Opinión

La idea del derecho en la jurisprudencia de la Sala Constitucional

“Con razón se ha dicho que el derecho es una técnica normativa puesta al servicio de una política, y que la interpretación es un esfuerzo de racionalización de la función judicial al servicio del proyecto político prevalente”, afirma el jurista José Delgado Ocando (Estudios de Filosofía del Derecho. Caracas, TSJ, 2003, p. 717) –fuente intelectual de la jurisprudencia del chavismo–. No pretendo aquí personalizar mis críticas en Delgado Ocando, sino resaltarlo como líder ideológico y mejor expositor de las razones –si es que las hay– que inspiran toda la jurisprudencia de la Sala Constitucional, dictada para someter a la Asamblea Nacional y a los venezolanos.

Además del texto citado en el encabezamiento de este artículo, hay otros dos trabajos de Delgado Ocando que dialogan entre sí. En primer lugar, “Revolución y Derecho” (Estudios sobre la Constitución. Libro Homenaje a Rafael Caldera. Caracas, UCV 1979, T. IV, pp.2595-2600); y, en segundo lugar, su discurso de apertura del año judicial del 11/01/2001. En el primero de los textos mencionados, el autor hace un análisis marxista, y autoritario, de la ciencia jurídica. En ese sentido, destaca que el derecho debe ser puesto al servicio de la “revolución” y formula declaraciones como la que se cita a continuación: “Ética de la revolución significa en este contexto que el Estado debe ajustarse al programa de la nueva hegemonía […] No obstante, el contexto internacional hegemónico ha conseguido un grado tan grande de organización y eficacia que el hecho revolucionario requiere muchas veces un uso sobranero (sic) de la violencia política […] En todo caso, el nuevo orden no puede retroceder en el uso de la fuerza política, so pena de que la revolución fracase”. Este fragmento del texto, que parece escrito por Lenin y no por un jurista libre de dogmas, es suficiente para entender que el marxismo jurídico privilegia los intereses de la “nueva hegemonía” (PSUV) y que justifica el uso de la “violencia política” para garantizar el éxito de la “revolución”.

Una vez investido como magistrado de la Sala Constitucional, en el mencionado discurso de apertura del año judicial de 2001, Delgado Ocando dejó claro cómo trabaja un juez chavista; y ratificó su tesis de que la interpretación del derecho debe ponerse al servicio de un proyecto político. En efecto, de acuerdo con la tesis del entonces magistrado, la elaboración jurídica llevada a cabo por las jurisprudencias del máximo tribunal “son desarrollos inéditos de una filosofía del derecho constitucional, que ha ofrecido al proceso constituyente un esfuerzo sin precedentes para permitir el ejercicio de la soberanía popular sin censuras normativas”. A lo largo de su discurso, el orador usa dos palabras distintas pero claves para la exposición de su opinión, y en consecuencia, de su postura político-ideológica: proceso y proyecto. Cuando emplea la voz proceso lo hace para referirse a todo el íter jurídico recorrido desde la discutible –por las consecuencias que produjo– sentencia de la Sala Política Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 19/01/99, que declaró el carácter originario y, por lo tanto, plenipotenciario del proceso constituyente, en abierta violación de la Constitución de 1961. Cuando usa la palabra proyecto lo hace para hacer alusión al carácter político y progresista del mismo; y en este punto, no vacila en darle su respaldo. Aunque inicialmente era algo ambiguo, el llamado proyecto se refería a los intereses políticos de Hugo Chávez. Más recientemente, el mismo corresponde al “Plan de la Patria”. La evidencia lingüística deja ver que, lamentablemente, estamos ante la sumisión de un Tribunal Supremo a una ideología política, lo cual ha superado cualquier experiencia del pasado. Para estudiar en detalle este tema, vale la pena leer el libro del profesor Francisco José Delgado, titulado La idea del derecho en la Constitución de 1999 (Caracas, UCV, 2008), en el que hace un lúcido análisis de la nueva concepción del derecho en Venezuela.

La evolución de las sentencias de la Sala Constitucional a favor del proyecto revolucionario ha ido en franco deterioro. Los más recientes veredictos, preparados con una rapidez vertiginosa, además de ramplones, padecen de fallas lingüísticas y metodológicas: están salpicados de transcripciones y citas textuales que no guardan conexión con lo que se pretende razonar. Como buen ejemplo de esto, podemos citar la sentencia de la Sala Constitucional número 7 del 26 de enero pasado, en la cual se declaró –como pronunciamientos al margen de lo solicitado (obiter dictum)– la ilegitimidad de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, porque la misma se encontraría en “desacato”, y se solicitó a la Contraloría y la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público que ejercieran las actuaciones que correspondieran, lo que se amolda al concepto de “violencia política” al cual se refería Delgado Ocando en el mencionado trabajo “Derecho y revolución”. Esta decisión se fundamenta en “citas de autoridad”, de Wikipedia y se apoya en un “autor” que no es reconocido en Venezuela, ni en ninguna parte. Recurrir a Wikipedia como fuente bibliográfica no es recomendado en las investigaciones jurídicas –ni en las académicas–, porque, aunque esta página puede ser útil para el conocimiento en general sobre algún tema, no tiene la rigurosidad científica necesaria en el ámbito que nos ocupa –el jurídico–, en el que siempre debe acudirse a la fuente original y no a referencias de segunda mano. La decisión que comento contiene párrafos ininteligibles que delatan la premura y la falta de reflexión con la que se elaboran actualmente estas sentencias políticas. Aquellos fallos, de la autoría de Delgado Ocando, eran de inspiración marxista, pero respetaban las reglas metodológicas del derecho y de la lengua. Lo que pone de relieve que ahora lo que les interesa es apoyar al gobierno sin miramientos metodológicos o lingüísticos, es decir, que el derecho está al servicio de la “revolución” a través de la jurisprudencia autoritaria. Para ello han extendido la idea del derecho y no se limita a la norma jurídica y a los principios jurídicos sino a cualquier argumento político o ideológico que permita sostener un plan socialista recogido en el “plan de la patria”. La realidad es que estamos cosechando lo que se sembró bajo el liderazgo intelectual de Delgado Ocando.

Aquí conviene recordar a Lewis Carroll quien, en su libro A través del espejo, señaló: “Cuando uso una palabra ella significa exactamente lo que decido que signifique; ni más ni menos. La cuestión es quién es el que manda; eso es todo”. En nuestro caso, el que manda es el “proyecto político prevalente”.