La estrategia diseñada por Nicolás Maduro para tratar de mantenerse, a toda costa, en el poder, ha devenido en una feroz y criminal represión. La violencia provocada por los organismos de seguridad del Estado y los colectivos armados durante estas últimas semanas en Caracas y en el interior de la República, con sus trágicos resultados, demuestran que la evaluación que se hizo de la situación política venezolana en la inefable Sala Situacional de Miraflores, fue totalmente equivocada. Su primer error fue subestimar la capacidad de recuperación del liderazgo de la oposición democrática. Ciertamente, su prestigio se había debilitado en virtud de los errores cometidos durante las reuniones de la Mesa de Diálogo, pero definitivamente logró reponerse, con gran rapidez, como consecuencia a su valiente actuación en las acciones de protesta y la creciente caída en la popularidad del presidente Maduro y de su gobierno motivado a la tragedia nacional y al intento de golpe de Estado realizado en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia. Las movilizaciones convocadas por la oposición democrática para protestar la violación constitucional han sido realmente impactantes, no solo por la multitudinaria presencia de marchistas, sino por su innegable voluntad de lucha y su marcada disciplina en el cumplimiento de las instrucciones dictadas por los dirigentes de los partidos políticos.
Otro aspecto que sorprendió a los planificadores y ejecutores de las acciones represivas del gobierno ha sido la creciente participación que han mostrado amplios sectores populares en el enfrentamiento a la agresión de las bandas armadas del oficialismo. Ese monopolio de la violencia, que de manera inconstitucional nos había impuesto el chavismo en estos dieciocho años de desgobierno, ha empezado a debilitarse. También es necesario considerar, en este balance de la estrategia gubernamental, el fuerte rumor que, desde hace algunos meses, había empezado a circular en la opinión pública sobre un creciente descontento militar. La detención de diez oficiales activos, con funciones de mando en unidades de combate, como el grupo de artillería general José de la Cruz Carrillo, indica que no es verdad que la Fuerza Armada Nacional es “revolucionaria, socialista y fundamentalmente chavista” como repite permanentemente el general Padrino. Al contrario, muestra que la única manera de garantizar la unidad interna de nuestra institución es manteniendo como norte el respeto a los principios establecidos en la Constitución Nacional. De no hacerlo, se estaría comprometiendo aún más la paz de la República.
Tampoco se consideró, en el análisis de la situación política, la posibilidad de que la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, pudiese tener una posición contraria al intento de golpe de Estado. De manera sorprendente, declaró con gran firmeza: “Las sentencias 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia evidencian la existencia de varias violaciones del orden constitucional y un claro desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produciéndose una ruptura del orden constitucional”. Esa posición la ratifica al rechazar, con mucha fuerza, los actos represivos del régimen: “Yo quiero manifestar que repudio los hechos de violencia, soy una mujer de paz, no puedo tolerar la violencia. Lamento la muerte de 26 venezolanos… También quiero expresar mi más firme rechazo a la violencia como arma de acción política, la política no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo y la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco de las diferencias que pueden darse en una sociedad como la nuestra”. Esta posición de defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos puede transformarse en una seria amenaza a cualquier nueva acción de parte del régimen madurista que irrespete el Estado de Derecho.
Este análisis nos muestra un gobierno totalmente debilitado, incapaz, en la práctica, de garantizar el normal funcionamiento del Estado y de la sociedad venezolana. Para colmo, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una reunión de cancilleres para discutir la real situación que vive nuestro país. En el Consejo Permanente votaron 19 Estados a favor de la reunión contra 10 que se opusieron y 4 abstenciones. El gobierno, en rechazo a esa convocatoria, amenazó con iniciar los trámites para retirar a Venezuela de la OEA. En realidad, esa actitud tendrá muy poco efecto, ya que el señalamiento hecho por nuestra representación, de una posible injerencia en nuestros asuntos internos no ha tenido suficiente fuerza, ya que no puede acusarse a la OEA de una acción de ese orden cuando solo aplica la Carta Democrática, aceptada y firmada por la propia Venezuela. Otra acción diplomática realizada por Venezuela fue la convocatoria a una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) para discutir el problema de Venezuela. Tengo la impresión de que dicha convocatoria tampoco será exitosa debido al rechazo que produce la incontrolable y brutal violación de los derechos humanos para ahogar las justificadas protestas. De todas maneras, si el presidente Maduro aceptara la constitución de un grupo de amigos de Venezuela, en el cual se sintieran realmente representados el gobierno y la oposición sería un importante paso en la solución de la inmanejable crisis nacional
Ante tan difícil situación, Nicolás Maduro ha tratado de reorientar su fracasada estrategia con nuevas acciones que permitan superar la grave crisis nacional. Hasta este momento no lo ha logrado. Esas acciones buscan cumplir los siguientes objetivos: falsear la realidad a través de fuertes campañas de propaganda para tratar de convencer a los venezolanos y al mundo de que la violencia proviene de grupos armados contratados por “la derecha”; insistir en la invitación a reiniciar un diálogo con la oposición, pero sin cumplir las exigencias planteadas por el cardenal Pietro Parolín; y “convocar unilateralmente” a una Asamblea Nacional Constituyente para imponer “las condiciones de su convocatoria y elección”. La respuesta de la oposición debería ser: rechazar tan obsceno intento de manipulación y demostrar la verdad de los hechos ocurridos; no iniciar el diálogo si no es acompañado por el cumplimiento de las exigencias hechas por la Santa Sede; exigir la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, y la realización de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas y regionales de gobernadores y de alcaldes antes de aceptar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual solo debe apoyarse si ella surge de un acuerdo político entre las fracciones de los partidos democráticos y del PSUV en la Asamblea Nacional.