Los países y organismos internacionales que asumen como legítimo presidente (e) de Venezuela a Guaidó, lo han hecho como consecuencia de su reconocimiento a la Asamblea Nacional como único órgano del poder público cuya legitimidad reside en el voto popular consignado en las elecciones legislativas de 2015.
Ese reconocimiento es un mentis a las pretensiones del régimen que, con su artimaña constituyente y su mamotreto usurpador, trata de consolidar un gobierno al que le importa un comino que Venezuela como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia deba propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, como lo estipula el artículo 2 de la Constitución.
Como poco le importa que también sea letra muerta que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades que la componen debe ser siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, tal como lo establece el artículo 6 de la carta magna. Por cierto que estos textos constitucionales fueron increíblemente debatidos y aprobados, como constituyentes de entonces y farsantes de hoy: Nicolás Maduro, Adán Chávez, Tarek William Saab, Hermann Escarrá, Iris Varela, Elías Jaua, Freddy Bernal y Elvis Amoroso (como secretario), entre otros, que por el contrario representan la podredumbre antidemocrática, inmoral, sectaria, hegemónica, corrupta, represora y violadora de los derechos humanos.
Son los mismos que iniciaron el sistemático ataque a la AN, que tuvo como punto de partida la amputación de su mayoría calificada que dejó en el limbo a la representación indígena. Lo siguieron perpetrando con el retiro de la bancada oficialista, sin importarles haber dejado sin efecto una gruesa representación popular, para pretender implosionarla y sustituirla con ese adefesio “constituyente”.
Sobre algunas ejecutorias del órgano legislativo, quizás más respecto al papel de algunos de sus integrantes, podemos discrepar, como en efecto lo hemos hecho; pero es pertinente observar que al ser considerada la AN como ente legítimo, dentro y fuera de Venezuela, también debemos considerar como legítimas las diferentes corrientes políticas y a sus representantes que la integran, Guaidó entre ellos.
La vieja conseja de que en política lo previsto es lo imprevisto, se hizo realidad con el inimaginable papel protagónico de quien días antes solo representaba a una corriente política en el parlamento para ungirse no solo como su presidente, sino como legítimo presidente encargado de Venezuela. El anclaje popular no solo le ha devenido de las fuerzas políticas que le acompañan sino principalmente por un fenómeno que puede explicarse por la necesidad de un liderazgo fresco y auténtico que a él ha tocado ejercer, necesario para reactivar, unificar y generar una mayor masa crítica y con ello materializar los objetivos que se han trazado. Fracasarán de nuevo los mismos detractores de este régimen que insisten en avivar la desesperanza. Ellos siempre han proyectado en los demás sus temores y miserias. La pretendida inhabilitación y el supuesto allanamiento de su inmunidad parlamentaria, decididos por forajidos, ambos írritos, solo dan cuenta del pavor que tienen de dejar el poder.
De allí que a Juan Guaidó hay que revelarlo dentro de sus propias circunstancias. Gústenos o no, las reglas generales dentro de las cuales se ha ceñido su actuación han sido concebidas en el órgano legislativo que hoy funge también como ente ejecutivo. Ser su presidente y ejecutor no tendría nada de malo en tanto y en cuanto no llegasen a ser decisiones que se desvíen por el camino tribal y, en consecuencia, no representen los intereses nacionales.
Su juramentación inspiró a toda Venezuela porque fue un clamor popular, como también la inspiró ese masivo reconocimiento internacional de su cargo que le da un inestimable punto de apoyo. Su lucha por la ayuda humanitaria, también lleva sello propio.
Hoy tiene nuevos retos, que también deberían ser los mismos retos de la AN. El órgano legislativo, con responsabilidad, tiene que estar claro que el presidente Guaidó debe tener un mayor margen de acción, que le debe ser concedido en aras de su mejor desempeño en la consecución de los grandes objetivos nacionales. Nos sentimos identificados con su parecer en no descartar una eventual cooperación internacional cuya decisión compete a la AN, también sobre su señalamiento que demanda una decidida y vital participación de todos los venezolanos en este trance de superar un régimen dictatorial, incapaz y traidor.
Son metas alcanzables en la medida que entendamos que cada uno de nosotros somos forjadores de nuestro propio destino y de que en este momento crucial ese espíritu colectivo que anhela un cambio, en este momento lo está encarnando Juan Guaidó. De ser así, iremos bien.