La involución se define como la “detención y retroceso de una evolución biológica, política, cultural, económica, etc.” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). En Venezuela, desde 1999 al presente, se ha producido una denominada revolución bolivariana que ha procurado, precisamente, un grave proceso involutivo en la sociedad venezolana.
Es lógico y natural que las sociedades se organicen para el avance en el desarrollo de los ámbitos que tienden a proporcionar bienestar social e individual, de allí que el texto fundacional (la Constitución venezolana) se refiera repetidamente a nociones que representan este objetivo; “progresividad” y “bienestar” son ejemplo de ello, ambos, por cierto se vinculan en múltiples normas al tema de los derechos humanos y al crecimiento económico. Un régimen que ha producido todo lo contrario no sirve a los intereses del pueblo allí expresados, los cuales son además lo único que legitima el ejercicio del poder público por su parte.
Cuando el mundo vive por vez primera en la historia de la humanidad un ciclo de desarrollo y bienestar en las áreas fundamentales del vivir y convivir, en Venezuela se ha destruido toda posibilidad de formar parte del reparto histórico de esta obra que es la modernidad. Se ha condenado a su pueblo a sufrir un proceso involutivo en el tema del bienestar en general y en particular en los órdenes más básicos, como son la libertad, la seguridad y los servicios esenciales, entre ellos, salud y educación. Se ha, asimismo, sustituido la placidez de la paz social como valor, por criterios de confrontación verbal y física, propios del pasado remoto.
En lo que se refiere a la libertad, proclamada en diferentes normas constitucionales y acompañada de las más variadas garantías, se ha logrado imponer un régimen desde el poder que la desconoce y atropella, directa o indirectamente, no solo mediante la desaplicación del principio de legalidad que no admite pena ni delito sin una ley previa que lo establezca, sino mediante la destrucción del principio del debido proceso, que reserva a un juez con unas reglas garantes de los derechos humanos del procesado, la responsabilidad de restringirla. Así ocurre con varias y notorias desviaciones que van desde la encarcelación por hechos no tipificados como delitos o la aparición de tipos penales que violentan toda seguridad jurídica por su generalidad y desviación de la finalidad porque claramente se han dictado para criminalizar la disidencia, hasta la eliminación de un sistema judicial independiente e idóneo, e incluso la ausencia de toda intervención judicial para producir las privaciones de la libertad, pues basta la mera decisión de órganos policiales que siguen instrucciones informales, personales y unilaterales. El tema de los presos, comunes y políticos, es sin duda una involución en la materia de los derechos humanos de libertad y dignidad personal y en la contención del poder arbitrario propio de tiempos pasados y superados.
La seguridad, que es también uno de lo elementos que se asocian a la progresividad del desarrollo y bienestar social, es otro de los ejemplos de un gobierno destructivo e involutivo que ha llevado a la ausencia del orden necesario y en algunos casos a la promoción y protección de las prácticas que contra él conspiran. La creación de las denominadas OLP en lugar de propender a la seguridad se han convertido en mecanismos de terror, al instalar una especie de guerra interna, en la que cuerpos de seguridad marchan al margen de todo sistema jurídico de salvaguarda de los derechos humanos. La involución en este tema lleva a un insólito retorno del imperio de las bárbaras leyes de la selva, del más fuerte y del talión u ojo por ojo, todas negación de la ley y el orden como principio jurídico de la justicia moderna.
El tema sanitario también es muestra de esta involución en la que se ha sumido al pueblo de Venezuela, la presencia de enfermedades totalmente erradicadas, la ausencia de medicamentos y equipos, la persecución de los profesionales de la medicina por sus opiniones e incluso por sus actuaciones profesionales.
Finalmente, la educación, también afectada por este empeño en concretar la destrucción de todo el orden conseguido y que se manifiesta en el nivel superior en la asfixia que se ha aplicado a las universidades y la implementación de un sistema marginal de producción ficticia de profesionales sin formación y sin esperanza de empleo.
La vulneración del orden constitucional abarca por tanto no solo el incumplimiento de sus normas y el desconocimiento de sus instituciones, valores y principios, sino que comprende también a los fines supremos del individuo y de la sociedad que lo ha creado, y dentro de estos el más elemental que no es otro que la búsqueda del mayor grado de felicidad y bienestar posible, el cual antes que lograrse se ha desdibujado con esta involución de un gobierno y de una revolución que han producido un estado de atraso en el que ni las necesidades más básicas se logran satisfacer.
Ante la evidente involución que ha generado el mal gobierno y llevado al venezolano del “buen vivir”, al simplemente “vivir” para finalmente colocarlo en un precario “sobrevivir”, tarde o temprano habrá de producirse la aplicación de las cláusulas constitucionales que ponen en el propio ciudadano la carga de rescatar el ordenamiento constitucional infringido (artículos 333 y 350 de la Constitución).
Cuando la dirigencia política encuentre el camino para canalizar la efectividad de estas normas, se abrirá la posibilidad cierta de detener la involución y comenzar desde las cenizas que ha dejado esta revolución seudopopular y bolivariana, a la reconstrucción del país que se plantea en la Constitución, uno de progresividad y bienestar.