Las definiciones del Estado son innumerables. Esta multiplicidad se debe a la diversidad de puntos de vista que expresan diferentes autores. El geógrafo identifica al Estado con un territorio, el sociólogo lo confunde con la diferenciación entre gobernantes y gobernados, el historiador lo ve como una manera de ser de la nación, el jurista lo asimila a un sistema de normas (H. Kelsen), el filósofo lo tiene como “la sustancia ética consciente de sí misma” (Hegel), el economista, según la escuela a la que pertenezca, lo considera como la autoridad planificadora suprema, o según F. Bastiat, como la “gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza de vivir a expensas de todo el mundo”. El poeta propone su interpretación, ya que denuncia al Estado “como el más frío de los monstruos fríos”, ya lo mira como “el muro que rodea el jardín donde crecen las flores y los árboles frutales de la humanidad” (Hölderlin).
Aparentemente son más satisfactorias las definiciones eclécticas que asocian en una misma noción elementos materiales como la población y el territorio y un elemento espiritual: el poder de dominación, lo cual lleva a la fórmula de R. Carré de Malberg (Contribution à la Théorie Générale del’Ëtat), para quien el Estado “es una comunidad de hombres, fija sobre un territorio propio, con una organización de donde resulta para el grupo, en sus relaciones entre los miembros, un poder supremo de acción, de comando y de coerción”, definición que al repensarla se nota que carece de homogeneidad, esto es, al añadir vacas con vacas resulta un rebaño, pero al adicionar el ganadero, los obreros, y el terreno resulta una noción confusa, por lo cual hay dificultades linguísticas para tratar al Estado, las cuales provienen de que este no pertenece al mundo de los fenómenos concretos. Nadie lo ha visto jamás. Pero como no podemos dudar de su realidad, nos lleva a pensar que se trata de un concepto, esto es, el Estado es una idea. Existen unos edificios, estructuras, instituciones, personal administrativo, pero nadie sabe dónde está el Estado, por eso es casi una entelequia.
Si el Estado es una idea, entonces solo existe porque es pensado. Es en la razón de ser de este pensamiento donde reside su esencia; esta razón no es misteriosa, es de una gran simplicidad: el hombre inventó el Estado para no obedecer a otro hombre. La idea del Estado procede de la preocupación de desvincular las relaciones de autoridad y obediencia de las relaciones personales de jefe a sujeto, de donde se deduce que el Estado es un soporte de un poder que trasciende la voluntad individual de las personas que lo comandan, presiden. Si todas las sociedades políticas, desde las más primitivas hasta las más refinadas comportan siempre un poder que pretende tomar a su cargo los intereses comunes del grupo, este poder no toma siempre las mismas formas, pero lo importante es que pretende ocuparse de los intereses comunes de la sociedad cualquiera sea su nivel de desarrollo.
Después de la gran depresión económica de la década de los treinta del pasado siglo XX, en Estados Unidos y sus repercusiones en otros países, el Estado tomó a su cargo instrumentar políticas para sacar esas economías de la depresión, motivadas susodichas políticas en las teorizaciones del gran economista inglés John Maynard Keynes, quien publicó, en 1936, un tratado titulado The General Theory of Employment, Interest and Money, donde postulaba que ante las dificultades económicas el interés común radicaba en que el Estado asumiera una política fiscal, de gasto público e impuestos, que crease demanda (consumo e inversión) para halar la oferta y generar empleos. Desde ese momento el Estado pasó a tener esas funciones económicas que se añadieron a las tradicionales, es más, se atribuyó otras actividades auspiciadoras de demanda, llegándose a crear el Estado de Bienestar, que buscaba erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades, y se redactó un cuerpo teórico creándose una especialidad llamada Welfare Economics.
En Venezuela, la actuación del Estado está regida, aunque dista mucho de eso, por una serie de principios y normas plasmados en la Constitución de 1999, se consagra la garantía de los derechos humanos, de la educación y salud gratuitas, la libertad, los servicios básicos. Sin embargo, lo primero que se observa es que los dirigentes del Estado chavista prefieren robarse los fondos públicos que gastarlos, como exige la Constitución, en generar bienestar social, en superar las vicisitudes colectivas, más bien translucen indolencia al través de un ejercicio hedonista y terrorista del poder, lo cual es una aberración, terrorismo que se manifiesta en la organización de grupos paramilitares para amedrentar, apresar y asesinar ciudadanos, en la persecución del que piensa distinto, de periodistas que ejercen su profesión, se les coarta la libre expresión del pensamiento y de prensa, se forjan expedientes judiciales, se detienen sin juicio diputados y otros dirigentes políticos, así como cercenan derechos políticos de los que se ponen en libertad: hay más 800 presos políticos y más de 8.000 ciudadanos con obligación de presentación ante las autoridades periódicamente.
En salud pública el deterioro es evidente por el brote de epidemias que habían sido erradicadas, como: sarampión, difteria y malaria; fallecen hemofílicos de hemorragias al no contar con los medicamentos, los que no pueden practicarse diálisis al carecer de los insumos y de electricidad, los que padecen cáncer, enfermedades cardiovasculares, y lo más impactante: el deceso de cantidad de niños en hospitales especializados y en otros por carecer de los medicamentos y atención adecuada, los niños que fallecen por desnutrición, acarreando un aumento alarmante de la mortalidad infantil, que aunada con la de los adultos desprotegidos desemboca en disminución de la esperanza de vida, como puede verificarse fácilmente.
En educación, la situación no es menos decepcionante, puesto que abunda el deterioro de la planta física de escuelas, liceos, universidades, en muchos de ellos los baños no funcionan, abundan las goteras, campea la inseguridad con vendedores de drogas, ausentismo por falta de alimentación y transporte, salarios míseros del personal docente que ha estimulado las renuncias y migraciones, más de 300.000 docentes han abandonado sus actividades, secuestran el presupuesto de universidades para coaccionar la opinión política de docentes y eliminar actividades de investigación.
La seguridad colectiva es una de las funciones esenciales del Estado que debe proteger al ciudadano común de las agresiones do otros conciudadanos, lo cual está en el origen mismo del pacto creador del Estado en todas las sociedades cualquiera que sea su nivel de desarrollo; sin embargo, no existe mayor desidia que la mostrada por las instituciones estatales encargadas de la seguridad colectiva en general, comenzando por la su integración, en parte, con delincuentes comunes, con prontuario reconocido, que los hace enemigos de la población en lugar de establecer una relación amistosa entre policías y ciudadanos, que las más de las veces son agredidos, asesinados por agentes de policía y otros grupos paramilitares, que acarrea casi siempre estadísticas anuales alarmantes de fallecidos (más de 25.000 en 2018) en encuentros conflictivos con delincuentes y policías,
El venezolano dejó de disfrutar de un cierto nivel de vida porque lo acosan la inseguridad, la insalubridad, no cuenta cómo educar a sus hijos, no puede expresarse libremente porque inmediatamente pasa a una lista de enemigos del régimen, carece de elementales servicios eficaces como el suministro de electricidad y agua, entre otros, lo agota la hiperinflación. Por eso, el Estado ha sido un adversario del ciudadano durante estos últimos 20 años de chavismo a causa de omisión, negligencia y corrupción, un enemigo deseoso de apoderarse de los recursos financieros públicos abandonando a la ciudadanía, cundida de vicisitudes insuperables, contrariando así lo pactado en la constitución vigente, máxime ahora cuando se anuncia una contracción, en 2019, del producto interno bruto (PIB) de 25%, que se añade a la ya registrada entre 2014-2018 de casi 50%, mejor dicho, para finales de 2019 el PIB se habría contraído alrededor de 75%, esto es, la producción nacional será menor en casi 75% a la de 2013, acarreando más escasez y desabastecimiento en general con sus consecuencias políticas y sociales.
Una misión fundamental es convertir al Estado en promotor del desarrollo nacional, sin lo cual es casi imposible lograr el desenvolvimiento esperado, dadas las características de dicho Estado, pero es indispensable que no lo ocupen, dirijan, corruptos.