Dedico el presente artículo, gracias a la deferencia que me permite El Nacional, al secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro; por su coraje y claridad conceptual al defender los valores y principios preeminentes de los derechos humanos.
En cumplimiento de leyes y tratados internacionales, los países signatarios de nuestro continente americano están supuestos a respetar en primer orden, en un marco constitucional de actuación de los gobiernos, los derechos humanos de sus ciudadanos. Así mismo, sabemos se han establecido acuerdos jurídicos internacionales, como el Estatuto de Roma, para hacer viable combatir violaciones de tales derechos y evitar que puedan usarse burladeros para la impunidad alegando principios de no intervención.
Fue contundentemente demoledora, de razones burocráticas y de otros principios que no pueden prevalecer por sobre los derechos humanos, la imagen del migrante venezolano en la frontera con Colombia, arrodillado y suplicante de ayuda humanitaria, sobre la urgente y vital necesidad de acometer acciones de restitución del orden civilizado y del Estado Derecho en Venezuela. Pidió a la autoridad internacional legítima que representa la OEA que intervenga, para rescatar a la nación venezolana que huye de la muerte, del hambre y de la carencia de salvación médica ante enfermedades, amén de la inseguridad personal. Es esa la dramática realidad que está provocando el ejercicio tiránico e inhumano del poder por parte de la narcodictadura del régimen castromadurista.
Es insólito que se pretenda justificar tal situación mediante una desgastada repetición de propaganda antinorteamericana de los tiempos de la Guerra Fría, con activistas del presente, como ejemplo tenemos al propio ex presidente de España Rodríguez Zapatero. El chantaje al sistema de justicia internacional que pretende usarse hoy para que Estados Unidos no actúe, y no lidere internacionalmente una coalición que enfrente a estos regímenes para detener tales desmanes. Intentan acusar a los que acusan, y tratan de hacerlos aparecer causantes de la situación de hambruna y migración para buscar comida y esperanza de vida en otros países de la región.
Adicionalmente, al problema de obligación moral y de legalidad internacional que compromete a los Estados en la defensa de los derechos humanos, la existencia de una conspiración internacional que ha utilizado al Estado venezolano en particular, y varios Estados de la región en el entramado para la corrupción, legitimación de capitales, el narcotráfico y el mismísimo terrorismo en la guerra contra nuestra sociedad occidental, mediante financiación del mismo, es la modalidad de mayor malignidad antihumana y amenaza en crecimiento de tan cobarde forma de violencia, que implica la urgente necesidad de comprensión de lo que está realmente en juego, y que no es solo el bienestar y la libertad de una nación, que ya es y debería ser suficiente justificación para salvarla, como es la nación venezolana, otrora nación que luchó por la libertad de toda una región.
El castrismo, de promesa revolucionaria de democracia antidictadura de Batista y para la redención social cubana, según se ha comprobado del proceso histórico vivido que devino en la más abyecta forma de explotación de su propio pueblo. Al secuestrarles el don consustancial con la vida misma como lo es la libertad les robó el sueño del progreso material y espiritual desde su propia creatividad de ser y hacer con su vida lo que su voluntad soberana les indicase. Al “fin de la historia” con la caída de ese paradigma junto al Muro de Berlín, ahora ha exportado, a través del Foro de Sao Paulo como plataforma política, la intención de perpetuación en el poder de los mandatarios que cumplieran su papel de constitución de un nuevo modelo de organización seudocomunista que es en realidad una mafia con propósitos de dominación e instauración de Estados a su servicio, con el telón del narcotráfico como sustentador financiero de tal poder que se entrelaza, legitima y muta a conveniencia con rostros de presidentes, ministros y diversos organismos nacionales e internacionales al servicio de dichas mafias (Unasur, el Alba, Petrocaribe, etc.).
En resumen, el régimen castromadurista, evidente violador de los derechos humanos de nuestro pueblo venezolano, representa, más que una amenaza, una realidad constituida como plataforma de Estado narco. A través de dicha plataforma se da a la tarea de presionar con razones acomodadas a mentiras pagadas, a votos comprados en los conciertos de organismos internacionales para que volteen para otro lado y que no miren la necesidad de intervención del legítimo poder, militar y/o policial en el ámbito internacional, para combatir y para detener estas plagas en el continente, y que cada vez más logran controlar el poder del Estado.
Al infiltrar y manipular las democracias para revertirlas y sustituir sus principios de alternabilidad, compromiso institucional con la justicia nacional e internacional para beneficio de las naciones, tales mafias políticas, económicas y de naturaleza extremista quieren poner en duda la claridad que debemos tener de principios de lo que son y lo que no deben ser ¡las fronteras entre la razón y la fuerza.