Sí, no tengo dudas. Lo sostengo con pasión venezolana, aunque observo, con angustia, las delicadas consecuencias que puede producir en la negociación con Guyana la antihistórica y aventurera política exterior del régimen chavista-madurista. Una consecuencia de esa perniciosa conducta fue la sorprendente decisión de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, anunciada el 30 de enero de 2018, de remitir la controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, sin haber agotado todos los medios de solución pacífica no jurisdiccionales previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU. La firme reacción de Juan Guaidó, presidente encargado de la República, no se hizo esperar: “La anterior situación es consecuencia de la negligencia e ineficiencia del régimen de Chávez y Maduro al no reafirmar la integridad territorial de nuestro país de acuerdo con la Constitución de la República Venezuela, lo cual compromete el derecho que tienen nuestro pueblo y las futuras generaciones sobre los recursos naturales del territorio Esequibo y su fachada atlántica”.
Cabe preguntarse si esa grave acusación obedece a la diatriba política o si, por el contrario, es una consecuencia de los errores que en materia de política exterior ha cometido el régimen chavista-madurista. Creo lo segundo. Veamos: la firma del Acuerdo de Ginebra se logró gracias al encomiable esfuerzo diplomático de Rómulo Betancourt y de su canciller Marcos Falcón Briceño, al haber logrado que la Gran Bretaña y Guyana, para entonces su colonia, reconocieran que Venezuela tenía fundadas razones legales e históricas que justificaban su reclamación. Esa acción constituyó un triunfo diplomático sin precedentes. A partir de ese momento se generó en nuestra sociedad un gran optimismo y la renovación de la esperanza de redención del despojo territorial sufrido. Se incorporó al mapa de Venezuela el territorio Esequibo, con la leyenda “Zona en Reclamación”, y el lema “El Esequibo es nuestro” se popularizó entre los venezolanos. Dicho acuerdo prohibía al gobierno guyanés otorgar concesiones en dicho territorio.
Sin embargo, ese importante éxito diplomático se ensombreció con la llegada de Hugo Chávez al poder. Su megalomanía convirtió nuestra política exterior en instrumento al servicio de sus aspiraciones de liderazgo mundial, sin importarle comprometer intereses vitales de Venezuela en su afán de lograr el respaldo de distintos gobiernos para garantizar votos a su favor en organismos multilaterales y otras instancias internacionales. Fue así como, en visitas oficiales a Guyana, expresó en el año 2004: “Venezuela no se opone a ningún proyecto de desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por Guyana, si beneficia a su pueblo”; y en el año 2007 mantuvo: “Venezuela inició la reclamación del Esequibo por presiones de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Cheddy Jagan”. Estas entreguistas declaraciones solo buscaban congraciarse con Guyana y los países del Caribe. La verdad histórica es que la reclamación venezolana se inició en 1899, apenas se conoció el injusto resultado del Laudo Arbitral.
Para colmo, Nicolás Maduro, en una visita oficial en agosto de 2013, guardó un ominoso silencio ante el hecho de que Guyana había otorgado, ese mismo año, concesiones petroleras a las transnacionales Anadarko, Exxon Mobil y Shell en el mar territorial correspondiente a la zona en reclamación, con el riesgo de haber podido crear la delicada figura del stoppel, mediante el cual el silencio, en ciertas circunstancias, genera una posible aquiescencia, la cual puede llegar a producir derechos en una controversia. En realidad, y los venezolanos deben saberlo, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desaprovecharon la fuerza que le daba a Venezuela el incremento de los precios petroleros y las ventajas comerciales que concedía a los países del Caribe para lograr que Guyana aceptara una real “solución práctica de la controversia” como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Al contrario, la errática política exterior del gobierno de Nicolás Maduro lo condujo a promulgar, sin mayores estudios, el decreto 1787 del 26 de mayo de 2015.
En ese decreto, redactado en el Ministerio de la Defensa sin consultar a la Cancillería, se definían, mediante coordenadas, varias zonas de defensa integral. Fueron tales los errores que se cometieron que, de inmediato, los gobiernos de Colombia, Guyana y Surinam presentaron las correspondientes notas de protesta, y resaltaron que dichas zonas de defensa abarcaban áreas no delimitadas. En el caso particular de Guyana, la zona de defensa atlántica se proyectaba en el mar mucho más al este que la zona tradicionalmente reclamada por Venezuela, buscando abarcar toda el área dada en concesión por Guyana a la Exxon Mobil. Esos errores tenían que conducir a un inmediato fracaso diplomático. En la Cumbre del Caricom de julio de 2015, los representantes de Venezuela aseguraron de parte del presidente Maduro que el decreto 1787 sería derogado de inmediato. Pese a ese ofrecimiento, el comunicado final atacó con severidad a Venezuela y resaltó que el contenido de ese decreto vulneraba intereses de Guyana y otros países del Caribe.
Así las cosas, Guyana utilizó, a su favor, la absoluta ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro para presionar a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, con el fin de lograr que enviara el diferendo territorial con Venezuela a la Corte Internacional de Justicia, a pesar de no haber agotado todos los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de dicha organización. El régimen chavista-madurista mantuvo, por veinte años, los buenos oficios como el medio de solución pacífica de las controversias que aceptaba Venezuela, sin tener la iniciativa de plantear otras alternativas. Tanta desidia e incapacidad me condujo a titular este artículo con la pregunta: El Esequibo ¿todavía es nuestro? Venezuela, en medio de su tragedia, tiene destino. A partir del 23 de enero de este año, la representación de Venezuela le corresponde al legítimo gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, quien, en su comunicado del 16 de abril de 2019, establece, muy razonadamente, que la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción para conocer sobre la demanda incoada por la República de Guyana.
Curiosamente, ha empezado a tomar cuerpo la tesis de formar un gran acuerdo nacional para enfrentar tan delicada situación internacional. No dudo que todos los venezolanos estarían de acuerdo. Lo que considero inaceptable es que dicho Acuerdo Nacional sea liderado por Nicolás Maduro y su inexistente gobierno. Su figura, tan cuestionada nacional e internacionalmente, no tiene la credibilidad suficiente para darle la fuerza necesaria. Lo que debe quedar claro es que se requiere actuar con urgencia, serenidad e inteligencia, en la defensa de nuestros derechos, con una representación lo suficientemente capaz profesionalmente para que pueda enfrentar con éxito el reto planteado por Guyana. La firma del Acuerdo de Ginebra demuestra que es posible, con acciones serias y bien fundamentadas, alcanzar importantes objetivos en política exterior. De todas maneras, es imprescindible conocer que mientras no cese la usurpación de Nicolás Maduro es imposible que Venezuela pueda recuperar su prestigio internacional para enfrentar tan compleja situación.