Toda persona, desde el momento en que nace, tiene derecho a una identificación. Así lo establece claramente el artículo 8 de la Convención del Derecho del Niño. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza que tenemos derecho de circular libremente y de salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar. Para que esto se cumpla se debe tener la debida identificación, sea cédula o pasaporte.
A las tantas dificultades que se suman en la Venezuela de estos tiempos nos encontramos con la del otorgamiento de pasaportes y su renovación. Para nadie es un secreto, y el propio gobierno lo ha reconocido. En algunos momentos han avanzado y en otros retrocedido. Hay incapacidad estructural para resolver el otorgamiento de estos instrumentos de viaje. Se necesitan políticas eficientes, y hay que combatir las mafias que han existido por décadas y en distintos formatos, interesadas en mantener un statu quo de caos para beneficiarse de la necesidad de las personas.
Es una obligación garantizar las debidas identificaciones para viaje y para cumplir con regulaciones internacionales, y además ser consecuentes con un precepto constitucional (art. 50) que establece que todo ciudadano tiene derecho de ausentarse del país. Si se duplicara la vigencia del pasaporte a 10 años, se cobraran al precio de su verdadero valor de emisión y se mejorara el servicio de registro y entrega, se reduciría parte de la presión.
Muchos países de la región, dada la dificultad de los venezolanos para obtener pasaportes o renovarlos, les han permitido la circulación sin requerir el documento. Es, sin duda, un avance y una práctica que se suma a otras que la comunidad internacional ha implementado a través de varios acuerdos para la libre circulación de personas, UE, Mercosur, Centroamérica, CAN, entre otros. Una resolución de la Unión Europea en ese sentido sería de utilidad para miles de venezolanos con dificultades de actualizar sus documentos de viaje. Pensemos en cuántas vidas se hubiesen podido salvar y cuántas se salvaron gracias a la discrecionalidad de muchas autoridades que facilitaron la movilidad de personas sin identificación o perseguidas por su país de origen, raza o religión durante la Segunda Guerra Mundial.