Salvo por un breve período inicial, que concluyó en mayo de 2002, cuando Chávez permitió la última visita de la CIDH, durante este régimen las puertas de Venezuela no han estado abiertas para los órganos internacionales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos. Es cierto que, en noviembre de 2017, visitó el país el experto independiente de Naciones Unidas sobre la “promoción de un orden internacional democrático y equitativo”; pero, precisamente por las limitaciones de su mandato, dicho experto no podía referirse a los temas centrales que afectan a los venezolanos en materia de derechos humanos. Hasta el momento, el régimen había sido muy cauto, no permitiendo la visita de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre tortura, sobre independencia del Poder Judicial, sobre libertad de expresión, o de los grupos de trabajo sobre ejecuciones sumarias o detenciones arbitrarias. Pero, ahora, Nicolás Maduro ha invitado formalmente a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, para que visite Venezuela. Para que esta invitación pueda materializarse, falta por definir la fecha de esa visita, su propósito y las condiciones de la misma.
Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le encomendó a la alta comisionada para los derechos humanos que realizara un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, esta invitación le permitiría realizar esa tarea teniendo acceso a fuentes directas, y pudiendo observar, in situ, lo que está pasando en materia de derechos humanos. Pero, obviamente, el régimen tratará de delimitar el propósito de esa visita y evitar que Michelle Bachelet pueda verificar graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. De hecho, en la carta de Maduro se la invita a observar y conocer en detalle “las repercusiones negativas que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por factores adversos a Venezuela” estarían teniendo en el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos. ¡Como si la tortura y la persecución política fueran consecuencia de “medidas coercitivas unilaterales” impuestas por otras naciones! ¡Como si las restricciones indebidas a la libertad de expresión fueran ajenas a la voluntad de Maduro y sus adláteres! ¡Como si la represión de las manifestaciones públicas fuera ejecutada por la CIA! ¡Como si el mantenimiento de las tuberías que suministran agua potable a la población dependiera de los países del Grupo de Lima! ¡Como si la ausencia de jueces independientes e imparciales no tuviera nada que ver con la naturaleza del régimen chavista!
Maduro puede autorizar o negar la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU; pero, una vez que es él quien la ha invitado a venir al país, no puede interferir con sus tareas. Obviamente, Bachelet no puede venir a ver solamente lo que el chavismo quiera que vea, a escuchar solamente a quienes este régimen permita que ella escuche, y a visitar únicamente los sitios previamente determinados por el gobierno de Venezuela. La alta comisionada no es una funcionaria más de este régimen, y sus funciones son las que le asignó la Asamblea General de la ONU al momento de crear dicho cargo, incluyendo las de promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos humanos por todos, y adoptar medidas para prevenir la continuación de violaciones de derechos humanos en cualquier país. Esas son las funciones inherentes a su cargo, y ese debe ser el objeto central de su eventual visita a Venezuela, sin importar las condiciones que desee imponer el chavismo. Por ende, ella debe tener plena libertad para visitar los centros de detención (oficiales o clandestinos) que considere conveniente y para hablar privadamente con quien le plazca, sin el temor a que sus interlocutores puedan ser objeto de represalias.
De materializarse esta visita, ella también servirá para formular las recomendaciones que deban ser implementadas para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todos. Pero esas recomendaciones no pueden ser letra muerta; de acuerdo con el principio de la buena fe, que rige en las relaciones internacionales, a pesar de su denominación, esas “recomendaciones” tienen que ser debidamente acatadas. Otra cosa es que, como ya es usual, este régimen las ignore. Pero nada es eterno, y eso pasará a engrosar el expediente que, más temprano que tarde, servirá para hacer justicia a Venezuela y a los venezolanos.