“Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político” (Art 330 CN).
El artículo citado constituye la “bisagra” fundamental para entender su importante rol, dentro de la concepción del Estado, que en la carta Magna se instituye. ¡Es un mandato! que no está sujeto a interesadas, por parcializadas, interpretaciones. La prostitución del espíritu, propósito y razón de la constitución fue emprendida por la Sala Constitucional del TSJ hace más de tres años mediante la peligrosísima decisión que le otorgó, como una “patente de corso” silvestre, la facultad de intervenir en las políticas partidistas comunes. En aquella oportunidad utilicé por primera vez la frase, ahora en boga, de que se había dado comienzo a un “Golpe de Estado” por etapas; es decir, continuado. (1).
Abordar el tema de las fuerzas armadas siempre corre el riesgo, tanto de malas, como también de buenas interpretaciones. Las primeras están relacionadas con el escabroso tema cuya competencia incumbe a la llamada jurisdicción penal militar y el derivado carcelazo de costumbre. Por ello muchos nos inhibimos, como política sabia, la de precaver desagradables consecuencias de orden personal. En la etapa terminal de la Crisis Nacional que nos arropa es oportuno hacerlo. Porque los destructores de la Patria y del Estado republicano han emprendido un camino sin retorno para conservar el poder a todo evento. El que les ha proporcionado toda clase de canonjías generadoras del obsceno “nuevorriquismo imperante”. Producto del peculado y demás maneras plasmadas por el manejo delictivo de los bienes nacionales. Práctica aplicada con rigor despreciable por parte de sus cúpulas dirigentes.
La condición de no ser deliberante es diametralmente opuesta a la atribución que si tienen los órganos deliberantes del Estado. Como en el caso, entre otros, de tomar decisiones de carácter político y público. En tal virtud, las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional (2); la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes. Este inmodificable acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. La premisa fundamental corresponde a todos los venezolanos: civiles y militares, políticos y apolíticos. Ni gobierno ni pueblo; ni instituciones democráticas ni organizaciones políticas o de otro género; nada que no sea la totalidad de la república, definida cabalmente por el Estado, puede tener a su servicio a las Fuerzas Armadas Nacionales. Por ello prohíbe el personalismo y la parcialidad política en su seno. La única obediencia constitucional –en principio– del cuerpo armado institucional es al presidente de la república; en tanto y en cuanto a que este actúe de conformidad a la constitución; sin desviaciones ni interpretaciones torticeras.
La perversión iniciada por los dos últimos presidentes venezolanos consistente en crear una burocracia militar desmedida de Generales; paralela y de igual rango a la también burocracia desmedida, costosísima e inútil de la administración pública civil actual, han provocado un fenómeno letal para la unidad institucional de la FAN. Es un secreto a voces la inevitable ruptura silenciosa de protesta callada –en fase de crecimiento acelerado– entre la oficialidad superior y la subalterna contra la oficialidad de generales (se podría conformar un batallón constituido exclusivamente por ellos). La premisa fundamental de indivisibilidad de comando se encuentra en duda dada su actual condición. La de que tanto en lo espiritual y el fraternal afecto castrense; la mayoría de ellos son calificados comúnmente por sus colegas militares como fichas políticas, muy bien remuneradas por lo demás, e incentivados por las prebendas y beneficios adquiridos a través de la corrupción imperante.
Ha llegado la hora de precisar con certeza la relación –¡indivisible!– que existe hoy entre los preceptos constitucionales y su efectiva aplicación a la realidad y cotidianidad en el acontecer nacional. Si las políticas propiciadas desde el poder –¡Totalitario! a todas luces sin duda alguna– han cumplido lo que la Constitución Nacional establece. Llegó la hora de determinar a consciencia si las políticas partidistas establecidas por Chávez y Maduro han mantenido la irrenunciable fidelidad a la constitución. La repuesta a lo anterior ha sido clara por parte de las mayorías nacionales; y reiterada, de manera ejemplarizante, a través de las últimas elecciones y por las desbordantes manifestaciones de calle realizadas en Caracas y en toda la República. ¿Este análisis es compartido por la oficialidad de la FANB? No tengo la menor duda de que a nivel personal ha sido así hecho en sus diversos rangos.
No obstante estar abolidos los fueros republicanos “contra natura”; el actual “orden revolucionario” ha establecido un fuero político partidista prevaleciente en función del PSUV. (3). Estos desafueros han propiciado numerosos asaltos contra la República. En un oleaje incesante vienen los escándalos uno tras otro; cohecho, corrupción, negociaciones dolosas, aprovechamientos indebidos. Muchas más anomalías; como la más grave de todas: el narcotráfico. Estas irregularidades delictuosas salen a la luz pública y se extinguen con rapidez inusitada sin que hasta ahora se sepa de algún “pez gordo” (civil o milico) que haya sido condenado por algunos de esos latrocinios. Siempre, desde la trastienda, el brazo poderoso de los capitostes ampara complacientemente a los autores y los deja impunes.
Los venezolanos de anteriores generaciones; de la actual, así como de las futuras que habrán de venir; querámoslo o no; verán con desprecio ésta época. Sentirán repugnancia e indignación por la pobreza de conducción y la incapacidad organizativa que la caracteriza. No se trata de que “nos comimos el petróleo”; no es que nos lo quitaron los imperialismos; no es que no tuvimos ocasión de valernos de él provechosamente. Es que lo quemamos –con la ayuda significativa del actual régimen– sin tener siquiera el gusto estúpido de verlo arder. Hicimos inmensas fogatas y las dejamos abandonadas, indiferentes por nuestra pasividad, en parte, del espectáculo. El humo de la quema sobrecogedora es lo que los adalides robolucionarios han denominado “el proceso revolucionario”. La responsabilidad es común (Aún estamos a tiempo de corregir los errores: “enderezando entuertos”) a la Fuerza Armada Nacional por haberse constituido, con el inefable apoyo de las bayonetas, como soporte de un sistema aparentemente democrático, pero a todas luces inconstitucional por ilegítimo. Porque lo toleraron y se quedaron cruzados de brazos. Apoyando, por acción u omisión, a los políticastros de toda laya (incluidos los jefes milicos que les son consustanciales) quienes globalmente tienen a su cargo la corresponsabilidad en la conducción de los destinos de la república.
He dejado de último lo relativo a la obligación indelegable –de la FANB– de mantener la integridad territorial de la Nación. Es dolorosamente conocido que el cuerpo físico de ésta, es decir su territorio, ha sido mutilado tanto en el oeste (Colombia), como en el este (el Imperio británico y sus sucedáneos; la llamada República Cooperativa de Guyana). Sin que ninguno de los gobiernos venezolanos se haya dispuesto seriamente a reivindicar el territorio nacional birlado. No se pretende ejercitar un chauvinismo decadente y prepararnos para la guerra. Lo que se trata es de hacer valer un país potente, dentro de nuestras específicas capacidades, para convencer realmente en el momento dado a los vecinos invasores; y a que preservemos, como corresponde, lo que justamente es nuestro.
En este orden de ideas es necesario señalar la responsabilidad, por el manejo inescrupuloso del problema, de Hugo Chávez y del canciller atornillado por varios años. El ahora presidente de la república. No es un secreto la obsecuencia de ambos mandatarios con Fidel Castro y el acatamiento a la geopolítica caribeña implementada por el dictador cubano. Esta mansedumbre ha puesto en riesgo inminente que la disputa territorial sea resuelta en un tribunal internacional donde no existen, por razones de diversos tipos –menos por los jurídicos apropiados– una posibilidad cierta de reivindicar el territorio arrebatado. El internacionalismo trashumante practicado aún por “dinosaurios insepultos” ha hecho factible que Venezuela, a corto plazo, sea mancillada nuevamente y de manera impune.
Los dos últimos mandatarios venezolanos –por acción u omisión– han permitido por una inadecuada política internacional dirigida por cancilleres en mangas de camisa y de enaguas desteñidas. No calificados intelectualmente; aunque fiel ejecutores de la política internacional propugnada por el presidente en funciones, propicie la ya inminente pérdida territorial. Han puesto por encima de los altos intereses nacionales, el predominio de consideraciones ideológicas emanadas de un comunismo desquiciado, trasnochado y en desuso. Cuya supervivencia está representada en la actualidad por Raúl Castro y Kim Jong-un. El hecho reviste gravedad y tiene dos consecuencias irreversibles: desde el punto de vista del ordenamiento penal positivo venezolano (4); ¿alguien duda de que la consolidación de un desmembramiento territorial sea un atentado contra la independencia de la República? En segundo lugar; por tratarse de un tema que le es consustancial a la Fuerza Armada Nacional; le sería permisible a esta –en mi criterio ahora sí– deliberar en el sentido de que ¿Este tipo de política pone o no en riesgo la integridad territorial de Venezuela? (5).
Si en definitiva perdemos el área sin hacer nada por impedirlo; creo pertinente emprender un estudio concientizado. En el sentido de que si está justificado o no; el necesario pero costoso mantenimiento de un aparato militar ineficaz para defender la soberanía nacional; aunque muy eficaz para reprimir a la ciudadanía inerme que hace uso del legítimo derecho constitucional de protesta.
Notas:
- Coup d’ etat. Artículo mío publicado en este diario el año pasado.
- La concordancia con el artículo 25 establece que cualquier acto en contrario de la Constitución y las leyes es nulo sin que sirvan de excusa las órdenes superiores. Para los “eventuales problemas de conciencia”; en el sentido de obedecer las órdenes de un superior, prevalece el criterio de que se debe obedecer antes que nada a la Constitución Nacional.
- Mención especial y recordatorio necesario en la hora actual lo constituye la célebre interpretación de la inefable Sala Constitucional del TSJ donde se le confiere la facultad expresa a la FANB de participar de manera activa (Corear consignas partidistas, entre otras actividades, en actos castrenses etc.) en pleno ejercicio de la política ordinaria.
- La fiscal general de la República se encuentra en estos instantes gozando de inusitada popularidad generada por sus últimas declaraciones. Creando expectativas para algunos. En lo particular le sigo concediendo –temporalmente– el lapso por el beneficio de la duda. ¿Será capaz?… de acuerdo con sus atribuciones, de: “Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”. (Art. 285, ordinal 5° CN).
5. Como antecedente cercano, podemos señalar la célebre “Asamblea Castrense” celebrada en el anfiteatro de la Academia Militar de Venezuela con oficiales de la Guarnición de Caracas en presencia del entonces canciller Zambrano Velazco. Relacionada a los acontecimientos conectados a las pretensiones colombianas en el Golfo de Venezuela. Donde hubo un “estruendoso” rechazo a la hipótesis planteada. Bajo el gobierno del doctor Luis Herrera Campins.
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