He sostenido desde sus albores, que la logia militar generadora del movimiento conocido como “los bolivarianos”, en una primera instancia, y como “Socialismo del Siglo XXI” en una segunda, es fundamentalmente una corriente política violenta, militarista, guerrerista que ha hecho de las armas un referente, un icono de su quehacer social, y de su actividad política.
“Esta es una revolución pacífica, pero armada”, solía decir el extinto Comandante Hugo Chávez, con lo cual más que proclamar la paz, nos amenazaba de manera abierta, respecto del accionar político, con las armas de la República, y las de las brigadas para militares por él creadas.
La violencia está en los genes de este sector de la vida social y política venezolana. Su primera incursión en la vida pública de la nación se produce el 4 de febrero de 1992, con una réplica el 27 de Febrero de ese mismo año. La derrota militar de ambos movimientos, no obstante les abrió un camino político, que han aprovechado intensamente desde entonces.
El estruendoso fracaso del modelo y de la gestión política del socialismo del siglo XXI, los ha llevado nuevamente a recurrir a la violencia como el camino para estar en el poder, esta vez para retener un mandato, que ya se esfumó ampliamente en el campo de la vida política venezolana.
La vigorosa protesta ciudadana, surgida desde el seno de nuestro pueblo, ha llevado a la camarilla gobernante a un uso peligroso y desproporcionado de la violencia. Peligroso no solo por lo masivo y sistemático, sino por el protagonismo que han tomado en este campo los grupos armados al margen de la ley, mejor conocidos como los colectivos. El peligro está no solo por su número, sino por el apertrecha miento armamentístico de que disponen, y por su actuación bajo el amparo de los órganos de seguridad del estado.
Esta realidad ha generado recientemente declaraciones contradictorias de importantes voceros del mundo militar. En primer lugar, las ofrecidas por El general de División José Rafael Torrealba, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara (Zodi Lara), quien “se refirió a unas imágenes difundidas por las redes sociales que despertaron curiosidad, porque en ellas se veía a motorizados civiles, presuntamente colectivos, saliendo de una destacamento militar, justo en el lugar de las protestas de la noche del martes 11 de abril y donde le dispararon al adolescente Brayan Principal”. Torrealba ofreció la siguiente explicación: “Esas personas, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, han trabajado para recoger los obstáculos que van dejando estos grupos violentos. Eso es de lo que hasta ahora he tenido conocimiento, de esos motorizados que salen de una unidad militar”. (http://runrun.es/nacional/305015/comandante-del-zodi-en-lara-admite-que-colectivos-trabajan-con-la-gnb.htm)
Pero llega el momento en que estos grupos paramilitares, promovidos desde importantes instancias del poder, afectan a los mismos cuerpos de seguridad, creándose entonces la reacción que recientemente vimos del Comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez, quien expresó lo siguiente: «Ninguno de nosotros anda armado y cuando llegaron los vagabundos esos, nosotros fuimos los primeros que nos colocamos adelante de ustedes (los manifestantes) garantizándoles la vida sin que tuviéramos los medios para combatirlos a ellos». «Son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar».(http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/director-pnb-colectivos-son-unos-vagabundos-los-vamos-capturar_181661)
Ciertamente llama la atención el volumen de recursos logísticos adquiridos por la revolución para atender la represión ciudadana. No porque no estuviésemos informados de los exorbitantes gastos que en materia de “seguridad y defensa” ha ejecutado el régimen, sino por el impacto que produce su despliegue en un momento en el que nuestro pueblo muere de mengua en los hospitales y en sus hogares, por falta de medicinas y alimentos, lo cual toca nuestra conciencia moral y política.
En efecto el gasto militar y represivo impulsado por el chavismo en la última década sobrepasa cualquier dimensión racional en esta materia. Solo la vocación armamentista y guerrerista de su líder, Hugo Chávez, y de su entorno, lo puede explicar. Si a ese inaudito gasto y equipamiento militar y policial, le sumamos las armas de los colectivos, y las del hampa común, no podemos menos que expresar nuestra angustia por el festín de las armas en que ha caído nuestro país.
En efecto el despliegue de las armas se ha convertido en un elemento trasversal de la cultura de la muerte que la camarilla roja ha impulsado. Armas institucionales, armas para los colectivos partidistas, armas para la delincuencia común. A ello se suma una promoción de las armas como símbolo de la revolución y del buen revolucionario. En murales desplegados en diversas ciudades y regiones, el centro de los mismo son las armas. Antes que mostrar a un joven con un tractor, un microscopio, un utensilio de trabajo, musical o deportivo, los mismos solo tienen a milicianos armados, a quienes desean convertir en el modelo del joven de la Venezuela contemporánea. Lo mismo está ocurriendo con publicaciones escolares. Es abundante la producción de folletos para escuelas y liceos idealizando al hombre armado como el prototipo del revolucionario que necesita nuestra sociedad.
Esta política de promoción de la violencia mediante la exaltación de un arma como el emblema del “buen revolucionario”, ha terminado por elevar la cultura de la muerte a niveles demenciales, generando una dinámica criminal que nos ha convertido en una sociedad enferma y violenta.
A pesar de que el “festín de las armas” ha terminado por ser la política del estado socialista, nos corresponde a los demócratas, y muy especialmente a quienes hacemos política teniendo como base la doctrina social de la iglesia, impulsar una cultura de la vida, para generar una dinámica que elimine este culto “revolucionario” por las armas. Por supuesto que para ello es fundamental el cambio político, pero desde ahora es menester trabajar en su elaboración, promoción y ejecución.