El principio de causalidad aplicado en el análisis geopolítico permite considerar las desigualdades económicas, sociales y culturales como obstáculos para formular la hipótesis de igualdad, que en el sistema democrático produce una tensión moral en las ideas y las preferencias de los votantes. La autosatisfacción aparente que individualmente puede derivar, independientemente de la equidad procedimental y la justicia de los resultados, debería fundamentarse en el interés común construido con el ejercicio político a través de la alternativa constituida por la representativa democrática de los candidatos.
Pero cuando viene eliminada la contraposición ideológica sustantiva de los actores, por la cual la representatividad de la oposición supuestamente menor (Falcón) viene utilizada para soportar la del mayor (Maduro), y la presumida distinción programática viene formulada por la ilusión de vender soluciones “iluministas” y una identidad que no se fundamentan en un proyecto político ni en una convergencia consolidada por los aportes de los factores socio-económicos de la sociedad, sino en la referencial credibilidad que Eduardo Fernández otorga al escarzo funcionalismo que a nivel internacional sería garantizado por algunas relaciones profesionales para permitir la recuperación económica del país, se propone otra ficción sustancial de la realidad que encuentra el consenso de quien, bien mimetizado en la oposición (sin pensar en una quinta columna) argumenta la necesidad de participar en las elecciones a pesar de reconocer que “el régimen madurista es una dictadura totalitaria, de orientación marxista, que siempre tratará de preservar el poder a cualquier costo”. Con ostensivos argumentos estratégicos Fernando Ochoa Antich añade que “…los escenarios posibles para debilitar su base de sustentación son la vía electoral, la salida militar y la intervención militar multilateral”. Y argumenta: “La crisis que generan las elecciones influirá en el desarrollo de cualquiera de los otros escenarios posibles”.
Pero parece un exabrupto “considerar una absurda diatriba: votar o abstenerse” si la lógica de la racionalidad todavía tiene motivo de existir, bajo esta interpretación, “la crisis” sería generada por el gobierno por no aceptar la victoria electoral de la oposición, hipótesis sugestiva si fuese real. Es lo que pregona Claudio Fermín, jefe de la campaña electoral de Falcón, cuando, con la presunción que deriva de los éxitos precedentemente logrados en la obsolescencia política, presumidamente proclama: “Si quien lleva la ventaja contra Maduro es Falcón, lo normal es que Bertucci y los demás candidatos opositores se alinearan con Falcón”.
Precisamente se habla del conjunto de la oposición constituida y posiblemente financiada por el mismo gobierno para justificar su continuismo garantizado por el control absoluto de la estructura del sistema electoral, comprendiente los opuestos contrincantes de mayor significación y el árbitro institucional. Se ha creado un instrumento casi perfecto para acelerar, con o sin el consentimiento o la participación del pueblo venezolano, la muerte de la libertad en la patria venezolana. Con símil estructuración electoral, se desconectan los enchufes de los valores y principios de la democracia real y de la Constitución. Los buitres de siempre, sin escrúpulo ni moral, con el oportunismo que caracteriza el aprovechamiento de lo que queda de un país depauperado y saqueado, se unen para repartir las sobras del botín mediante el intervencionismo público, mientras que el debate sobre la justicia distributiva, las inmerecidas desigualdades, las intervenciones legítimas de un igualitarismo jurídico y formal, se aleja cual estorbo del nebuloso pensamiento sustitutivo y de la innecesaria responsabilidad política.
Es un contexto que desincentiva la participación de los ciudadanos, de hecho se anulan el asociacionismo popular, las iniciativas sociales de presión política, las ONG, la formación de una opinión pública crítica y madura, la transparencia y pluralidad informativa, el análisis sobre el origen de los fondos utilizados para la propaganda y la organización de los comicios. No se tiene alguna creatividad y se repiten clichés obsoletos para la continuidad y el cultivo del conuco individual y de los grupitos, se resucitan personajes que hicieron historia y que de una forma u otra contribuyeron a crear, en tiempos y formas diversas, las condiciones del deterioro político de la cuarta república y/o promovieron la instalación y consolidación de la revolución castro-comunista bolivariana.
Una efectiva libertad política presupone otros parámetros para alcanzar una visión del Estado, que permita la funcionalidad institucional del sistema democrático. La distinción entre libertad negativa y libertad positiva, a la cual hemos hecho referencia en otro escrito, tiene capacidades desiguales en ejercer influencia sobre las decisiones de los ciudadanos. La libertad negativa porque ante la duda de lo que tenemos que hacer, lo primero es protegerse contra el “dictado y la imposición” de los demás; es decir, la sensación subjetiva más primaria de la libertad cual aspiración humana y universal. La libertad positiva, mucho más difícil de alcanzar, porque requiere “la ausencia de la interferencia” de los demás: la escasez de los recursos, de la justicia, de la equidad, a priori implica una redistribución generalizada por la cual, en aplicación del principio de la diferencia de Rawls, la libertad positiva queda de ser privilegio exclusivo de unos cuantos. Así que, ni la libertad como interferencia ni la libertad como dominio agotan el significado de la libertad política, que exige, como autodominio que “los demás no intenten ni puedan dominar mí vida”.
El gobierno gana la elección, con y sin la participación de la oposición. En cualquier caso se darán las condiciones de los otros escenarios mencionados, a los cuales, en coherencia con nuestra postura, auspiciamos que se pueda concretamente configurar, en salvaguardia de la perspectiva de una firme recuperación del sistema democrático, aquello que ve estratégicamente, como solución posible de la crisis, un gobierno de transición cívico-militar realizado por la conjugación y conjunción de la Fuerza Armada Nacional con los sectores democráticos de la sociedad civil, los trabajadores, los estudiantes y los universitarios, los emprendedores: todos interesados en la recuperación económica y en la reconstrucción de la soberanía e identidad del país.
La comunidad internacional emitirá su juicio y tomará sus decisiones: el fantasma de una dependencia vieja o nueva está allí. El cumplimiento de las obligaciones asumidas se configura como factor determinante para las formas y tipificaciones de las soluciones. Será el comportamiento de los venezolanos que definirá la dimensión de las ayudas humanitarias irrenunciables en alimentos y medicamentos, de las diferentes formas de intervenciones para el funcionamiento de los servicios fundamentales, de las inversiones indispensables para la recuperación del aparato productivo; igualmente se deberá enfrentar el abanico de las consecuencias que se configurarán en cada sector, el precio a pagar por los errores cometidos y, en fin, decidir si en el futuro el país pertenecerá a la civilización del mundo occidental o si emprenderá un camino hacia lo desconocido, ampliando el riesgo de la precaria supervivencia individual y colectiva.