Está dicho y redicho, Nicolás Maduro, su personal Tribunal Supremo de Justicia y su propia asamblea nacional constituyente establecerán este 10 y 11 de enero que el castrista presidente sigue siéndolo, que es constitucional, legítimo, simpático, buen bailarín y la persona que la revolución castrochavista necesita para terminar de hundirse luego de su indudable y exitoso esfuerzo para convertir a Venezuela en el Titanic del siglo XXI.

Habría que preguntarse: ¿cómo seguirá?

El colosal naufragio en que se encuentra el país, altísimo costo de la vida, inseguridad, falta de medicinas, hambruna, defectuosos servicios públicos y muchos etcéteras, llevándolo a lo más hondo de la tragedia revolucionaria, mientras la Asamblea Nacional sigue debatiendo con exquisitez leguleya, cómo hacer lo que sea que se propongan. Allí, la mayoría politiquera encontró la forma burda, tosca, pero muy eficaz para dilatar al infinito cualquier tema: “Esta comisión –la de transición– así como la Asamblea Nacional, estamos en momentos de emergencia institucional”, pero son incapaces de declararla. “La AN trabajará con la urgencia del caso para alinear los esfuerzos de la sociedad civil organizada, con movilizaciones, y remover la conciencia de la Fuerza Armada para que se incorporen en el proceso para hacer cesar la usurpación”, pero con el cuidado de ponerle tiempo determinado para no comprometerse, dejando la posibilidad a la eternidad.

Por cierto, uno de los temas que deberían debatir de inmediato es qué le van a decir a los cuerpos legislativos y gobiernos que con las únicas excepciones esperadas de los impresentables de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Uruguay (no porque sea comunista, sino por el comunismo pacato de Tabaré Vázquez), han dejado claro que no reconocerán a Maduro como presidente.

Cortos de visión, hacen caso omiso de las decisiones de poderes que, como el Tribunal Supremo de Justicia elegido con base en la normativa legal y acto público, ha sentenciado que Maduro no será más presidente de la República porque su elección fue ilegítima, fraudulenta y tramposa, además de juzgado y enviado a prisión por actos de corrupción. Para la Asamblea Nacional que ahora preside el parlamentario Juan Guaidó, militante de Voluntad Popular –aunque peligrosamente rodeado por diputados altamente sospechosos de negociadores cohabitantes, recientemente denunciados de recibir financiamiento de fuentes cercanas o del régimen– ¿ese que está en el exilio forzoso es o no es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Están obligados a aclarar el asunto, decir la verdad y someterse al escrutinio ciudadano.

La situación es como la mujer, se está o no preñada, no puede estar medio embarazada, aunque algunos dirigentes opositores se envuelvan en frases con tantos adjetivos como aprensión de perder prerrogativas. La Asamblea Nacional tiene que decidir ahora mismo, sin dilación, en sesión permanente, declarando la emergencia parlamentaria, no dentro de varias sesiones sin término cierto, si Nicolás Maduro será desde el 10 de enero presidente constitucional o no. Deben dejarlo claro, sin pendejadas, porque no basta que los gobiernos extranjeros lo digan, no es suficiente con que el gobierno de Francia exprese que no reconoce a Maduro, pero permite que empresas francesas firmen contratos con ese mismo gobierno al cual califican de espurio.

Hay que ser comprensivos con los enredados en sus propios miedos, no es fácil exponer la cara, recibir una puñalada política, preserva de otros y, entre ellos, tan usual en la politiquería, y poner en peligro los privilegios que ahora disfrutan mientras sus electores pasan hambre y están cada día más angustiados y desesperados.

El empeño revelado en sus primeros discursos y declaraciones por el diputado Juan Guaidó, formalmente acicalado, pero decepcionante al comprobar que hasta ahora parecen ser solo palabras producto de la emoción, pero con poca o ninguna intención de cumplir. Él no puede darse el lujo de ser presidente a medias, o es o no lo es, aunque habría que advertir, no es el dueño del Poder Legislativo ni estará allí más de un año, ni tiene cómo quitarse de encima que haya dos TSJ, uno que responde descarado, sin pudor ni rubor, al oficialismo, y otro atrincherado en el exterior porque quienes lo eligieron lo abandonaron a su suerte; ni dos poderes legislativos, uno en el cual él es presidente porque le tocaba el cargo a su partido, y otro al lado, que se reúne solo para complacer deseos de Maduro, Cabello, PSUV, y más grave aún, de Cuba.

La Asamblea Nacional es un poder legítimo y reconocido nacional e internacional, y así debe actuar y comportarse. Está obligada a no darle la espalda a los ciudadanos, restituyendo el prestigio que han perdido por su la falta de transparencia, ocultar la verdad y secretismo, revirtiendo la percepción de que esta pactando. Sería lamentable que lo hiciera, pero sus actuaciones pasadas, hacen pensar lo peor. Un ejemplo patético es la fórmula que la oposición partícipe aplica: entre lo que señala la Constitución, la comunidad internacional, y el sentido común y lógica política. Es lamentable. Son demasiados los ejemplos.

Al final la decisión está en manos ciudadanas con coraje y coherencia, no en el Ministerio de Defensa que quizás ahora habrá que llamar Ministerio del poder popular para la Defensa, Petróleo, Minería y falta de gerencia.


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