Los “revolucionarios” bolivarianos ignoran deliberadamente que el mundo ha cambiado, que la sociedad internacional se ha transformado, que ha habido cambios que inciden en la formación del Derecho Internacional, en las normas y principios que regulan las relaciones internacionales y que, en definitiva, ya no estamos más en 1945 cuando se adoptó la Carta de las Naciones Unidas, para muchos, la Constitución de la sociedad internacional.
El mundo transita hoy de una sociedad internacional hacia un estadio superior, hacia la constitución de una auténtica comunidad internacional en la que los intereses colectivos estarían por encima de los individuales. Los seudorrevolucionarios desprecian esa realidad para justificar sus tropelías, sus crímenes, como el que han cometido y siguen cometiendo en Venezuela bajo la dirección de una cúpula cívico-militar que se ha apoderado del país, secuestrando sus instituciones y su gente, en representación de un gobierno extranjero invasor, el de Cuba, para convertirse por su relación con el crimen transnacional, en especial, la corrupción y el lavado de dinero, el narcotráfico y el apoyo al terrorismo, en un gobierno forajido.
Los venezolanos hemos luchado estos años con el apoyo invaluable de la comunidad internacional para superar la crisis que va mucho más allá de lo político y de lo económico, y se ha convertido hoy en una auténtica catástrofe humanitaria. Todos los mecanismos pacíficos para superarla han fracasado. El régimen se ha impuesto y ha despreciado el diálogo y la negociación y en consecuencia todo acuerdo que pueda lograrse para salir de esta tragedia. Las medidas unilaterales selectivas adoptadas por algunos países, legales y legítimas por lo demás, han ejercido presión pero todavía no lo suficiente como para forzar la restauración del orden interno.
La situación de Venezuela no es más, como lo hemos dicho reiterada y responsablemente, una cuestión local, del exclusivo interés de los venezolanos. Va mucho más allá. En fin, no es más una crisis que se inserta en el hoy superado concepto del dominio reservado del Estado en el que se han escondido las dictaduras y otros regímenes totalitarios y criminales para imponerse y dominar. No es más exclusividad del régimen disponer de nuestra riqueza, de nuestras instituciones, de nuestra gente, de nuestro futuro como nación. Estamos ante un problema que interesa a todos y de allí el derecho y el deber que tienen los gobiernos extranjeros y las instituciones internacionales de actuar para enderezar las cosas y recuperar y devolver la libertad y la dignidad al pueblo hoy acorralado.
No se trata en efecto de una “simple” violación de derechos humanos, ni de crímenes internacionales en el sentido estricto de la expresión, que van a llevar a sus autores a la justicia. Se trata de una cuestión de seguridad y de paz internacionales que abre nuevos espacios para su solución, al autorizar e incluso a obligar a la comunidad internacional a actuar, aunque para algunos todavía no hay un conflicto armado lo suficientemente grave como para recurrir a mecanismos distintos a los diplomáticos o políticos, un error de apreciación que ha sido superado ante las nuevas realidades.
El régimen ha negado persistentemente la ayuda humanitaria, la que solicitamos hace varios años ante organismos internacionales. La confundieron deliberada y perversamente con la intervención extranjera, aun con la armada, a la que tanto le temen, aunque todavía consideran temerariamente que ella no parece posible despreciando una realidad innegable: las normas y los principios jurídicos internacionales se adaptan a las realidades y a los auténticos intereses de la comunidad internacional que giran en torno a los derechos humanos y la democracia.
Ante la situación que atraviesa Venezuela, frente a la imposibilidad de restablecer el orden por la “vía democrática y constitucional” a la que una vez se limitaba la acción, y ante la evidente destrucción progresiva del país y de sus instituciones y su gente, la comunidad internacional debe actuar para detener el desastre y evitar mayores consecuencias, sobre todo en relación con la paz y la seguridad en la región y en el mundo, pues no hay dudas de que el régimen de Maduro nos ha colocado en un tablero muy peligroso que parece haberse ido de sus manos. El Consejo de Seguridad puede considerar el tema aunque sabemos que por su composición y reglas de funcionamiento no es fácil que logre por ahora algún acuerdo en la dirección correcta.
Nada impide hoy y allí la importancia de los cambios en la sociedad internacional y de la adaptación de las normas y de los principios reguladores de ellas a esa realidad, que ante la parálisis del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales en el mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un grupo de países pueda actuar o intervenir de cualquier manera para exigir y forzar a un régimen forajido a que restablezca el orden y el respeto pleno de todos los derechos humanos.
El régimen de Nicolás Maduro desprecia las nuevas realidades y reta al mundo al destruir a un país y someter vilmente a un pueblo, negando que de alguna manera mecanismos distintos a los diplomáticos o políticos puedan imponerse en algún momento para restablecer el orden en el país.