13.000%, con una contracción económica de 50% en los últimos 6 años. El estudio Hanke, del profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que mide el ritmo de la inflación mundial, calcula la inflación de Venezuela este año en 18.926%. La Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2017, realizada por las universidades UCAB, USB y UCV, determinó que la hiperinflación llevó el índice de pobreza a 87% y hoy los no pobres solo son 13%; convirtiéndonos en el país más pobre de América Latina y con la mayor desnutrición crónica. Durante esas dos décadas fueron estatizadas y expropiadas más de 50.000 propiedades entre fincas, industrias y comercios; y todas se encuentran quebradas o cerradas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en Venezuela había más de 800.000 firmas comerciales, hoy no llegan a 270.000 las compañías activas. El economista venezolano Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, considera que el problema de Venezuela está en el gasto desmesurado de sus recursos: “Este es un gobierno que destruyó la economía del país. Expropió la siderúrgica Sidor y la quebró; expropió el sector del cemento y lo quebró; expropió la cadena de supermercados Éxito y la sustituyó por los Abastos Bicentenario, que ahora Maduro nos dice que son un desastre». Pero además quebró a Pdvsa, que fue una de las cinco empresas petroleras más importantes del mundo.
Nuestro país parece un territorio bombardeado, una tierra arrasada. Esta catástrofe no tiene parangón en la historia universal y no tiene perdón ni de Dios. Los responsables deben ser perseguidos, juzgados y condenados como criminales de guerra, aplicándoles el principio de justicia universal, de justicia global. Debe evitarse la impunidad por los delitos cometidos y daños causados por esos delincuentes; rescatar y recuperar las fortunas saqueadas y depositadas en bancos internacionales por esos corruptos, sus familiares y testaferros; congelarle los bienes; y sancionar económicamente a empresas y países cómplices.
En el ámbito internacional debe ser invocada la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, porque Maduro lidera una mafia criminal, un grupo estructurado de delincuencia que actúa concertadamente para cometer delitos, reteniendo por la fuerza el poder político, militar y económico de Venezuela como parte de su botín. Y nacionalmente, tenemos como precedente la creación del Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa que juzgó y procesó a funcionarios corruptos de los gobiernos de Gómez, López Contreras y Medina Angarita.
Tiene que haber sanciones ejemplarizantes para recuperar la confianza en las instituciones, los valores ciudadanos y recobrar la moral del venezolano.