Gracias al desastre de la “revolución bonita”, el país se está moviendo con naturalidad hacia la derecha. Carlos Andrés Pérez será el gran ganador si ese giro se llega a concretar con la salida del régimen de Nicolás Maduro y la vuelta al orden democrático de la mano de Juan Guaidó. Quizás muchos de nuestros lectores se sorprendan con lo que acá decimos; por eso debemos explicar nuestro aserto y, para ello, dirigir la mirada a un pasado nada remoto: la segunda presidencia de Pérez.
El 2 de febrero de 1989, CAP asumió su nueva gestión de gobierno. Rompiéndose con la tradición de juramentarse en el Congreso Nacional, el acto se llevó a cabo en la Sala Ríos Reyna del Complejo Cultural Teresa Carreño, ante la presencia de jefes de Estado de otros países, importantes personalidades nacionales y extranjeras, así como significativas figuras del mundo de la literatura y las artes plásticas. A manera de burla se habló del “acto de coronación de Pérez”.
En su discurso oficial, el presidente fue claro respecto al cambio de rumbo que se requería: “El Estado deberá despojarse del intervencionismo avasallante de Estado protector y munificente (…) Propongo una política que corrija los profundos desequilibrios económicos, financieros, monetarios y fiscales, antes de que se conviertan en estructurales y sea imposible removerlos sin dramáticos traumas colectivos”. El detalle es que nada de eso se dijo en la campaña electoral.
CAP procedió entonces a designar su gabinete ministerial, donde se conocieron nombres de técnicos y empresarios que no tenían nada que ver con su partido: Miguel Rodríguez, Moisés Naím, Gustavo Roosen, Eduardo Quintero, Carlos Blanco. Igual cosa ocurrió en otros puestos claves: Pedro Tinoco, en la presidencia del Banco Central de Venezuela, y Gabriela Febres Cordero, en el Instituto de Comercio Exterior. Salvo Tinoco, los demás eran “tecnócratas”.
Sin una amplia consulta, el 16 de febrero, el presidente anuncia un conjunto de medidas dirigidas a liberalizar la economía: adopción de un nuevo régimen cambiario flexible; la liberación de las tasas de interés que aplican los entes financieros en sus operaciones; ajustes en el régimen de importaciones y exportaciones; ajustes en el precio de la gasolina, así como de las tarifas de los servicios de electricidad y telefonía; e introducción ante el Congreso Nacional de un proyecto de Ley de impuestos a las ventas.
Para paliar los efectos que las decisiones anteriores tendrían en la población, se aprueban varias medidas de carácter social: incremento del salario mínimo; aumento de los salarios de los funcionarios de la administración pública, así como de las pensiones; subsidios de los alimentos que forman parte de la cesta básica; becas alimentarias para niños; constitución de hogares de cuidado diario para la población infantil; y la ejecución de otros programas en las áreas de salud y seguridad social.
La respuesta del pueblo a lo anterior fue “el Caracazo”: un movimiento cismático de carácter político que se produjo veinticinco días después del acto de juramentación del presidente. El mismo fue producto del incremento del precio de la gasolina que se puso en práctica, el cual generó un significativo aumento en los servicios de transporte público, antes de que se subieran los sueldos a los trabajadores. Ese día ardió Troya en Caracas, cuya policía –liderada entonces por Freddy Bernal– estaba de huelga. Cuando la situación se controló había 276 muertos.
Se quiso hacer lo “correcto” pero el pueblo no lo entendió así, o no se le explicó de la manera adecuada, o –quizás– se aplicó una política de “shock” inmediato cuando lo que procedía era una política de ajustes progresivos en el tiempo. Sin embargo, según Moisés Naím, al país se le habían acabado las opciones y el “gradualismo” no tenía viabilidad. Lo más banal en ese momento fue que a CAP lo acusaron de neoliberal. Fue también asombroso que entre los acusadores se encontraran connotados miembros de la burguesía. A partir de ahí el gobierno siguió avanzando pero con plomo en el ala.
El siguiente paso fue concretar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional con el propósito de obtener las divisas necesarias para poner en práctica el nuevo régimen cambiario (que contemplaba el establecimiento de un solo tipo de cambio), apoyar la balanza de pagos y recomprar deuda externa. Asimismo se celebraron convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que generaron recursos adicionales para atender programas de interés nacional.
No menos significativa fue la política de descentralización que se puso en práctica al aprobarse la legislación para la elección directa y secreta de los gobernadores de estado y los alcaldes. Dicha medida fue complementada con la aprobación de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.
Un aspecto importante del programa de Pérez fue reducir el capitalismo de Estado que en la práctica se traducía en enormes pérdidas para el Fisco Nacional. Salvo la industria del petróleo, las demás empresas del Estado venezolano producían pérdidas y se manejaban de manera ineficiente.
Pero el 3 de febrero de 1992 el ruido de los cuarteles salió a la calle. A las 11:00 am del 4 de febrero, el “por ahora” de Hugo Chávez se clavó como una espina en el corazón de la democracia venezolana. Rafael Caldera salió de la “reserva” en que se encontraba para meter el dedo en la herida. La acción se ejecutó con ocasión de la aprobación por parte del Congreso Nacional de un acuerdo de rechazo al alzamiento militar. El líder socialcristiano pidió la palabra y habló por cadena de radio y televisión, transmitiendo el mensaje que lo puso de nuevo de primero en la fila y generó sonrisas de satisfacción en los sectores de la izquierda:
“Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción (…) vemos con alarma que (…) los servicios públicos no funcionan y que se busca como una solución el de privatizarlos entregándolos sobre todo a manos extranjeras, porque nos consideramos incapaces de atenderlos”.
A partir de ese momento a Carlos Andrés se le hizo difícil hacer las reformas económicas y políticas que el país requería. Sus días en el poder ya estaban contados.
De esos polvos salió el barro revolucionario que ahora el pueblo venezolano no soporta más. Inexorablemente vendrá el giro hacia el librecambio y el Estado de Derecho. Ojalá que hayamos aprendido la lección.
@EddyReyesT