Basta con leer el último informe emitido por los voceros del Foro Penal Venezolano para entender por qué en Venezuela no opera un gobierno convencional, sino una feroz mafia que controla los poderes públicos, y sus capos funcionan con base en los códigos de los grupos delincuenciales en cualquier parte del mundo.
Un país en dónde permanecen privados de su libertad 58 mujeres y 735 hombres, simplemente por disentir de Maduro y su régimen, no hay democracia sino tiranía. Son 689 civiles y 104 militares los que están sometidos a un secuestro, porque en Venezuela no habiendo separación de poderes nadie disfruta de medidas judiciales conforme a derecho, sino que sufren los rigores de mecanismos sanguinarios propios de los tiranos.
Por eso está desaparecido el general Isaías Baduel, cuyos hijos denuncian que no saben de su situación desde hace más de cuatro semanas. Como tampoco se sabe del estado físico del comandante Igber Marín Chaparro, después de que por vías extraoficiales se da cuenta de que está sometido a crueles torturas en las dependencias de la Dirección de Inteligencia Militar. «Lo tienen amarrado, sin comer, le colocan capuchas con gas lacrimógeno», denuncia su abogada, Yocelyn Carrizales. La tragedia abarca también al diputado Juan Requesens, cuya audiencia tribunalicia continúa en un limbo jurídico, cuando ya se acumulan más de 300 días de su confinamiento en una de las cárceles habilitadas por Maduro para aislar a los disidentes.
En el área de la salud sabemos que más de 3.500 pacientes están en riesgo de muerte debido a la suspensión del programa de trasplantes. Ya bastante conmoción, dentro y fuera del país, ha ocasionado la noticia según la cual se supo que más de 5 criaturas perdieron sus vidas por esas razones. Eso es sencillamente imperdonable, menos para Maduro, que piensa que en Noruega le darán carta libre para seguir adelante con su genocidio, para eso envió a sus hábiles negociadores a quienes les dio la línea de que se fajaran a demostrar que en Venezuela sí es posible hacer «elecciones libres», siempre y cuando el Poder Electoral siga siendo controlado por la inefable Tibísay Lucena, garante de «fraudes irreversibles».
Lo cierto de toda esta tragedia es que mientras Maduro sigue apelando a su truco más eficaz para ganar tiempo y prorrogarse en el poder que usurpa, más de 500.000 ciudadanos venezolanos, cifras certificadas por Acnur, han salido entre los meses de marzo, abril y mayo. Estamos hablando de 12 semanas en las que la esperanza ha estado en su mayor ebullición, porque todos coreamos la consigna de Guaidó de que «vamos bien». Esos no son simples números. Estamos hablando de centenares de miles de personas que dan cabida al temor de que se pierda esta oportunidad de salir, definitivamente, de esta narcotiranía.
Esa confianza está aún latente, todos persistimos en la fe y en la solidaridad con Juan Guaidó, pero esperamos que tome las decisiones correspondientes con la coyuntura que encontramos ahora que llegamos al alero de la mitad del año que transcurre.