Si bien amenazado por las arremetidas de los euroescépticos en todas sus versiones, el conjunto comunitario europeo resiste y actúa desde una institucionalidad laboriosamente construida en beneficio de los Estados, las sociedades, las economías, la política interior y las relaciones exteriores del continente. Desde su organización para los asuntos internacionales se ha venido definiendo una posición común ante la crisis venezolana.
Sea desde las reuniones de cancilleres en el Consejo Europeo, la voz de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la del presidente de la Comisión Europea o las seguidas resoluciones del Parlamento, la situación venezolana sigue siendo atendida con especial cuidado desde el otro lado del Atlántico. Cuidadas en fondo y forma, en contenidos y procedimientos, las posiciones europeas se forjan a partir del respeto a la pluralidad entre sus miembros con el empeño que supone conjugar una política externa común y de seguridad a partir de intereses y principios tan diversos como el espectro de posiciones representadas en cada una de sus instancias, particularmente en el Europarlamento.
Así se confirma en la articulación de posiciones sobre Venezuela, cosa que no ha sido fácil entre socios que, si bien comprometidos con normas y principios comunitarios, han tenido diferentes perspectivas ante nuestra crisis. Ahora, ante la magnitud de su agravamiento y su desbordamiento exterior son cada vez mayores las coincidencias y difíciles las disidencias europeas sobre el diagnóstico y sobre la importancia de coherencia en la estrategia. Son denominadores comunes que conviene recordar, especialmente porque no solo han sido el resultado de consultas y negociaciones entre los gobiernos, sino que se reflejaron también esta semana en el debate parlamentario europeo sobre la situación venezolana y en otras declaraciones de funcionarios de alto nivel.
Lo naturalmente compartido, por inocultable, es el reconocimiento de la magnitud de la situación por las evidencias de graves violaciones de derechos humanos, ya en la antesala de la Corte Penal Internacional, y por el efecto material inmediato y más visible, como es su impacto sobre los ciudadanos europeos que residen en Venezuela y el voluminoso flujo de migración forzosa. Pero lo compartido no se agota en los efectos de la crisis: las coincidencias se extienden al diagnóstico, preocupación y disposición a continuar actuando para contribuir a las soluciones de fondo, que atiendan a las causas del desbordamiento. A ellas vuelven las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el miércoles pasado y, muy especialmente, las de Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tanto después de la reunión del Consejo de Ministros del pasado 22 de octubre como antes y después de la atención al caso venezolano en la sesión parlamentaria del 23. Estas últimas ofrecen referencias importantes al mundo, a los gobiernos latinoamericanos, al de Venezuela y a los venezolanos.
Lo primero es que la plena conciencia sobre lo grave de una situación cuyo empeoramiento en todos los registros se acelera y cuyos riesgos crecen cada día está acompañada por la disposición a continuar actuando. Esa actuación seguirá orientándose a contribuir a una solución pronta, pacífica y democrática, liderada por los venezolanos. El propósito continúa siendo la exigencia de elecciones libres, la liberación de presos políticos y el pleno respeto a la Constitución. Aunque lo que se hace es reiterar la agenda conocida, es todo menos ingenua la posición que, por una parte, sostiene que no reducirá la presión y, por la otra, reconoce que no hay condiciones para mediación diplomática alguna, pues no las hay para diálogos. Con esto no se niega la necesidad de trabajar, paralelamente con las sanciones que en efecto acaban de ser prorrogadas, en lo que la alta comisionada ha llamado el intento de “un proceso político” para crear las condiciones a una solución política, lo que ha presentado con insistente y expresa referencia a sus limitadas expectativas.
De los acuerdos en el Parlamento y entre gobiernos europeos que en los próximos días podrían lograrse y dejar ver su materialización en iniciativas específicas, quedan a la vista varias referencias importantes para los actores democráticos internacionales entre quienes, por sus razones y modos de actuar, tanto importa la Unión Europea. Algunas de esas referencias son: lo limitado de las expectativas de una solución política no debe llevar a reiniciar diálogos para los que no hay condiciones, pero tampoco debe detener las iniciativas para presionar por esas condiciones; no ha de perderse en el camino el sentido político, instrumental de las sanciones que, por eso mismo, son eventualmente reversibles; el mensaje a los demás actores internacionales, aliados y críticos del gobierno venezolano, así como a todos los venezolanos y a su dirigencia política, recuerda su responsabilidad, lugar y papel en el proceso político para llegar por la vía menos traumática a la solución democrática que permita reconstruir libertad, prosperidad, seguridad y tranquilidad entre nosotros.
Finalmente, cual nota a margen: qué pena que en Latinoamérica hayamos desaprovechado, y hasta rechazado, los aprendizajes de la experiencia de integración europea.