Opinión

Estudio del arco minero del Orinoco

Manuel Narváez  @axiomanuel

Siguiendo el orden establecido en el artículo publicado previamente, en el cual nos referimos al contenido de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, hoy nos referiremos a los artículos 5, 6, 7 y 8 de este decreto.

El artículo 5° establece que la zona de desarrollo estratégico será coordinada por un Consejo de Gestión y que este está compuesto por: un coordinador, un representante de cada vicepresidencia sectorial, y miembros de los diferentes ministerios que componen el Poder Ejecutivo. Ahora, la designación de los miembros de las tres subdivisiones anteriormente descritas será aprobada por el presidente de la República –según los artículos 5° y 6°– y dicho consejo tendrá como función primaria el “otorgamiento de permisos relacionados con la Zona de Desarrollo Nacional Arco Minero del Orinoco”. Así, por último, deja pendiente la elaboración y promulgación del reglamento interno del Consejo de Gestión, y el nombramiento de los funcionarios de secretaría.

Para establecer la extensión de la dependencia del Poder Ejecutivo que afecta a este coordinador, creo conveniente transcribir el artículo 6°, el cual complementa al artículo 5°. Veamos.

“Artículo 6°. El Presidente de la República designará un Coordinador o Coordinadora de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, quien dependerá del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia minera a efectos de coordinar las políticas específicas u sectoriales dentro de la poligonal de la Zona”.

Luego en los artículos 7° y 8° se establecen las competencias del coordinador, quien, según este mandato, será responsable de: la administración, fiscalización e inspección de las actividades mineras, actividades conexas y su planificación, así como de crear los comités de gestión que estarán encargados de emitir los permisos necesarios para la actividad minera y conexas; y ultimadamente, gestionar la simplificación de los trámites que sean requeridos por otros entes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, todo lo cual es de suma importancia para entender la extensión del poder otorgado a este coordinador, ya que, como se ha visto, no solo coordina el desarrollo de la actividad minera en la zona, sino que también puede exigir a la administración regional o nacional la modificación de los trámites administrativos que en su competencia constitucional hayan establecido en estas materias.

Por otro lado, aunque el coordinador depende directamente del ministerio con competencia en materia de minería, y este tiene sus competencias asignadas en el decreto que lo creó, se le atribuye también las siguientes funciones: coordinación, fomento y planificación de las actividades que realicen los entes u órganos de la administración pública.

Se debe concluir entonces que el coordinador tiene amplias facultades para impulsar y coordinar las actividades mineras y conexas a esta, dirigiendo en su totalidad el Consejo de Gestión, según las directrices dictadas por el presidente de la República, hasta el punto de que puede exigir la simplificación de trámites a los entes regionales o nacionales, según lo dicte el Poder Ejecutivo por medio del ministerio con competencia en materia de minería.