La posibilidad de que un país petrolero sufra de hiperinflación parece inverosímil sino fuese por la dolorosa situación de Venezuela. La causa de esto se fundamenta en la implementación de un plan económico calcado del modelo soviético-cubano. Las expropiaciones, el gasto público desbordado, elcontrol de cambios y la falta de contrapesos democráticos han generado esta situación. A ello se suma el empeño de dictar improvisadas y caprichosas normas de control ajenas al modelo previsto en la Constitución.

Pese a la claridad del asunto, los miembros de la jerarquía revolucionaria se niegan a aceptar la realidad y atribuyen las causas de la tragedia a la caída de los precios del petróleo y a una imaginaria “guerra económica” librada por los Estados Unidos y sus voceros de “la derecha”. No ven la crisis de otra manera porque los dogmas marxistas son indoblegables. Ni la dura realidad los hace cambiar de opinión. Los intereses superiores de la revolución les imponen lealtad ciega a lo que predicó Marx. Es la derrota política la que puede generar el cambio necesario, como sucedió con la caída del Muro de Berlín, gracias a la participación de un hombre responsable como Mijaíl Gorbachov.

El fracaso económico también ocurrió durante la revolución sandinista que finalizó en el año 1990. La derrota, entre otras razones, se debió a la aplicación a mansalva del modelo cubano. La crisis devastadora que vivió Nicaragua en el primer gobierno de Daniel Ortega fue seguida por las elecciones del año 1990, en las cuales el sandinismo sufrió una derrota propinada por una coalición encabezada por Violeta Chamorro. El fracaso económico de Cuba está a la vista y nadie lo discute. Los casos de China y Vietnam son distintos porque aplican la economía de mercado y solo son comunistas para mantener el control político. Todo esto demuestra que el modelo económico cubano no es aplicable por nadie, salvo Venezuela.

Las posibilidades de que el régimen autoritario cambie su modelo económico, gracias a la negociación que se iniciará en República Dominicana, son escasas. Luce difícil que quienes han demostrado fe ciega en el modelo castrista puedan cambiar de opinión como consecuencia de una negociación. La situación sería distinta si se incluyera, por parte de la oposición, como materia no negociable, el cambio de este modelo.

El régimen desea lograr en la mesa de diálogo tres cosas: el reconocimiento de la asamblea nacional constituyente, la gestión por parte de los líderes opositores para que se levanten las sanciones económicas impuestas por varios gobiernos del mundo y que la Asamblea Nacional apruebe la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda. Dichas pretensiones no son viables y ojalá que los negociadores opositores no las avalen.

La asamblea nacional constituyente no puede ser reconocida porque lo que es producto de una violación constitucional, no es convalidable. Su ilegitimidad es para siempre. Ni siquiera las juramentaciones que han hecho ante ellas los gobernadores, subsanan esa ilegitimidad de origen.

La oposición carece de facultades para gestionar el levantamiento de las sanciones económicas impuestas, porque estas fueron aplicadas por gobiernos democráticos con balance de poderes. Además, ellas se aplican, esencialmente, por las violaciones a los principios democráticos en que ha incurrido el “socialismo del siglo XXI”. Las sanciones debidas a asuntos penales caen en el terreno de dichas legislaciones y no pueden levantarse sin la participación del Poder Judicial de esas naciones.

En cambio, la Asamblea Nacional podría aprobar el refinanciamiento de la deuda, siempre que el gobierno acepte previamentemodificar el modelo económico. En este asunto el régimen está en manos de la oposición, pues si la AN no aprueba el refinanciamiento hay riesgos de caer en default. Si esto ocurre, será inevitable la participación del Fondo Monetario Internacional, que vendría con su plan de ajustes. Esta es la amenaza que más perturba al régimen porque sería el fin de la revolución bolivariana.


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