La irrefrenable represión mantenida por la dictadura madurista en los últimos 40 días, contra toda expresión libertaria de nuestro pueblo, exige el más firme rechazo de todos los venezolanos. Su objetivo es preservar el poder, a toda costa, incluyendo el asesinato de quien se atreva a protestar en contra de la ilegal convocatoria, realizada por Nicolás Maduro, a una asamblea nacional constituyente, violando flagrantemente el artículo 347 constitucional, al no convocar “al pueblo venezolano, depositario del poder constituyente originario”, para que diga sí o no a dicha convocatoria y a sus bases comiciales en elecciones libres, universales, directas y secretas. Esta criminal conducta ha generado la injustificada muerte, hasta hoy 11 de mayo, de 44 jóvenes en las manifestaciones de protesta. Además de esas dolorosas muertes, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señala un elevado número de heridos y de casi 1.700 detenidos en cerca de 1.000 marchas. Peor aún, la opinión pública ha sido testigo presencial de la participación de bandas paramilitares que impunemente utilizan armas de fuego contra inermes manifestantes, con la anuencia de los efectivos militares y policiales presentes.
Nicolás Maduro, desde que asumió la presidencia de la República, ha violado, de manera contumaz, la Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico. Enumerar las violaciones cometidas es innecesario. Todos los venezolanos las conocen. Sin embargo, mencionaré las más recientes: convencidos de que perderían las elecciones parlamentarias designaron nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo normas y procedimientos legales establecidos, buscando de esa manera limitar las funciones de la nueva Asamblea Nacional. Al obtener la oposición democrática las dos terceras partes promovieron ilegalmente, a través de la Sala Electoral del TSJ, la anulación de las elecciones en el estado Amazonas. Al ocurrir, como era de esperarse, el rechazo de esa decisión se creó la figura del “desacato”, para desconocer todo acto legítimo de control del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo. Al mismo tiempo impidieron de manera aviesa la realización del referéndum revocatorio presidencial y de las elecciones regionales. Esta estratagema pareció rendirle frutos al gobierno hasta que entendieron que no le sería posible continuar adquiriendo deuda externa sin la debida autorización del Poder Legislativo.
Esta nueva situación, condujo al Tribunal Supremo de Justicia a dictar las sentencias 155 y 156, con las cuales pretendieron desconocer total y absolutamente la existencia de la Asamblea Nacional. Estas sentencias provocaron la sorprendente declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, en la cual mantuvo que había ocurrido “la ruptura del orden constitucional”, es decir, un golpe de Estado. Ante esa firme posición, el TSJ tuvo que retroceder dictando otras dos sentencias que, en la práctica, nadie tomó en cuenta. Ante ese complicado panorama, Nicolás Maduro y sus asesores optaron por plantear, de manera inconstitucional, la convocatoria a una “asamblea nacional constituyente comunal” formada por estamentos sociales afectos al gobierno, sin consultarle al pueblo depositario del poder constituyente originario. Un nuevo error. Este nuevo truco electoral ha exacerbado el descontento popular incrementando las demostraciones de calle, en todo el país, en rechazo a Nicolás Maduro y a su camarilla. Los venezolanos han entendido con claridad que esa aviesa propuesta no pretende encontrarle solución a la catástrofe nacional, sino imponer un proyecto político totalmente diferente al existente en la Constitución de 1999.
Nicolás Maduro y su camarilla están convencidos de que la resistencia popular se debilitará ante el cansancio de la sociedad. Esperan que se pueda repetir la dolorosa experiencia que vivió la oposición democrática en el año 2014 al no lograr alcanzar sus objetivos políticos teniendo que pagar el elevado costo de 43 jóvenes asesinados en las manifestaciones de protesta y la prisión de numerosos dirigentes, entre los que destacan Leopoldo López y Antonio Ledezma. Se equivocan. Las circunstancias sociales y políticas son diferentes. En el año 2014 la protesta era protagonizada fundamentalmente por la clase media. La resistencia actual es impulsada por todos los estratos sociales venezolanos, con una presencia muy importante de sectores populares y juveniles. La movilización social muestra otras características fundamentales: participación de toda la dirigencia política y claridad de objetivos en la oposición. Además, se observan un conjunto de factores que es necesario tomar en cuenta: el agravamiento de la crisis social, la división interna del chavismo, el creciente descontento militar y el cada día mayor respaldo de la comunidad internacional a los sectores democráticos.
Es tan grave la situación que Nicolás Maduro y su camarilla han decidido utilizar todo tipo de medida represiva con la finalidad de controlar la protesta nacional. Por ejemplo, ante la negativa del Ministerio Público a prestarse para cohonestar irregularidades en la detención y procesamiento de manifestantes, han recurrido a la indebida utilización de los tribunales militares para enjuiciarlos. El artículo 261 constitucional establece con certeza que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Un altercado en una marcha no es posible considerarlo delito militar. Sin embargo, la ilegalidad comenzó hace bastante tiempo, desde cuando la dictadura decidió emplear fuerzas militares para control del orden público. Conviene conocer parte del contenido de los artículos constitucionales 329 y 333: “La Guardia Nacional tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”; “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. Esa ilegalidad se origina en la conveniencia del gobierno y de los jefes militares, de confundir “orden público” con “orden interno”. Todos conocen que son conceptos diferentes.
No tengo dudas en afirmar que una de las causas del creciente descontento militar se origina en este ilegal empleo de la Fuerza Armada Nacional. La opinión pública señala, con razón, a los efectivos militares como responsables de los numerosos asesinatos ocurridos y de la permanente violación de los derechos humanos. Aunque se desconocen las razones de la detención de numerosos oficiales, estoy convencido de que se busca atemorizar con medidas disciplinarias a los cuadros activos de la Fuerza Armada Nacional para evitar que surjan las naturales críticas ante la muy grave situación nacional. El general Padrino y los altos mandos tienen que entender que es imposible aislar a los cuadros militares de la tragedia que enfrenta nuestro pueblo. El clamor popular exige un cambio de gobierno. Esa es la razón de la protesta. Nicolás Maduro tuvo distintas oportunidades para tratar de encontrarle solución a la creciente debilidad de su gobierno. Si hubiese aceptado los acuerdos de la mesa de diálogo, como lo exigió el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, estaríamos, en este momento, en plena campaña electoral para gobernadores. Pensar imponer una asamblea nacional constituyente estamental es un gravísimo error que incrementará el enfrentamiento nacional. Reflexionen. Piensen en su nombre y en su familia.