Cuando el político llega al poder establece su presupuesto, es decir, cómo cumplirá sus promesas electorales mediante la asignación de los ingresos y gastos del Estado para satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Pero cuando su prioridad es la realización del proyecto político postulado como cambio que se impone a la sociedad, como la dictadura castro bolivariana comunista, se encuentra bajo la cuarta forma con la cual se desempeña el gasto público, que el premio Nobel de economía Milton Friedman indica en “dar dinero a otras porque lo gasten para terceras personas”. Entonces el proceso no tiene freno: los recursos nunca son suficientes, no pueden ajustarse a la realidad por definición y se produce como lógica consiguiente el endeudamiento del Estado y la inflación.

En efecto, si el endeudamiento contraído hubiese sido destinado a gastos públicos de inversiones que deben financiarse mediante créditos, puede ser visible y previsiblemente productivo, pero cuando de él ni siquiera se considera rendir cuenta, como ha pasado por el comportamiento del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional, se genera e incrementa un proceso inflacionario que compromete la estabilidad económica y el crecimiento del país en daño de los ciudadanos. El intervencionismo del Estado se transforma no en la fórmula milagrosa que en la teoría de la coyuntura de Keynes promete una solución para el problema de la ocupación, sino en el “dinero mágico” derivado de la máquina de imprimir billetes, es decir, más inflación, aumento del costo de la vida y devaluación del signo monetario. Los ahorros de los ciudadanos se utilizan para la supervivencia: en efecto, los bancos conocen el mercado monetario para las operaciones a corto plazo y el mercado de capitales para las deudas a largo plazo y se introduce el término de “mercado crediticio” solo para quitar importancia y neutralizar el endeudamiento del Estado. En estas condiciones la mención del “desarrollo económico general” pierde significación y toma auge sólo la especulación.

Puede ser que saber que la auténtica quiebra se da cuando un Estado ya no encuentra a nadie dispuesto a seguir prestando dinero para pagar sus intereses y renegociar sus deudas haya sido uno de los motivos por los cuales la Asamblea Nacional, el Alto Mando Militar y algunos ministros no estuvieron presentes en el acto del 8 de septiembre de 2017 en el cual el presidente de Venezuela ha entregado a la asamblea constituyente ocho leyes para enfrentar y solucionar la denominada “guerra económica”. Esta, presuntamente “promovida por países extranjeros y empresarios venezolanos” en contra de la revolución castro-comunista-bolivariana para llevar el país a la situación de grave crisis que atraviesa, es una motivación política, si se quiere una justificación artificial para otorgar a terceros responsabilidades de una situación de hostilidad de una especie de “guerra fría”, sin el empleo declarado de armas, pero con simulaciones del uso de las mismas y la propaganda del régimen para distraer la atención de la población venezolana de las consecuencias producidas por los desajustes de la política macroeconómica y monetaria practicada por el Ejecutivo nacional.

Todavía quedan por definirse cuáles serían las ventajas, los beneficios que traerían estas naciones de una situación conflictiva económica con Venezuela, si lo único en lo cual pueden estar interesadas en la presente inestabilidad jurídica y política es en su capacidad productiva de petróleo u otra materia prima y su posibilidad de pagar las importaciones y los compromisos de la deuda pública, por supuesto sin realizar alguna inversión de capitales. Ya desde hace un año la Agencia de Riesgo de Pekín ha declarado a Venezuela país no confiable y, ahora, Rusia busca la forma para encontrar en el tiempo la posibilidad de recuperar los financiamientos otorgados.

Completamente políticos los motivos que han determinado las recientes sanciones financieras de Estados Unidos relacionadas con la denuncia del régimen dictatorial, de la ausencia del Estado de Derecho, el respeto de la Constitución y de los derechos humanos, los presos políticos, la libertad de prensa y de la información y que para ser solucionados requieren solo la celebración de elecciones generales transparentes, controladas por la comunidad internacional. En este sentido la oposición, los partidos políticos viejos y nuevos que la integran en la MUD y “la Resistencia”, bien mostraría constituir la mayoría calificada de la población: esa sería la única forma pacífica para superar con dignidad la confrontación existente en el contexto global de la sociedad venezolana, que ha recibido un duro golpe por la incapacidad estratégica demostrada por la gerencia de la conducción política a la cual la revolución bolivariana y el gobierno castro-comunista han respondido con la estructuración de una asamblea constituyente, inconstitucional y todo poderosa, así como reconocido por la comunidad internacional.

Por admisión del mismo presidente de Venezuela, el quiebre del modelo petrolero espera que el “arco minero” produzca “un tercio de los ingresos en divisa perdidos por el rentismo petrolero” (que aporta 96% de los dólares que oficialmente ingresan en el país), mediante concesiones a inversionistas extranjeros, pero que imitando el régimen legal de la empresa mixta del sector petrolero, probablemente no podrán tener una participación superior a 49%. La creación del Consorcio Agroalimentario de Sur (Agrosur), que debería proveer a la producción agrícola y ganadera, sería determinada no para buscar la independencia sectorial, sino por no tener divisa suficiente para continuar a importar, aspecto que encarece los precios del sector. “El dólar criminal impuesto desde Miami se ha instalado como sistema de fijación de precio por la vía de los hechos”. Eso se enfrentaría mediante la apertura en el territorio nacional de casa de cambio del cual no se han precisado las condiciones ni la cantidad operativa. “Para soltar las amarras del dólar” se pondrá como sistema de pago internacional “una canasta con divisas como el yuan chino, el rublo ruso, la rupia india y el euro”.

A pesar de esta proposición, es oportuno observar que la gran mayoría de los títulos venezolanos han sido emitidos en bolívares, pero que son pagaderos en dólares tanto por la suerte capital como por los intereses. Es posible que en el afán de la contingencia, los asesores del presidente no hayan advertido que una símil estructuración monetaria requiere la “cointegración” de flujos financieros y comerciales brutos registrados en las balanzas de pagos y la hipótesis de una zona monetaria común, y que además se hayan olvidado de que el acuerdo celebrado entre Arabia Saudita y Estados Unidos desde los tiempos de Kissinger prevé que las transacciones del petróleo se celebran en dólares: este aspecto es todavía vigente y ha sido confirmado tres semanas después de la elección del presidente Trump, cuando se ha celebrado entre Rusia y Estados Unidos el más importante contrato de explotación petrolera de la historia de la humanidad por 500.000 millones de dólares, a pesar de que todavía debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos.

No obstante coincidimos con Lorenz von Stein (1860): “Todo crédito debe pagar, en efecto, los intereses más bajos posibles y debe amortizarse si es posible. El déficit simplemente indica que los impuestos no bastan. Cada crédito tomado exige, por tanto, una subida de los impuestos equivalente al importe de los intereses y las cuotas de amortización del mismo. Es evidente que si el crédito no va acompañado de este aumento de los impuestos, los intereses del crédito suscrito solo podrán cubrirse mediante nuevos créditos, en un proceso que se agota en sí mismo”. Por supuesto se aumentará el proceso inflacionario y la especulación, aún más cuando se declara con antelación el aumento de sueldos, salarios, pensiones.

El dinero ingresa solo si las condiciones políticas, jurídicas y sociales lo permiten. El cambio político se presenta cada día más como una condición imprescindible en la cual está interesada toda la sociedad venezolana. Es triste admitir la amarga verdad de las palabras de Karl August von Struensee (1800): “Nada hay tan justo como el colapso final de todo Estado que continuamente toma prestado, y que nunca paga la deuda contraída. Así, si vemos que un Estado lleva ya un tiempo apreciable en esta situación y de sus circunstancias cabe deducir que nunca dispondrá de suficiente tranquilidad para reducir en cierta medida sus deudas, sino que por el contrario las circunstancias le obligarán a ampliarlas todavía más, se puede profetizar con toda razón el hundimiento de ese Estado”.

El Estado social comunista bolivariano hasta ahora ha mantenido los compromisos externos y sin algún escrúpulo ha sacrificado el pueblo venezolano, su capacidad productiva, su salud, su educación, su tranquilidad, su vida, para la afirmación de un proyecto político que no le abre perspectivas de recuperación pero sí de servidumbre voluntaria o forzada por la dictadura. Las ocho leyes propuestas a la asamblea constituyente demuestran que una supervivencia será pagada por la hipoteca del país, el aumento de la dependencia tecnológica, financiaría y política, la pérdida de la soberanía y de la identidad.

De una u otra forma, la oposición ha demostrado su complicidad o, como hemos ya relevado por exceso de generosidad, su incapacidad política y estratégica para tomar el poder y sustituir el gobierno por las oportunidades propiciadas y ofrecidas hasta con el sacrificio extremo de la vida por el pueblo venezolano. Todavía el “cogollismo” la permea y la democracia se queda solo en una proposición ideológica, no una sustanciación estructural. No es suficiente hablar de libertad ni utilizar primarias para definir candidatos a las gobernaciones si se ha renunciado a las acciones que condujeran a la gestión del poder. La libertad se conquista con la lucha, con firmeza, con decisión. Se respeta la diversidad, se reconocen los derechos de la minoría, pero es imperativo asumir las propias responsabilidades. “El bravo pueblo” asumirá las suyas.


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