Durante las últimas semanas, la noticia económica más relevante ha sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un forcejeo duro, cuyo trasfondo pareciera ser, más bien, una tensión a propósito de las actuales transformaciones tecnológicas y, asociadas a ellas, los temas relativos a la protección de la propiedad intelectual. Allí reside la clave del problema: norteamericanos temen que los chinos tomen el liderazgo en la Cuarta Revolución Industrial.
La política “Made in China 2025”
En 2015 el presidente Xi Jinping aprobó el plan estratégico Made in China 2025, una iniciativa orientada a modernizar su base manufacturera mediante el desarrollo de diez sectores de alta tecnología, entre los que figuran la robótica, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la inteligencia artificial e incluso la genética. Pekín aspira, así, lograr una autosuficiencia de 70% en las áreas escogidas.
Y la cosa va en serio, como lo muestra el hecho de que en 2017 fue el país del mundo que registró más patentes (43,6% del total), más del doble que Estados Unidos, y que en 2106 su inversión en Investigación y Desarrollo (IyD) representó 2,1% de su PIB frente al 1,4% de 10 años atrás. En el mismo sentido vale la pena hacer notar que varias de sus empresas son líderes en el escenario internacional y ya figura como potencia en campos como la inteligencia artificial, el big data y la robótica.
Con relación a esto último cabe mencionar, aunque sea de pasada, que “China acelerará la construcción de tribunales inteligentes», según lo declaró el presidente del Tribunal Popular Supremo, Zhou Qiang, mediante la mayor utilización de la inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, los datos masivos y otras tecnologías digitales para mejorar los juicios y la gobernación social, poniendo de manifiesto, piensa uno, el uso político que se le da a la tecnología como instrumento para el control de los ciudadanos, bajo el propósito de “…castigar a aquellos que sean desleales y premiar a los buenos ciudadanos…”, como lo expresó el citado funcionario.
Cambio geopolítico
China tiene alrededor de 1.349 millones de habitantes, y en la India viven 1.220 millones. Ambos países representan 35% de la población del planeta y llegarán a 40% en 20 años. La economía china es la segunda del mundo, con 14,8% del producto, detrás de Estados Unidos, que genera 24,3%, mientras la India, por su parte, es la séptima economía con 2,8%. Las tendencias indican, creen los expertos, que China será la primera economía en 2030 y la India la segunda, Estados Unidos la tercera e Indonesia la cuarta, seguidos de otros países asiáticos. Este es un panorama radicalmente distinto al del último medio siglo, dibujado por el predominio de Estados Unidos y Europa. El centro de gravedad de la economía pareciera, entonces, mudarse al otro lado del mundo, fundamentalmente por razones tecnológicas, abriendo el paso a una nueva lógica geopolítica.
Así las cosas, no está de más recordar que el desarrollo tecnocientífico, según lo recoge la historia, no ha expresado sus posibilidades de la misma manera en todos los lugares. Influyen en ello, y mucho, los esquemas que regulen la organización social y política de las sociedades.
El Bono Científico aprobado por Nicolás Maduro
Pensando en esta polémica entre chinos y norteamericanos, que es testimonio de los códigos que tutelan la época en que vivimos, resulta imposible no hacer referencia a la creación del Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunciada hace poco por Nicolás Maduro y que, si mal no recuerdo, tiene al menos un antecedente que data del año 2015, sin ningún resultado que merezca recordarse. Me refiero a la Alta Comisión para la Independencia Científica, Tecnológica y Económica, instituida con ocasión del cumplimiento del décimo aniversario del Plan de Siembra Petrolera. Al momento de juramentar a sus integrantes, Nicolás Maduro expresó que “… se encargará de generar procesos de transformación tecnológicos y económicos en Venezuela para sustituir las importaciones, incrementar la capacidad productiva del país y solventar la dependencia de la renta petrolera”. Esta comisión intentaría, así pues, el asalto final al modelo rentista. El tiempo reveló lo que ocurrió después: no se movió ni un centímetro la petrodependencia venezolana.
A propósito del anuncio del consejo que constituyó el gobierno hace unos días, similar a la citada comisión, los televidentes tuvimos la ocasión de escuchar en cadena nacional un discurso sonoro, repleto de consignas y con su dosis correspondiente de épica, que resultó desmentido en casi cada una de sus frases por la realidad, en cuanto a los logros de los que se presumía y a los objetivos que se planteaban –con marcado énfasis en la cuestión militar, por cierto– dejando la impresión de no entender el sentido de por dónde gira el mundo.
La intervención televisiva incluyó la información genérica sobre un plan de asignación de dinero a través de la banca pública y privada a los científicos e innovadores, que da motivos para preguntarse por la suerte de la Ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, un instrumento financiero aprobado hace varios años, armado legalmente para recabar importantes recursos y del que últimamente se sabe tan poco en cuanto a su utilización e impacto, que más de uno debe pensar que fue derogado.
Maduro indicó, así mismo, que los investigadores contarán con un programa especial de estímulo que supone la venta de vehículos e, igualmente, la incorporación al plan de vivienda. Y, por último, aprobó el pago de un bono para todos los intelectuales, profesores y científicos, uno más de los que concede el gobierno de acuerdo con un menú que revela su concepto de política pública ante los grandes temas nacionales.
En fin, no se están entendiendo los signos de los tiempos.