La transición se presenta como un hecho irreversible, aunque el régimen de Maduro y sus cómplices lo nieguen reiteradamente. No se trata de una aspiración de un grupo de partidos y de organizaciones políticas, sino de una realidad que responde a la aspiración de la inmensa mayoría de los venezolanos.
Lo importante es que se inicia un cambio, una transición que no se centra solamente en la sustitución de un gobierno por otro, ni en el fin necesario de un sistema político, económico y social; sino en un período en el que se deberán adoptar medidas y llevar a cabo acciones concretas que generen confianza entre los venezolanos y en la comunidad internacional de que el cambio que se produce va a permitir el retorno a la democracia y la recuperación de un país golpeado por las malas prácticas y las arbitrariedades de una dictadura nefasta que ha secuestrado el país, en perjuicio de la existencia misma del Estado.
El proceso venezolano es sin duda alguna muy distinto de otros. Nuestra crisis, calificada con razón de humanitaria compleja, no es un conflicto armado tradicional, tampoco producto de una dictadura clásica. Es una crisis particular que exige soluciones igualmente particulares. Un elemento común, aunque agravado, es la violencia, ejercida por el mismo Estado, sus grupos paramilitares y la derivada de la delincuencia organizada y los grupos irregulares extranjeros asentados en el país, protegidos todos por el mismo régimen, que han llegado a controlar, incluso, partes del territorio nacional.
El régimen de Maduro niega esta realidad e insiste en imponerse a cualquier costo, distintamente de lo que se habría producido en otras transiciones políticas en las que el mismo régimen introducía reformas para permitir una salida honorable y menos traumática, como en Polonia, en Checoslovaquia y en Hungría, en donde se iniciaron cambios antes del fin del régimen y del sistema, lo que permitió avanzar un proceso cuyos resultados positivos vemos hoy. Maduro se niega, muy torpemente, envalentonado por el apoyo de una cúpula militar corrupta, a introducir ciertos cambios que pudieren abrir el camino hacia la transición, dando paso a soluciones distintas no negociadas que podrían traer consecuencias muy negativas que nadie en el país quiere.
Todos exigimos un cambio y lo antes posible. Todos pedimos justicia, ante todo. Se pide, sin que ello sea venganza o retaliación, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos y de las arbitrariedades, así como de los actos de corrupción y otros conexos de alcance internacional, incluido el apoyo al terrorismo, cometidos estos años, sean procesados y castigados. El olvido no cabe, tampoco el perdón, al menos cuando nos encontramos ante la comisión de actos horribles como los que hemos visto. No puede haber amnistía ni perdones cuando se trate de crímenes y delitos internacionales.
Debemos aplicar entonces mecanismos particulares para superar la crisis, lo que dibuja una justicia transicional, desde luego, adaptada a nuestra realidad.
Los venezolanos queremos que se esclarezcan los hechos y se determine la verdad; para lo cual se debe crear una comisión integrada por personalidades nacionales y extranjeras del mayor prestigio que investigue los hechos, que los cuente y que diga lo que realmente pasó estos años.
El país exige que se establezcan reformas que dejen atrás este pasado nefasto que solo trajo miseria. Y no solamente económicas, que ya son bastante complejas, sino medidas para reestructurar el Estado que ha dejado de existir. Se requiere una reforma seria y profunda del sistema judicial para hacerlo confiable y al servicio de todos sin discriminación ni sesgos políticos. Igualmente, deberán reestructurarse las fuerzas armadas nacionales, hoy politizadas y vergonzosamente sometidas y controladas por los cubanos; los cuerpos policiales y de seguridad penetrados por mafias, para ponerlos al servicio de todos los venezolanos.
El país pide un cambio, pero, además, que ese cambio nos lleve a buen destino para superar la crisis en la que nos sumergió la dictadura del siglo XXI impuesta por Chávez y los Castro. Hay que generar confianza, lo que es esencial para el no retorno. Pero esa confianza debe transmitirse también hacia afuera, hacia la comunidad internacional. Los gobiernos y las instituciones internacionales deberán confiar en ese proceso, para que sea no solo eficiente y sostenible, sino duradero.
Habrá que mostrar también una política exterior distinta, basada en principios reconocidos y aceptados por todos en el mundo, el respeto pleno de los derechos humanos y la democracia como elementos fundamentales transversales. Igualmente, mostrar que estamos decididos a luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, también contra la corrupción y el lavado de dinero que afectan hoy como nunca a la comunidad internacional en su conjunto.
El camino es difícil. La solución de la crisis y la recuperación del país depende de acuerdos y consensos que solo podrían lograrse con la aceptación de todos, lo que hace hoy más importante que nunca que la sociedad civil desempeñe un papel determinante en este proceso, pues, definitivamente, la solución no está exclusivamente en las manos del régimen y de una oposición partidista o la llamada ahora disidencia minoritaria, alabada por algunos irresponsables, que si bien deberán estar presentes en su oportunidad en el proceso, tendrán que seguir los lineamientos de los actores sociales principales, por una coalición civil que deberá marcar el ritmo, integrada por empresarios, académicos, trabajadores, estudiantes, gremios, la Iglesia.
Es una responsabilidad compartida enfrentar el peligroso vacío que dejará, como se ha anunciado, dentro y fuera, el fin de la legitimidad de un régimen que insistirá en esconder su debilidad en nuevas maniobras y oxigenaciones indebidas.