El 26 de enero fue presentado en Caracas el libro Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna. Aproximación al fenómeno y aportes para el análisis de nuevas formas de delito organizado transnacional en Venezuela, de las investigadoras Beatriz Borges Urrutia y Lilian Aya Ramírez, que corresponde al volumen 9 de la colección Monografías “Visibilizando el Delito Organizado”, del Observatorio de Delito Organizado que dirige la asociación civil Paz Activa.
Se trata de una investigación que viene a llenar un importante vacío en cuanto a estudios, trabajos de campo, estadísticas y sobre todo comprensión de la realidad de un problema del país como es el de la esclavitud moderna, tan grave y destructivo –especialmente en el ámbito de los niños y los adolescentes– como la inflación, la inseguridad, la represión política, la abolición de la propiedad, la falta de alimentos y medicinas, o la eliminación casi total de la libertad de expresión.
En la introducción del libro se lee que “…en la actualidad, la esclavitud moderna se practica esencialmente a través de dos principales fenómenos, la trata de personas y la explotación laboral. De este modo, diversos organismos alrededor del mundo consideran entre sus principales manifestaciones al trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, el tráfico de personas, el matrimonio servil y la explotación sexual comercial como las nuevas formas de esclavitud que afectan de forma diferenciada a ciertos sectores de la sociedad, especialmente mujeres y niños, por ser grupos poblacionales estructuralmente vulnerables y sometidos a distintas formas de discriminación y abusos” (p. 12).
Al profundizar un poco más en el análisis, con apoyo en investigaciones de la reconocida periodista Lydia Cacho, se explica que además de la trata de personas, las modalidades más conocidas de esclavitud moderna son: “1) Trabajo forzoso u obligatorio: (…) todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente (…) 2) Explotación sexual comercial: (…) el abuso sexual de mujeres, niñas y niños con ventajas financieras para una o varias partes que intervienen en el proceso. Involucra la transferencia de dinero, o el canje de bienes en especie o servicios, de una persona adulta a otra, a cambio de sexo con una mujer, una niña o un niño. Las formas más comunes de explotación sexual, en las que está involucrada la trata de personas, son: la prostitución, el turismo sexual y la pornografía (…) 3) Servidumbre por deudas: (…) situación o condición derivada del hecho de que un deudor prometa sus servicios personales o los de una persona bajo su control como garantía de una deuda (…) 4) Matrimonio forzado o servil: (…) cuando una mujer o menor, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie (…) o cuando el marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; y (…) la mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona (…) 5) Tráfico ilegal de personas: es el transporte y la facilitación de la entrada ilegal de una persona dentro de un Estado del cual no sea nacional o residente permanente (…) (p. 12).
El libro inicia con los “Antecedentes, aspectos legales y marco jurídico de la esclavitud moderna”, y continúa con una “Aproximación al delito de trata de personas y los factores de riesgo en Venezuela”, capítulo en el cual se destaca que “…es escasa o nula la información que desde las instancias públicas se presentan, no solo para conocer cómo se comporta el delito dentro de nuestras fronteras, sino también fuera de ellas, con los venezolanos. Por ende, ante la inexistencia de datos y estudios que permitan un diagnóstico, se imposibilita definir claramente los contextos facilitadores de la trata de personas en nuestro país (…) Frente a esta situación, se hace urgente visibilizar el delito de la trata de personas en Venezuela, sus riesgos, qué contextos personales y sociales la facilitan, así como las consecuencias para las víctimas y sus familias. Por ello, es necesario recolectar y mostrar datos que permitan diseñar acciones concretas en torno a una verdadera política, cuyo objetivo sea minimizar el auge del delito a nivel nacional”, a partir de lo cual se sostiene que “urge comenzar a mirar algunas aristas de la vulnerabilidad a la que están expuestos diariamente cada uno de los venezolanos, en especial mujeres, jóvenes y niños, como potenciales víctimas de la esclavitud dentro o fuera de nuestras fronteras (pobreza, exclusión, baja escolaridad, inseguridad, desempleo, violencia, entre otros)” (p. 21).
Luego de lo anterior, el libro examina “Las dos caras de la trata de personas: La víctima y el victimario” y culmina con unas “Conclusiones generales y recomendaciones para mejores prácticas”.
El analista venezolano Moisés Naím, a fines de 2006, alertó en su libro Ilícitos. De cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, acerca de la terrible “complacencia y complicidad” de los gobiernos frente el contrabando, una de cuyas formas es la de personas, con fines de esclavitud, de cómo operaban alrededor del mundo agujeros negros geopolíticos del contrabando y cómo Venezuela se estaba convirtiendo en uno de ellos.
Señaló que en esos agujeros negros geopolíticos “nuestras reglas tradicionales, nuestra forma de entender el sistema, no existen, y suelen ser zonas del mundo caracterizadas por la debilidad de su gobierno y donde los traficantes son el poder más importante, estando las administraciones a su merced (…) Para que un país sea atractivo para los traficantes, tiene que tener una administración de justicia muy débil, unas fuerzas armadas fácilmente comprables, un liderazgo político corrupto y un sistema financiero suficientemente grande y sofisticado como para poder digerir y transferir fondos, así como una buena localización geográfica”. En esa oportunidad, Naím “aseguró que Venezuela es un paraíso para los traficantes por cumplir con los anteriores requisitos” (ver: https://goo.gl/EjV3jn ).
Todo lo anterior es posible, en buena medida, porque en esta materia el enfoque ha sido errado, como también lo ha sido en el combate contra las drogas y el terror. Se privilegia, o se reduce exclusivamente la acción institucional y organizada a las sanciones y condena moral, que sin duda son factores clave, pero no los más relevantes en la problemática. Es a los incentivos que existen alrededor de este tipo de tráficos infames, debido al dolor que causan en unos seres humanos mientras genera placer y privilegios en otros, que se debe poner la mayor atención, para identificarlos y proceder eventualmente a debilitarlos.
Y los incentivos mayores en estos casos, más allá del placer inmediato que experimentan quienes se benefician de cualquiera de las odiosas formas de esclavitud moderna, son el bajo costo de traficar con personas, la corrupción que mantienen y la impunidad para los que delinquen. Así lo muestran películas como Taken (2008), del director Luc Besson, de la que se puede decir que su protagonista es ficticio pero no así las redes de tráfico y explotación de jóvenes mujeres que muestra operando en Europa, o Atrapada (2005), del director venezolano Franco de Peña, que relata la historia ficticia –pero que podría ser real– de Mariola, una chica polaca de 18 años de edad, que es raptada mientras se encuentra en Alemania de vacaciones con su novio, y forzada, previo perverso proceso de anulación psíquica y física de su identidad como individuo, a practicar la prostitución como esclava (ver: https://goo.gl/V3DnZq).
Duele en el alma saber que nuestro país se ha convertido en un exportador importante de esclavos modernos, tanto sexuales como laborales, y que ello ha sido posible gracias, en un tiempo, al suicida apoyo electoral de buena parte de quienes hoy son víctimas, a un proyecto político populista, colectivista e irracional, y en la actualidad, a la determinación de la tiranía a exacerbar con fines de control político las condiciones antes indicadas (pobreza, exclusión, baja escolaridad, inseguridad, desempleo, violencia, corrupción, impunidad, etc.) que facilitan y estimulan la práctica de la esclavitud moderna.
Pero también cabe preguntarse qué están haciendo los países desarrollados, en los que sí operan gobiernos democráticos y Estados de Derecho, para identificar y acabar con los incentivos que algunos de sus ciudadanos, en distintos sectores, tienen para beneficiarse de los “servicios” de los esclavos modernos que se consiguen a bajo costo en América Latina, Europa del Este o Asia. Puede resultar ridículo preguntarse qué hacen Rusia, China o Cuba, por ejemplo, para enfrentar esta afrenta a la dignidad humana, dado que en esos países operan regímenes que viven de formas de esclavitud política, de modo que más bien les interesa que el tráfico de personas vaya en aumento. Pero sí es pertinente preguntarse si en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y, en general, los países occidentales que reconocen la inviolabilidad de los derechos humanos, y combaten la corrupción, existen políticas realistas dirigidas a eliminar en sus ciudadanos todo incentivo que tengan para participar de estos crueles ilícitos.
Al terminar la lectura de este importante aporte a la comprensión del horror que ha significado la consolidación del régimen autoritario que liquidó el gobierno democrático y el Estado de Derecho en Venezuela, el lector no puede sino, además de agradecer y felicitar a las autoras y a los coordinadores editoriales del libro (Luis Cedeño y Carlos A. Herrera), preguntarse qué ideas, políticas, regulaciones y discursos debemos ir adoptando y preparando, desde una visión de sociedad abierta, segura y democrática, para que, llegado el momento, con el apoyo de importantes aliados internacionales, logremos que Venezuela sea un territorio libre de esclavitud moderna, y las víctimas de esta abyecta práctica puedan ser rehabilitadas y ayudadas a tener una vida digna, sin miedo y en libertad.