Dos hechos contradictorios van a un mismo punto, aunque no lo parezca. Uno, la denuncia de Donald Trump contra la CPI («La CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad»). Otro, la denuncia que ante esa misma CPI seis presidentes firmaron contra Maduro y con lo cual le reconocen esa jurisdicción, legitimidad y autoridad. La convergencia de estas antagónicas posiciones consiste en la misma finalidad: echar a la dictadura venezolana.
La CPI es un aparato tan grande como ineficaz, cuenta con toda una parafernalia de 18 altos jueces que devengan cada uno cerca de 15.000 dólares al mes, más beneficios sociales, pero que en 16 años de funcionamiento solo han producido 4 sentencias. Sus procesos solo pueden ser activados por la fiscal, quien no solo iguala ese jugoso salario sino que tiene un fiscal adjunto y también dispone a sus anchas del presupuesto de su también aparatoso equipo de trabajo, al que corresponde sustanciar los casos que se formulen para presentarlos a una “Sala de cuestiones preliminares”, que a su vez dictamina si se iniciará o no la investigación. Todo esto es regido por una muy enrevesada maraña de reglas y subreglas que facilitan la impunidad de los crímenes cuya persecución se pretenda.
En noviembre de 2016, el canciller de Rusia declaró: “Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio. Dice mucho que en sus 14 años de trabajo, la CPI haya dictado solo 4 veredictos y gastado más de 1.000 millones de dólares”.
La dictadura venezolana tiene una embajadora ante la CPI
Nicolás Maduro Moros nombró a Haifa el Aissami como su embajadora ante ese tribunal mediante acto publicado en la Gaceta Oficial número 40823 del 7 de enero de 2016. Parece absurda la existencia de embajadores ante un tribunal, pero tal cosa lo permite el Estatuto de Roma –que es el código de funcionamiento de la Corte– en su artículo 87.1, aunque es el único gobierno que ha hecho uso de tal atribución. Así la señora El Aissami, quien también es embajadora ante los Países Bajos (La Haya) y es hermana de Tareck el Aissami, tiene acceso ilimitado ante la fiscal y ante los jueces de la CPI, además de autoridad para coordinar con ellos los aportes económicos que el dictador venezolano prodiga a ese tribunal, sin contar que ella vota en la elección de esas autoridades, todo lo cual evidencia su innegable influencia en aquel ámbito.
El tema con Estados Unidos
El pasado 11 de septiembre, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump emitió una dura reprimenda contra la CPI: “No cooperaremos con la CPI. No le prestaremos asistencia. No nos uniremos a ella. Dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la CPI ya está muerta para nosotros”. Y ahora el propio Trump, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, dijo: “Nunca cederemos la soberanía estadounidense a una burocracia que no rinde cuentas ni ha sido elegida por nadie. Rechazamos la ideología de lo global y abrazamos la doctrina del patriotismo”.
Estados Unidos estuvo muy activo en las actividades para la creación de la Corte, designó a David J. Scheffer como jefe de misión y fue uno de los que puso más empeño en ese proyecto, y así trabajó en la Comisión de Derecho Internacional (1994) y luego en el Comité Preparatorio que en 1995 fue creado por la Asamblea General para completar el proyecto del Estatuto de Roma, el cual finalmente y con su firma fue aprobado el 17 de julio de 1998, fecha de nacimiento de la CPI, firma que luego retiró mediante carta el 6 de mayo de 2002 el secretario de Estado en carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, debido a la diatriba que se produjo en Estados Unidos sobre el riesgo de que se le procesara por la ejecución de actividades en el exterior en defensa de la democracia y de la libertad como primera potencia militar, económica y política del mundo.
El excepcionalismo americano
De los debates que a lo interno se produjeron en Norteamérica surgió una tesis que se ha denominado “excepcionalismo americano”. Consiste en afirmar que siendo Estados Unidos la nación donde como en ninguna otra rige el respeto a la ley, y que está indisolublemente comprometida con la libertad y la democracia, pudiera ser enjuiciada fuera de su propia jurisdicción, precisamente por ir hacia otros lugares del mundo en defensa de tales valores donde se encontraran atacados. La cesión de soberanía norteamericana en favor de la CPI se entendió como un acto de debilitamiento y de grave riesgo a su propia seguridad nacional, y que se le coartaría grandemente su vocación de socorrer a otros pueblos que estuvieran sometidos a grave deterioro del sistema democrático. Es así como en su reciente comparecencia ante la ONU, además del duro discurso de Trump en la ONU, el pasado 11 de septiembre, su asesor de Seguridad Nacional John Bolton dijo que podrían aplicar sanciones a los jueces y a la fiscal de la CPI, como prohibirles la entrada a su territorio, procesarlos por sus tribunales, decomisarles bienes y otros.
Coincidencias
Los presidentes de Canadá, Chile, Paraguay, Perú, Argentina y Colombia presentaron una denuncia ante la fiscal Fatou Bensouda respecto a los hechos criminales de la dictadura venezolana, la cual a su vez está en la mira de Trump. Esto implica que ellos están legitimando la CPI con su denuncia para atacar a Maduro, lo mismo que hace Estados Unidos poniendo todas las opciones en juego para la misma finalidad. Es de considerar que ahora, si la fiscal sigue protegiendo al dictador –como hasta ahora ella y su antecesor Luis Moreno Ocampo lo han hecho– podría estar dando una vuelta más a la soga que le tiene en el cuello nada menos que la primera potencia mundial.