Los datos que se vienen generando de forma continua, bien por parte de expertos de forma individual o bien por parte de reportes de organismos internacionales vinculados con el tema de la innovación mundial, revelan una importante contradicción de los actuales esfuerzos que en este campo vienen realizando un número importante de países que tienen cierta representatividad en la economía exportadora mundial. La contradicción más importante que se observa es la que se refiere con asumir la innovación como política pública y en algunos casos como política de Estado, sin contar con las capacidades para generarla y desarrollarla.
Apenas un ejemplo bastaría para demostrar tamaña contradicción. En buena parte de los países en vías de desarrollo y países emergentes, el sistema educativo y fundamentalmente el sistema de educación superior no cuenta con las condiciones suficientes para adaptarse a la dinámica que plantea la innovación tecnológica. Ya esto se venía advirtiendo con bastante anterioridad y también de cierta forma en los trabajos de los economistas de Harvard Claudia Goldin y Lawrence Katz a través de su libro The Race between Education and Technology. Los autores demostraron que ya desde el comienzo del siglo XX el cambio tecnológico venía generando máquinas inteligentes que presionaban hacia el aumento de la demanda de nuevas capacidades educativas. Lo cual quiere decir que el cambio tecnológico ha venido requiriendo habilidades y trabajadores en la educación más «inteligentes» que antes.
Este es sin duda uno de los aspectos de la política educativa y de innovación que actualmente se discuten. Y es que la discontinuidad entre cambio tecnológico y capacidad educativa influye cada vez más y de forma determinante en los niveles crecientes de desigualdad económica que se observa a nivel mundial. No obstante, lo fundamental pareciera estar en que los gobiernos debieran preocuparse en cómo poder asumir la innovación como imperativo de todo el sistema de educación, desde la participación de los empleados en la innovación en educación hasta la innovación como molde del sistema de enseñanza.
Otro ejemplo, que no es menor cosa, es el hecho de que en los enfoques de política pública sobre innovación se observa discordancia en lo que la innovación misma significa e implica, lo cual ya es un problema estructural en la intención de que las políticas públicas funcionen o guarden cierta coherencia. Unos visualizan la innovación como los cambios que se generan en la frontera del descubrimiento científico y los inventos tecnológicos. Otros la definen como el conjunto de conocimiento y habilidades necesarias para convertirlas en soluciones que se correspondan con la demanda económica y social. Otros piensan la innovación como un proceso para la amplitud de la inclusión social, aspecto este que integra la innovación disruptiva. También hay otros que la piensan como el resultado causal de la actividad de investigación científica.
Lo importante que debe guardar cualquier visión de la innovación – considerando la perspectiva histórica del cambio tecnológico– es que no es posible pensar la innovación en ausencia de la capacidad innovativa endógena, ni tampoco si ella no se asume como un proceso que se genera de forma multifactorial y no causal en el proceso de producción de conocimiento. Ambas condiciones son un fundamento para poseer capacidad de dominio de conocimiento en áreas específicas de la economía.
Otros datos demuestran que quienes están impulsando la aceleración hacia nuevas innovaciones son Suecia, Suiza Gran Bretaña, Estados Unidos, Finlandia, Singapur, Irlanda, Dinamarca, Holanda y Alemania, Japón, Corea del Sur, entre otros. Si bien estos países poseen un alto nivel de investigación y desarrollo, infraestructura tecnológica adecuada de información y comunicación, alta capacidad de tecnología digital y alta flexibilidad de adaptación a las tecnologías emergentes, lo más importante es que en ellos opera de forma bastante eficiente la innovación como sistema.
Allí ha sido posible conservar un equilibrio en los roles de los actores políticos, económicos y sociales. El Estado se muestra como un actor promotor de la innovación y regulador de la economía. La demanda social se observa como un componente estabilizador de la democracia. Los otros actores como por ejemplo las universidades, las empresas, el sector financiero, entre otros, operan en el sistema como actores relevantes de la economía; y son ellos los que garantizan parte de lo sustantivo para el bienestar social y económico de estos tiempos, la producción y utilización de conocimiento.
El funcionamiento de este sistema explica en grueso modo por qué la innovación como pretensión de la política de Estado para mejorar o adaptarse a la nueva economía y responder a la demanda social y a los problemas de exclusión no puede generarla cualquier deseo o pretensión política.
Los países que «venden» la innovación a través del discurso político, paradójicamente mientras más incentivan la demanda social para innovar, más alejan la posibilidad real y concreta de satisfacer dicha demanda al no poseer suficiente capacidad innovativa. Allí se encuentra un punto de inflexión entre demanda y oferta política. De manera que el reto de los gobiernos pareciera estar en cómo reducir esta brecha y cómo generar las condiciones para que los actores que intervienen en la producción y utilización de conocimiento lo hagan partiendo del conjunto de capacidades y potencialidades innovativas que realmente poseen, y no desde una fase Expost.
La innovación es un proceso complejo; un proceso de despegue del cambio cultural nacional que no puede generarse con la misma velocidad en que ocurre el cambio tecnológico, ni mucho menos con simpleza en medio de la complejidad que supone la innovación.