El 5 de abril, la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se presentó, por tercera vez en los últimos meses, en el Consejo Permanente de la OEA (CP). Allí, pública y soezmente repitió sus insultos contra el Secretario General (SG) Luis Almagro, por su actualizado informe sobre la malversada democracia venezolana. También vilipendió a la mayoría de los estados miembros que el 3 de abril habían resuelto, en el marco de la Carta Democrática Interamericana (CDIA),que se había “alterado gravemente el orden constitucional democrático,” que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “constituyen una violación del orden constitucional… a pesar de su reciente revisión..” y que es “esencial que el gobierno…asegure la plena restauración del orden democrático.” Todo ello a pesar de la estridente, insolente y poco diplomática oposición de la delegación venezolana y sus menguantes aliados, que se retiraron de la reunión.
La Resolución de la OEA fue un logro histórico de la Carta Democrática. Por primera vez una mayoría de estados miembros activa la Carta en contra de un gobierno que altera el orden democrático, y ya no en contra de una amenaza o un golpe de estado tradicional contra un gobierno democrático, como ha ocurrido en el pasado. La Resolución además significa una nueva y rotunda derrota para la “diplomacia” del Presidente Maduro y sus aliados; también representa un triunfo para los esfuerzos en defensa de la democracia del secretario general y de los países invocadores de la CDIA,y una reivindicación de la relevancia de la OEA. Confirma también la validez y nueva fortaleza de la CDIA como el instrumento multilateral por excelencia para la defensa y preservación colectiva de la democracia.
La canciller del chavismo, como de costumbre, también denigró a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) y los acusó de golpistas, vende patria, desestabilizadores, lacayos del “hegemón”y de estar en desacato de la Constitución, entre otros improperios; y aseguró que no ha habido ruptura del orden constitucional y que las instituciones del poder público funcionan según lo establece la Constitución.
Si bien los representantes de los estados miembros y el SG pueden defenderse de tales abusos e insultos, los diputados o representantes de la AN carecen de la posibilidad de responder “en vivo y en directo”en el CP a los agravios de la canciller. La OEA es un ente intergubernamental tradicional, un club de los Poderes Ejecutivos y de sus embajadores, y no consiente la participación de otro Poder del estado en el seno del CP, sin la autorización del Poder Ejecutivo. Al debatirse la alteración de la institucionalidad democrática en un estado miembro supuestamente democrático, no permitir la participación de todas las partes involucradas, excepto la del Poder ejecutivo, es un despropósito; y hasta parece injusto y antidemocrático no escuchar la otra parte del conflicto inter-institucional.Y aquí yace precisamente una de las debilidades presentes de la OEA.
La OEA, siendo un foro de democracias representativas para la preservación de la democracia, debería en principio poder oír el testimonio de la otra parte del actual conflicto entre Poderes en Venezuela.Ningún país ni el secretario general tienen la propiedad que posee el Poder legislativo para responder a las agresiones del Poder ejecutivo y su canciller. Con la voz del “otro” se podría lograr un entendimiento más completo de la conflictiva realidad, lo que facilitaría la apreciación y decisión colectiva.Hubiese sido beneficioso para todos oír a un representante de la AN refutar a la canciller que, abusando de su exclusivo lugar en el CP, se dedicó a atacar impunemente a la oposición y los diputados de la AN.
Es de destacar que la OEA ha dejado de ser un foro solamente para la resolución de conflictos entre estados –propósito principal para el cual fue fundada en 1948.Hoy día, con su papel de promotor/defensor de la democracia es también un foro para la consideración y resolución de conflictos internos que amenazan la democracia de un estado miembro, con el potencial o no de amenazar la paz y seguridad regional.
Los conflictos inter-institucionales entre el ejecutivo y otros Poderes del estado seguirán siendo en el futuro causa de la alteración del orden democrático. Si se pretende que la OEA sea un justo y válido foro de democracias representativas (cuyos Poderes públicos son supuestamente iguales e independientes), para facilitar la negociación y la construcción de consenso entre instituciones en conflicto en uno de los estados miembros, éstos deberán tarde o temprano considerar una reforma a su carta orgánica para permitir en su seno la voz de cualquiera de las instituciones agraviadas en un conflicto inter-institucional, particularmente si el transgresor es el Poder ejecutivo.En su defecto y mientras tanto, el secretario general o un estado miembro podría solicitar un informe de la institución agredida para presentarse al Consejo Permanente al momento de considerarse la alteración del orden democrático en el estado miembro concernido.