Opinión

El extraño asesinato de los periodistas

La ejecución del equipo del diario El Comercio de Ecuador, integrado por el periodista Javier Ortega Díaz, el reportero gráfico Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, a manos de su secuestrador, el comandante del bloque narco-guerrillero de las FARC “Oliver Sinisterra”, Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, le llega como anillo al dedo y beneficia a los narco-gobiernos socialistas de Cuba y Venezuela. Le pone sordina a la VIII Cumbre de las Américas, que llama a estrados a sus dictadores por tóxicos para las democracias y por afectar la gobernabilidad de nuestras sociedades.

Raúl Castro y Nicolás Maduro son los emblemas protuberantes de la corrupción hemisférica. Ella motiva el encuentro de los presidentes de los países miembros de la OEA reunidos en Lima. Pero muy podrido, algo más destila sus humores y llena el ambiente de pestilencias alrededor del asunto de los periodistas ecuatorianos asesinados.

Las líneas de interés se cruzan sin querer queriendo. Fijan un perceptible contexto que cabe despejar con cuidado. Acaso deberán hacerlo los gobiernos americanos sin dobleces ni trastiendas ni disimulos convenientes, para que en la escena de la política se deslinde entre lo que es inherente a la política de lo que es el uso de la democracia no solo para vaciarla de contenidos, sino para disponerla como instrumento de los negocios del narcotráfico, como en los casos citados, los de Cuba y Venezuela.

Cuatro días antes de los hechos, el 9 de abril, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, es informado sobre la decisión de la Fiscalía, a cargo de Néstor Humberto Martínez, de hacer preso a Jesús Santrich, el Ciego. Es uno de los negociadores de los acuerdos de paz de La Habana. Ha seguido en el narcotráfico y se le reclama desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los acuerdos de paz garantizan la no extradición de los miembros de las FARC por sus graves crímenes, entre estos el de narcotráfico. Lo de Santrich queda fuera de ese espacio de impunidad, por ocurrir en fecha posterior. Aun así, las FARC, maquinaria criminal hoy transformada en partido político, reaccionan y se solidarizan con quien es uno de sus jefes. Denuncian que se ponen en peligro los acuerdos alcanzados entre la amoralidad criminal y la decencia ciudadana. Y al caso, desde Venezuela, el dictador Maduro les sirve de caja de resonancia. Asume como propia la cuestión y repite que Estados Unidos tiene las manos metidas en el desaguisado. Es una trampa. Afirma que Colombia y Santos se burlan de los convenios.

Es lógico que el tema, sin duda inesperado para el gobernante neogranadino, alguna incidencia tenga en el desenlace de las elecciones presidenciales que fijarán el término del mandato de este, quien se apresura a deslindar, obviamente, entre una y otra cosa: los acuerdos con las FARC y las mismas FARC, y el grupo irredento que decide seguir en la guerra y en el mercado de narcóticos.

Se habla, así, de “un remanente de la guerrilla de las FARC”, en El País de España. “Grupo disidente” le llama El Tiempo de Bogotá. Entretanto, los gobernantes de Colombia y Ecuador citan al “grupo delincuencial”, al “grupo criminal” como lo precisa Santos.

Las dos perspectivas, sin embargo, se juntan. El hilo de Ariadna que las ata es inocultable. Es el narcotráfico y su avance, su presencia envolvente, que no alcanza a diluir los acuerdos de paz como se demuestra.

En su comunicado, que algunos medios califican de “supuesto”, el grupo narco-guerrillero de Guacho defiende su insurgencia argumentando el incumplimiento de Colombia de los acuerdos de paz y esgrimen que sus asesinados son bajas de guerra por la burla de las negociaciones emprendidas con el gobierno de Lenin Moreno. Casualmente, entre los culpables del “fatal desenlace” que menciona el texto se encuentra el fiscal colombiano que apresa a Santrich.

Parece, pues, que los obstáculos que para el éxito electoral encuentra el candidato cubano-venezolano Gustavo Petro y el costo que le significa a Santos la endeblez de los acuerdos, por haber resuelto sobre la violencia en Colombia sin tocar su razón de fondo –el inexpugnable y multimillonario “negocio” de las drogas, cuyas rutas y dineros no revelaron las FARC en los encuentros de La Habana– ahora mueve intereses coludidos en la estabilización de Maduro, como alternativa.

El ruido de las ejecuciones, qué duda cabe, distrae lo esencial. La opinión mirará como hecho secundario la condena hemisférica del dictador venezolano y su tutor, Raúl Castro, por una cumbre en la que ha puesto sus castañas al fuego la administración de Donald Trump.

Al término, la consigna con la que los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana derrotan electoralmente los acuerdos de La Habana ahora reúne, paradójicamente, las causas de Santrich y la de Maduro con la de Castro y con la del Guacho: ¡La paz sí, pero no así!

El negocio es intocable. Sacrifica a periodistas, como a diario son sacrificadas por igual motivo miles de víctimas en Venezuela.

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