Opinión

La “no intervención” no justifica complicidad

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y su nominado canciller, Marcelo Ebrard, anunciaron su retorno a la Doctrina Estrada para conducir las relaciones exteriores con “una política de no intervención en asuntos exteriores que buscará no entrometerse en conflictos como el venezolano o el nicaragüense”. Posición política equivocada y desconocimiento del derecho internacional vigente, en cuyo contexto, la “no intervención” y/o “la autodeterminación” no son coartada de “complicidad con dictaduras de crimen organizado”.

La Doctrina Estrada debe su nombre al secretario de Relaciones Exteriores de México Genaro Estrada y fue publicada el 27 de septiembre de 1930. Expresa que “el gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, que, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

La Doctrina Estrada se declara fundada en: la autodeterminación de los pueblos o derecho de libre determinación que es el “derecho de un pueblo de decidir sus propias formas de gobierno, aceptar, mantener y sustituir sus autoridades, estructurarse libremente, sin injerencias externas”, es “la facultad del pueblo de decidir por sí mismo”; y en la no intervención que es “la obligación de los Estados de abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación”.

El orden jurídico internacional está hoy regido –entre otras– por la Carta de las Naciones Unidas, en vigor desde el 24 de octubre de 1945, que tiene como propósito “el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”; por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 con el propósito “esencial de que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; por la Carta de Bogotá, que crea la Organización de Estados Americanos el 30 de abril de 1948; por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), del 22 de noviembre de 1969; por la Carta Democrática Interamericana (CDI), del 11 de septiembre de 2001.

La libre determinación de los pueblos y la no intervención no son principios absolutos como se pretendía en 1930 cuando se publicó la Doctrina Estrada, y se aplican ahora en el marco del cumplimiento de las “obligaciones internacionales” entre las que es preferente el respeto a los derechos humanos como la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, no ser sometido a torturas, no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, la libertad de expresión y de prensa y mucho más.

La democracia es un derecho humano en las Américas: el Pacto de San José empieza “reconociendo el propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”; el artículo 1 de la CDI establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla”.

Libre determinación es lo que precisamente NO tienen los pueblos sometidos a dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia donde no respetan ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Con dictadores que asesinan, masacran, encarcelan, exilian, extorsionan, con el crimen como medio para sostenerse indefinidamente en el poder, detentadores del poder en narcoestados… ¿Quiere López Obrador ampararse en la superada y anacrónica Doctrina Estrada respecto a Raúl Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales y sus regímenes, convirtiéndose en cómplice y encubridor?