Opinión

¿Hora cero o negociación?

La libertad en Venezuela vive momentos de sumo peligro, a pesar de la ratificación hecha por más de 7 millones de ciudadanos, en el plebiscito del pasado domingo 16 de julio, de su deseo –ya expresado en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015– de cambio político en democracia y de repudio a la tiranía instaurada por Nicolás Maduro y el régimen chavista, devenido en organización mafiosa responsable y acusada de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, legitimación de capitales, corrupción y narcotráfico, entre otros graves delitos.

No obstante, está en grave riesgo lo poco que nos queda de libertad, porque el régimen militarista, neocomunista y criminal que detenta el poder ha decidido radicalizar su intención de atrincherarse en Miraflores y seguir adelante con la propuesta de instalar una fraudulenta y totalitaria asamblea nacional constituyente, cuyos propósitos reales ya han sido anunciados: disolver la Asamblea Nacional, destituir a la fiscal general de la República, acelerar la aplicación del socialismo, perseguir y castigar penalmente a toda forma de disidencia, y finalmente aprobar, en algún momento, una “Constitución” –que de tal solo tendrá el nombre– para instaurar un régimen totalitario en plena América del Sur, en medio de muchas naciones democráticas, que se verán afectadas por la crisis humanitaria que ya azota a millones de venezolanos.

Frente a estas graves amenazas y ejecutorias –por ejemplo, Maduro anunció en cadena nacional la creación junto con el Tribunal Supremo de tribunales especiales dirigidos por militares para perseguir a “conspiradores”–; quienes integran y apoyan la Mesa de la Unidad Democrática, por desgracia, una vez más, parecen apoyar cursos de acción distintos y excluyentes al no compartir a estas alturas de la tragedia venezolana una misma comprensión de la naturaleza insidiosa de la tiranía que se enfrenta, y de las acciones políticas que es necesario mantener y activar luego del plebiscito, para continuar debilitando, aislando y eventualmente defenestrando del poder al régimen tutelado abiertamente por la satrapía castrista.

De un lado se ubican los dirigentes y ciudadanos que apoyan la “hora cero”, esto es, el continuar e incluso incrementar la presión nacional e internacional sobre el régimen chavista, a través de la actuación constitucional de la Asamblea Nacional designando un gobierno de unidad nacional y renovando al TSJ y al CNE, mediante acciones de calle organizadas, sin uso de la violencia –es el Estado militarista el que tiene armas, no los ciudadanos que exponen sus vidas en las protestas que iniciaron en abril de este año– y que impidan la “normalización” de la servidumbre que pretenden consolidar los promotores del Segundo Plan Socialista de la Patria 2014-2019, y a través de la exigencia tanto a organismos multilaterales como a gobiernos democráticos de que adopten medidas dentro del Derecho Internacional eficaces contra el régimen autoritario, todo ello con el propósito de presionar a Maduro y su camarilla a fin de que, más allá de no instalar la asamblea constituyente, abandonen el poder en el menor tiempo posible y salgan del país, para así evitar más asesinatos, empobrecimiento y destrucción de la sociedad venezolana.

Desde luego, este sector de la oposición entiende que el fin de la pesadilla nacional pasa, inevitablemente, por una negociación –que no “diálogo”, pues no se trata de un ejercicio dialéctico para encontrar la verdad sino de pactar una solución a un problema– entre quienes hoy son incuestionable mayoría política en el país –la “oposición”– y los cabecillas del régimen mafioso, en la que deben haber recíprocas transacciones, para que ambas partes estén dispuestas a aceptar los términos del acuerdo al que se llegue. En ningún momento plantean que es con una guerra civil, una ocupación militar extranjera, un baño de sangre descomunal o un golpe de Estado –más militarismo– como deba terminarse con la tiranía chavista. Lo que sí plantean es que toda forma de negociación debe tener por finalidad lograr la salida de Nicolás Maduro, sus ministros y los que ocupan los altos cargos en poderes públicos y posiblemente del país, para permitir la transición a la democracia y el Estado de Derecho desde la Asamblea Nacional, y que cualquier tentativa de consentir la permanencia hasta 2019 de la tiranía chavista en el poder es, desde el punto de vista político y humanitario, contrario y violatorio de: los resultados del 6 de diciembre de 2015, las declaratorias de la AN de abandono del cargo de presidente y ruptura del hilo constitucional, el resultado del plebiscito del 16 de juliode 2017 y, sobre todo, de los derechos humanos de las víctimas de la brutal y sanguinaria represión desatada por el necomunismo militarista, desde abril.

De otro lado se ubican los dirigentes y ciudadanos también de oposición que creen –o quieren hacer creer a otros– que son los únicos que apoyan “la negociación”, pues dudan de la eficacia de continuar con la intensa presión de calle e internacional contra la tiranía, que consideran que a pesar de los más de 7 millones de votos obtenidos en 2015 y en 2017 no tiene la oposición el poder político suficiente para enfrentar y derrotar a Maduro y sus colaboradores antes de las hipotéticas presidenciales de diciembre de 2018, que estiman que sería “estelar” que se suspendiera la instalación de la constituyente, se mejorara –pues no se los libera– la situación de algunos presos políticos y se realizaran este año elecciones regionales, se lograra una “coexistencia pacífica” con el régimen chavista por el resto de su período y que a cambio de ello la oposición, cabe suponer, no continuaría con su agenda de transición a la democracia, a través de la renovación de poderes y de la designación –que no elección– de un gobierno de unidad nacional.

Este otro sector de la oposición, no queda claro con base en qué experiencia histórica sostiene ello, considera también que el fin de la larga noche venezolana pasa por una negociación entre los representantes de la mayoría de los venezolanos y la minoría autoritaria que detenta de facto las armas y los recursos de la República, pero que esa negociación puede incluir, incluso que debe incluir por no existir opción, la permanencia en el poder de Nicolás Maduro hasta 2019, por no existir forma alguna de obligar a que este y los demás altos funcionarios señalados de graves crímenes internacionales entreguen el poder antes, y que dada esa realidad irreversible a su juicio, entonces urge no solo parar la calle, sino bajar el tono de exigencias a la comunidad internacional, “dialogar” sin exposición pública, entre los “racionales” o los que saben “de real politik”, y exigir absoluta obediencia a la cúpula partidista de la MUD, so pena de condenar como “analfabetas políticos”, “opinadores de oficio”, “chavistas”, “radicales”, “antipolíticos” o “violentos que hacen el juego” –neolengua opositora, que ironía–a los ciudadanos que, por ser víctimas del hambre, la represión, la inseguridad, la pobreza o la discriminación, entienden que no tienen más opción que seguir en las calles, para al menor sentir que no se arrodillan ante la tiranía que los asesina día a día.

Como se podrá observar, el dilema no está en apoyar la “hora 0” o la “negociación”, pues toda la oposición entiende en general que es necesario emplear esa vía como lo muestra la evidencia histórica, sino más bien está en qué medios se pretenden emplear para la negociación, y qué condiciones se está dispuesto a aceptar en dicha negociación. Cada dirigente político y cada ciudadano demócrata debe asumir cuál de estas posturas apoya, eso sí, dando argumentos y no insultos para sostener su posición. Pero siempre teniendo en cuenta los rostros, nombres y dramas familiares de quienes lo han dado y siguen dando todo, por tener de nuevo una Venezuela libre de la opresión criminal que hoy día nos asesina y expulsa de nuestra patria.

Si bien cabe disentir y tener las mayores reservas de los llamados a “entendimientos” con el régimen hechos desde la sociedad civil por ejemplo, ya que nunca en la historia de la humanidad las ideologías totalitarias y los carteles del narcotráfico se han “entendido” con sus víctimas, simplemente las aplastan y asesinan,  así como también cabe hacerlo de las acciones de calle desesperadas, sin eficacia política y que generan daños entre las mismas víctimas de la opresión, ese disentir y las críticas que se formulen tanto a los que sin darse cuenta apoyan el apaciguamiento como a los que no calculan del todo los costos de la violencia, lo que nunca debe olvidarsees que todos los venezolanos que a esta hora no nos beneficiamos de la mafia chavista instalada en órganos clave del Estado venezolano somos todos por igual víctimas de esa mafia, de la tiranía, de la represión y de la pretensión totalitaria por asesinar la libertad en Venezuela, y que si no estamos en capacidad de mantener la unión maquiavélica en este momento cumbre, asumiendo que toda forma de acción de las víctimas es siempre legítima aunque no siempre sea eficaz, y que la defenestración del régimen es el objetivo último, por los medios necesarios según la política, entonces tanto la libertad, como la República y las vidas de millones las perderemos por tiempo indeterminado.