La activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha provocado la violenta defensa de Nicolás Maduro y Evo Morales. Ante la brutal realidad objetiva de asesinatos, torturas, apresamientos políticos, violación de derechos humanos y todo tipo de crímenes, la acción de Maduro y Morales en nombre de Venezuela y Bolivia a favor régimen de Nicaragua es confesión pública y prueba plena del “grupo delictivo organizado” que integran bajo la jefatura de Cuba.
El sistema internacional actual tiene normas y procedimientos para frenar y sancionar los crímenes que cometen los detentadores ilegales del poder. Además de la aplicación de la CDI, la instancia de las Naciones Unidas está abierta, pero resultaría más rápida y efectiva en el caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional.
El artículo 2 de la Convención de Palermo establece que “por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Detalla que “por delito grave se entenderá la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”.
Reitero que los dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia están fuera del ámbito de la política y actúan en el del crimen organizado para mantener indefinidamente el poder. Los 60 años de dictadura en Cuba son el ejemplo del “éxito de conducta delictiva”, un iter criminis sin fin que no ha dejado delito sin cometer, con reincidencia e impunidad al amparo del poder político. Al terminar el año 2018 el eje de confrontación en las Américas –no es ideológico, es fáctico– y es “delincuencia organizada transnacional contra democracia”.
Las protestas comenzaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018 y Daniel Ortega y Rosario Murillo pusieron en aplicación la metodología de control social diseñada y aplicada por la dictadura castrista de Cuba. De manera sostenida y reincidente han causando hasta ahora cerca de 500 muertos con asesinatos evidentes, más de 2.500 heridos, más de 2.000 presos políticos sometidos a torturas y un número indeterminado de exiliados, violando todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Los crímenes de Ortega y Murillo han sido y son cometidos desde su función de jefes del Estado de Nicaragua, usando la total concentración del poder político, legislativo, judicial, económico, militar, policial y de propaganda que lograron aplicando el sistema del castrochavismo o socialismo del siglo XXI de acceder al poder mediante votación y luego desmontar la institucionalidad democrática reemplazándola por leyes infames, haciendo desaparecer el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, anulando la oposición y suplantándola por cómplices funcionales.
Tanto el sistema castrochavista de construcción de las “dictaduras del socialismo del siglo XXI”, como la metodología de control social fundada en el terror y la violación de los derechos humanos, son creación de la dictadura castrista de Cuba. Han sido aplicados en los últimos 20 años empezando por Venezuela con Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia con Evo Morales y en Nicaragua con Daniel Ortega. La Argentina con los Kirchner, Brasil con Lula y Rousseff y varios países centroamericanos como El Salvador y Honduras fueron proyectos muy avanzados contenidos por la democracia.
Cuando el dictador Nicolás Maduro dice que “el impresentable Luis Almagro, evidencia una vez más su servilismo a los intereses de la política exterior estadounidense…”, y el dictador Evo Morales dice: “Rechazamos que por instrucción del Imperio y con intenciones golpistas la OEA pretenda aplicar la Carta Democrática a Nicaragua”, estamos viendo una acción –digitada desde Cuba– del grupo delictivo transnacional que sin ningún pudor justifica los crímenes que se cometen en Nicaragua, porque con la misma agenda ellos cometen los mismos delitos en Venezuela a la que ya se aplica la CDI y en Bolivia a la que no tarda en aplicarse.
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