“De nuestras investigaciones queda claro que las siguientes instituciones del Estado están a cargo, a sus más altos niveles de dirección, por individuos que consideramos que están involucrados o lo han estado, con actividades criminales: la Vicepresidencia, ministerios de Relaciones Interiores, Defensa, Agricultura, Educación, Prisiones, Comercio Exterior E Inversiones, Energía Eléctrica, Guardia Nacional, Sebin y Pdvsa. La penetración de tantas organizaciones claves del Estado, cuya misión debería ser, precisamente, el combate contra el crimen organizado, significa que Venezuela no está en capacidad de luchar contra el crimen organizado y combatirlo con sus propias fuerzas. Con tantos actores estatales interesados en la actividad criminal, sea el contrabando de petróleo, el mercado negro de alimentos y medicinas o el tráfico de cocaína este solo factor sugiere que Venezuela califica como un Estado mafioso”.
Los términos de este exhaustivo estudio proveniente de un organismo de observación internacional que se encarga de seguirle la pista a las actividades criminales de Estados forajidos y continúa el excelente trabajo de Moisés Naím sobre el crimen global, no dejan dudas sobre la naturaleza forajida, narcoterrorista y criminal del Estado venezolano. Un caso, hasta ahora, único e inédito en nuestro hemisferio, con la excepción de Cuba, que jamás alcanzó la dimensión de criminalidad, control, dominio y centro de mafias sobre el edificio del Estado como al que ha llegado nuestro país. Y que para reafirmar su naturaleza estrictamente revolucionaria y, por ello, supuestamente legítima de su dictadura, fusiló luego de un juicio expreso y sumario a Arnaldo Ochoa Sánchez y Tony de la Guardia bajo la acusación de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Dada su naturaleza eminentemente criminal, no son los organismos políticos internacionales ni la diplomacia tradicional el marco apropiado para su análisis y resolución: lo son las instituciones y Estados garantes del orden policíaco mundial. Y sus organismos de cautela de la criminalidad en el ámbito global, pues el Estado venezolano hace ya mucho tiempo dejó de constituir un problema estrictamente local o regional, de política interna, para convertirse en un auténtico problema de naturaleza internacional, policial, criminal. Incluso global. Como los crímenes que ejecuta, propios de la época de la globalización.
El Diario de las Américas ha cumplido su arduo trabajo de investigación y acopio de datos sobre la íntima relación de las autoridades venezolanas con el narcotráfico internacional, publicando otro exhaustivo informe divulgado por la red a través de Infobae, uno de los medios más activos en la difusión informativa de las Américas: “El gobierno estadounidense ha desenredado una organización extensa dedicada al tráfico de drogas en Venezuela que podría llevarse por delante al ex vicepresidente del país Tareck el Aissami, que lleva tres años en la agenda estadounidense. La red de tráfico de drogas incluye a generales del Ejército, jueces, funcionarios, empresarios y traficantes de cárteles en Colombia y Venezuela. Varios de los detenidos, ahora en suelo americano, pactaron con el gobierno estadounidense su libertad judicial a cambio de información. Una investigación conducida por el Diario Las Américas logró acceso a testimonios de implicados y documentos oficiales que confirman a 24 cómplices que allanaron el terreno operativo, policial, militar y aéreo. Ese mismo medio desveló que militares y políticos ligados al gobierno de Venezuela pretendían quedarse con todo el pastel. El mecanismo, maquiavélico: los oficiales ofrecieron a los narcotraficantes la seguridad de no ser extraditados si vinculaban a personajes de la oposición en el tráfico de drogas. Toda una maniobra para sacarlos del mapa. Y Hugo Chávez estuvo al corriente de todo”.
Ya entonces, además de vincularse orgánica e institucionalmente al narcotráfico internacional y convertir al Estado mayor de sus ejércitos en un poderoso cártel de la mafia, el llamado Cártel de los Soles, del que la DEA recabó informaciones completas mediante uno de los zares venezolanos de la droga, Walid Makled, Hugo Chávez pretendió utilizar a los narcotraficantes detenidos obligándolos a involucrar a personalidades opositoras. No logró convencerlos, lo que lo llevó a extraditarlos. Es lo que sus secuaces vuelven a intentar levantándole un expediente, si bien de otra naturaleza, a María Corina Machado.
Dado el universal conocimiento de estos hechos, ya públicos y notorios, cabe preguntarse si el grave problema de criminalidad global que representan el Estado y el gobierno venezolanos para la región, el hemisferio y el mundo puede quedar reducido al estricto marco de la política nacional. O, dicho en otros términos, si es posible, justo y correcto que los gobiernos democráticos de la región, el hemisferio y el mundo se laven las manos frente a este sangriento conflicto que nos trasciende dejando caer todo el peso de la lucha contra enemigos tan poderosos, que han logrado hacerse de todos los instrumentos de la violencia y el terror de Estado, como las totalidad de las Fuerzas Armadas y los organismos policiales, a quienes desde los partidos que sobreviven y las escasas fuerzas de nuestra sociedad civil intentamos día a día mantener en alto el nombre de Venezuela y reivindicar nuestras tradiciones democráticas y nuestros profundos compromisos libertarios.
Sabemos que el mundo está atento a nuestras luchas. Sabemos que la opinión pública mundial nos respalda desde la distancia. Pero ni los gestos, ni los escritos, ni las palabras bastan. Llegó la hora de intervenir en nuestra grave encrucijada e imponer, por la razón o la fuerza, tal como reza el escudo patrio de nuestros hermanos chilenos, la libertad y el regreso al Estado de Derecho en Venezuela.