En los últimos días hemos visto terribles imágenes de represión por parte de las autoridades estadounidenses contra madres e hijos llegados a pie desde Honduras y otros países de Centroamérica a la frontera entre México y Estados Unidos. Para contribuir a una mejor comprensión del problema que nos propone la llamada “caravana de migrantes”, dejamos aquí una serie de consideraciones.
Lo primero es que la situación en el triángulo norte de Centroamérica rebasa la crisis económica. Allí está instalada una situación de violencia que pone en riesgo la integridad de muchas familias. La violencia tiene su origen en la actividad del crimen organizado, alimentada por el narcotráfico. El consumo de drogas y la venta de armas, adquiridas por los agentes del crimen organizado, que operan desde México hasta Centroamérica, tiene como epicentro el mercado de Estados Unidos.
La gravedad y recurrencia de esta crisis no es nueva. Hace unos años muchas madres decidieron enviar a sus hijos, confiados a terceros, al encuentro con familiares ya establecidos en Estados Unidos. Esto creó la crisis de los menores migrantes, que el gobierno de Obama atendió en dos frentes: uno, a lo interno, con asistencia humanitaria a los migrantes en la frontera; y dos, en el ámbito de política exterior, mediante un plan de cooperación integral para el desarrollo entre Estados Unidos y Centroamérica. Esto último implicaba desembolsos millonarios por parte de los entes de cooperación estadounidenses, lo que encontró gran resistencia en la mayoría republicana en el Congreso. Sin embargo, llegó a administrarse cerca de 400 millones de dólares. Al llegar Trump a la Presidencia, ese esfuerzo fue suspendido.
Eso, con respecto al movimiento migratorio. Ahora enfoquemos el aspecto legal. El asilo es un derecho previsto en los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como en la legislación de Estados Unidos. Hay dos tipos de asilos. El que se pide ante la sede diplomática en territorio extranjero (asilo diplomático) y el que se tramita al llegar al territorio del país donde es requerido el asilo (asilo territorial). Estados Unidos, sin embargo, tiene como política admitir exclusivamente solicitudes de asilo territorial. En otras palabras, una persona puede llegar al puesto fronterizo y presentar su solicitud de asilo. En la espera del debido proceso, son varias las formas de atender la situación de migrante en espera de respuesta a su petición. Se parte, por cierto, de la presunción de que deportarlo a su país de origen puede poner en riesgo la vida del solicitante.
Una de las prácticas es dar entrada al solicitante de manera provisional y fijarle fechas de comparecencia ante las autoridades que tramitan la solicitud. Incluso, si la resolución del caso se prolonga más de seis meses, se le otorga al solicitante un permiso provisional de trabajo; y se puede establecer un régimen de comparecencias e información actualizada sobre su domicilio. Si el asilo no procede, se pone en marcha un proceso de deportación, con la posibilidad de salir voluntariamente. Si el asilo procede, la persona puede extender su estadía en Estados Unidos e ir buscando su camino legal hacia una forma definitiva de radicación (si las circunstancias que lo extrañaron de su país no cambian).
Los migrantes provenientes de Centroamérica tienen derecho de solicitar asilo en Estados Unidos. Es absolutamente legal. Ninguna autoridad debe esperarlos con represión y gases lacrimógenos. Es preciso habilitar mecanismos para recibir sus planteamientos y tramitarlos. Incluso, se puede negociar diplomáticamente entre México y Estados Unidos la creación de una zona de refugio mientras se le da curso a los trámites. Los organismos internacionales cuentan con recursos para tales fines, como ocurre en la actualidad en el caso de la frontera entre Venezuela y Colombia.
El problema de los tiempos de resolución de los asilos en Estados Unidos es parte de esta crisis, que encuentra a las autoridades desbordadas y con restricciones presupuestarias. Es un desafío. Los casos pueden pasar años sin resolución. Más allá de los migrantes centroamericanos, hay miles de casos de todas partes del mundo. Por ejemplo, la cifra de asilos pendientes de resolución, solicitados por venezolanos, excede de 40.000 y crece a un ritmo de 10.000 al año, solamente en 2017 se presentaron 27.629 solicitudes de asilo de venezolanos. Muchos de ellos pudieron entrar en Estados Unidos con visa de turista. Imaginemos por un instante que la dura realidad del exilio que buscan esas familias, ante la crisis humanitaria que forzó su éxodo, sea recibida por oficiales que les den un trato represivo e inhumano al pisar suelo estadounidense. Comparemos el trato (y el discurso del gobierno de Trump) entre la situación planteada en la frontera colombo-venezolana con las imágenes de represión vistas esta semana en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Recuerdan al vicepresidente Pence, en gesto que aplaudimos, visitando a los migrantes venezolanos en Colombia o en Miami, ofreciéndoles la mano amiga de Estados Unidos? ¿Por qué un trato diferente a estas familias, madres y niños, venidas de Centroamérica?
Con mucho tino, la recién electa diputada demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez preguntó en estos días a Trump, a través de Twitter: “¿Por qué, en lugar de haber enviado 5.000 soldados –que se sumaron a los más de 15.000 oficiales a cargo de proteger la frontera, para reprimir a estas familias– no enviaron o habilitaron 5.000 trabajadores sociales y de inmigración para atender la situación humanitaria y tramitar solicitudes de asilo?”.
Ahora pasemos al ángulo económico. Estados Unidos disfruta ahora pleno empleo y crecimiento económico. Hay, pues, oportunidades laborales para estos migrantes, que no afectarían para nada el empleo en el país. Incluso, muchos de ellos aportarían mano de obra no calificada necesaria. Al darle entrada legal, con su permiso de trabajo, constituirían de inmediato un aporte a la economía (y hasta pagarían impuestos). Las cifras oficiales indican que la criminalidad del migrante latino es menor, en términos relativos, a la de otras etnicidades. Y si estos casos se tramitan adecuadamente en la propia frontera, quien presente antecedentes penales o suponga un riesgo para la sociedad, sería no elegible para entrar al país. Y, de evadir ese control, se trataría de una persona completamente ubicable para las autoridades, gracias a los servicios de identidad a disposición de las policías.
En síntesis, lo que está sucediendo en la frontera con México no corresponde a la esencia y compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos. Es una postura xenófoba y racista. Peligrosa. Inaceptable frente a un asunto que tiene soluciones, y para lo cual se cuenta con recursos dentro del marco legal… si hay la voluntad política. Pero como parece que no la hay, se nos hace incomprensible.
Twitter @lecumberry