A finales del siglo XIX, la expresión comúnmente utilizada con sentido político era “la cuestión social”, que comunicaba una idea relacionada con los defectos, desde el punto de vista humano, de la sociedad industrial naciente, pero los dividendos del crecimiento económico y las luchas sociales permitieron atenuar los susodichos defectos y, en ciertos casos, más bien transformaron profundamente las condiciones de vida de los obreros de la época. Posteriormente, el desarrollo del Estado de Bienestar casi llegó a vencer la vieja inseguridad social y a eliminar el miedo al mañana, al futuro; tanto así que para 1970, los principales países avanzados, la utopía de una sociedad liberada de las principales necesidades y de un ciudadano protegido contra los riesgos principales de la existencia, parecía “A la porté de la main” (al alcance de la mano).
Pero después de 1980, el aumento del desempleo y el surgimiento de nuevas modalidades de pobreza, hizo sentir que se estaba regresando muy lejos hacia atrás, aunque el retorno no era hacia los problemas y vicisitudes del pasado, pues, lo que algunos sociólogos llaman hoy “exclusión” no tiene relación con las categorías anteriores, de las cuales la más importante era “la explotación del trabajador”, aunque aquella existía, por esta razón, en las naciones industrializadas, sobre todo en Europa Occidental, ahora se habla de la “nueva cuestión social”.
En Venezuela, los que se dicen políticos, máxime los de la dictadura, ignoran la profundidad, las consecuencias y la tipificidad de la cuestión social venezolana y mal pueden aproximarse a un intento de solución, como lo demuestra la nueva política salarial que busca remunerar a todos los empleados públicos y privados por igual, eliminando los escalafones, las diferencias en remuneración por antigüedad, grados académicos, eficacia en el trabajo, etc., en una palabra, es la promoción de la holgazanería, de la desesperanza, y dar al traste con un futuro mejor al finalizar la vida laboral, esto es, las políticas salariales retrotraen al movimiento obrero a varias décadas atrás, tanto en remuneraciones, prestaciones y legislación laboral, todo realizado por quien dice ser un “presidente obrero”.
A causa de esta política empobrecedora, deshumanizadora, de cosificación del trabajador, se ha registrado mucha intranquilidad social, protestas, manifestaciones, en todos los niveles y entes de la administración pública: la Cancillería, Corpoelec, Hidrocapital, Fogade, el movimiento educativo, los médicos y empleados del sector salud, entre otros, a los cuales se añaden los cuestionamientos de los productores agropecuarios, especialmente los de carne, la cual intranquilidad social siempre es reprimida por órganos de seguridad acarreando heridos, fallecidos, detenidos.
Por lo cual, es una muestra de gran cinismo e hipocresía que el canciller de la dictadura envíe una nota de protesta al gobierno francés por la represión de los manifestantes de “chalecos amarillos”, que toman las calles de Francia casi por las mismas razones por las que el movimiento obrero y empleados venezolanos se restean en su lucha por no perder lo alcanzado en reivindicaciones sociales, que es la fuente de angustia colectiva, mientras bailan en las bolsas financieras mundiales los miles de millones de dólares desfalcados al erario público por personeros del desgobierno en nombre de los pobres.
La dictadura comunista tiene un problema ideológico, pues practica, como en China y Cuba, la más atroz política capitalista, manchesteriana, de explotación sin misericordia de la mano de obra trabajadora, al constatar el fracaso del “Estado empresario” y la ineficacia en la gerencia de los problemas sociales. Contra la claque que detenta del desgobierno va dirigida la intranquilidad social, el descontento, que lamentablemente no ha llegado al cuestionamiento político del régimen, bien que llegará.