La defensa de la libertad y de la democracia es el único destello de esperanza en el reconocimiento de que la lógica no excluye la posibilidad de recuperar la dignidad, la soberanía y unidad nacional, pues el aislamiento político,  económico y financiero al cual hemos sido arrinconado por las sanciones impuestas por Estados Unidos es responsabilidad del “poder dictatorial plenipotenciario” al que nos ha llevado el gobierno, pero también de la inconsistencia política y programática de la oposición, no la constituida por los ciudadanos demócratas, los que han realizado la movilización social y condiciones de triunfos, sino la estructurada por los cogollos de algunos partidos principales de la MUD, que han desperdiciado los esfuerzos y despreciado los sacrificios producidos por haber tomado decisiones estratégicas que han acentuado la agonía a la cual queda sometido el pueblo venezolano por el régimen vigente.

Fingimiento de cualidades y sentimientos contrarios a los que verdaderamente se experimentan en el presunto intento de producir el cambio de gobierno fundamentan la estrategia que ha sido adoptada, en la cual emergen conjuntamente los defectos de algunos protagonistas que han caracterizado la cuarta y quinta república. Por supuesto, no podemos escribir la historia, por eso nos limitamos a algunas observaciones en las cuales conservamos la lógica del principio de causalidad que impone evaluar con pragmatismo los resultados y sus efectos.

Anular la mayoría abrumadora con la cual el pueblo apoyó a la oposición en las elecciones de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2015 era el objetivo primario del gobierno. Es solo un eufemismo ético afirmar la nula legitimidad de la asamblea constituyente, pues en una situación en la cual el derecho es un conformismo que estorba a la revolución bolivariana, las únicas normas vigentes son las que permiten su supervivencia.

Ya las prerrogativas del Poder Legislativo institucional habían sido cercenadas por la eliminación de la mayoría calificada del CNE de los tres diputados de Amazonas, la no rendición de las cuentas públicas de la nación por el Ejecutivo y la aceptación de sentencias de nulidad de la Sala Constitucional, sin que los actos de la Asamblea Nacional fuesen disconformes de la Constitución de 1999, comprendiendo el nombramiento de los magistrados del TSJ: la proclamada “destitución” por la asamblea constituyente es simplemente el cumplimiento de una muerte anunciada que perjudica sensiblemente en el tiempo la hipótesis de cambio.

Otra apreciación se hubiese impuesto si el éxito de la “consulta popular” del 16J, logrado con la tercera parte de las mesas necesarias, hubiera sido apreciado en su alcance y significación política y estratégica, pero no ha sido utilizado con la coherencia requerida por la obligación ética y política asumida con los ciudadanos venezolanos, como instrumento de abierta contraposición al oficialismo social-comunista desde los aspectos políticos, organizativos e institucionales. Por consiguiente, se desestimó el aporte decisivo a las elecciones de la asamblea constituyente del 30J de aquel pueblo entusiasmado por la presunción de una libertad recuperada, y no se tuvo la debida consideración de que aquella asamblea, por su naturaleza jurídico-institucional, cambiaba el papel de la mayoría y minoría de la Asamblea Nacional definido en la Constitución, y reforzaba automáticamente la autoritas del gobierno: así se ha permitido a una “minoría calificada” la continuidad del ejercicio del poder de la revolución bolivariana acentuando su vocación totalitaria.

Se ha repetido el “horror estratégico” por el cual en la precedente legislatura se consideró un acto de “refinada política” no participar a las elecciones de la Asamblea Nacional, dejando sin ningún control la gestión del Poder Legislativo de la revolución bolivariana, que en muchas oportunidades renunció a su prerrogativa institucional entregándola en las manos del Ejecutivo mediante la Ley Habilitante. De este modo, en forma explícita, se ha facilitado el camino hacia la dictadura.

¿Cuáles son las causas de esta estrategia suicida? ¿Después de cinco meses de protestas pacíficas, con muchos tiros, muertos, heridos, presos políticos, aumento del costo de la vida, hambruna y falta de medicamentos y asistencia sanitaria, sin mencionar motivos subalternos de carácter éticos y políticos, la “gerencia de la oposición” tuvo el miedo de asumir la responsabilidad de ser mayoría y de administrar el país en las condiciones económicas y sociales de postración a las cuales la revolución bolivariana lo ha reducido? 

Ahora, proclamada por el CNE, el poder de referencia del Estado venezolano es la asamblea constituyente; ilegal, cierto, como los juristas y constitucionalistas nacionales e internacionales han reconocido, pero “plenipotenciaria” y potente hasta lo definido en el aparte segundo del artículo 349 de la carta magna de 1999, por el cual: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente”.  

Con acierto, el padre Luis Ugalde observa: “El Ejecutivo, el Electoral y el Judicial se apresuraron a hacerle genuflexión de súbditos, exigirá que también se arrodillen gobernadores, alcaldes, candidatos e instituciones”.  ¿La gerencia de la oposición y de los partidos políticos lo debería hacer otra vez? ¿No es un acto que han realizado antes permitiendo su constitución y entregando todos los poderes del Estado en una bandeja de plata en manos de la revolución bolivariana y del gobierno?

Si no son errores políticos, son horrores premeditados que asumen el valor de servidumbre voluntaria y de corrupción. Pero de esta realidad se hace caso omiso: alguien tiene la osadía o la ingenuidad de afirmar que con las elecciones demostraremos frente al mundo que la oposición es la mayoría del país porque conquistaremos 19 de las 23 gobernaciones. Por supuesto, independientemente de las condiciones tramposas impuestas por el CNE y de la sumisión a la ANC, la Mesa de la Unidad Democrática en general y cada partido político que la forma deberían, con un mínimo de honestidad intelectual, admitir formalmente frente al pueblo venezolano y frente a la comunidad internacional no haber tenido la capacidad política de gestionar y utilizar estratégicamente la mayoría recibida por las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y por la consulta del 16J. 

Todos sabemos que ningún proceso electoral puede ser celebrado con transparencia sin el cambio de gobierno y del CNE. ¿No obstante, participaremos para demostrar al mundo la “credibilidad democrática de la dictadura” porque tendremos la capacidad de tramitar con el gobierno condiciones de factibilidad democrática electoral sin recurrir a la ayuda internacional, que sin duda necesitaremos?

En estas circunstancias “el diálogo” se transforma en una condición sine qua non, un imperativo categórico que puede permitir soluciones, compromisos, tal vez reparticiones de poderes como expresión de participación a la convivencia, sin que la confrontación constituya un estatus permanente que constriñe la sociedad civil y hace prevalecer la fuerza sobre la dignidad de nuestro ser de ciudadanos y de hombres.

Es oportuno recordar, en primer lugar a nosotros mismos, que Immanuel Kant en sus Fundamentos de la metafísica de la moral asume el imperativo categórico como concepto básico de la ética de la razón práctica, por el cual la responsabilidad subjetiva “actúa como si las máximas de acuerdo con las que vives pudieran convertirse, por tu propia voluntad, en leyes naturales universales”. Es una escogencia de racionalidad que se impone solo si se quiere reconocer la diversidad y si se conserva un nivel de civilización.   

¿Pero el diálogo se podrá circunscribir a las elecciones de gobernadores o deberá abarcar por lo menos los problemas más urgentes económicos, políticos y sociales que afectan a la sociedad venezolana? Entonces, deberán participar el gobierno, el PSUV, la ANC, la MUD y los partidos que la integran, los sindicados, los empresarios, las universidades, los estudiantes, los gremios profesionales y, por supuesto, como factor de equilibrio de la sociedad  y de defensa legítima de cada ciudadano, la Fuerza Armada: no se trata de estructurar un gobierno de unidad nacional, pero sí un acuerdo de convivencia nacional del cual fuese garante la comunidad internacional, pues la Constitución vigente constituye solo un parámetro de referencia modificable según lo disponga la asamblea constituyente cuyas actuaciones, en cualquier caso, deberán respetar los derechos humanos y las normas del derecho internacional.

Esperamos que prevalezca la racionalidad. Gobierno y oposición deben tomar conciencia de que las respectivas estrategias políticas han perjudicado la independencia y soberanía del Estado, que las equivocaciones de política económica y financiera se pagan, que las restricciones de cualquier tipo aumentarán por falta de producción y de divisas, que los pronunciamientos políticos no tendrán más efecto frente a la comunidad internacional y nacional,  que el tiempo de la sociedad rentista ha terminado y solo el trabajo podrá indicar el camino de una recuperación de la democracia real y de la libertad.  El “bravo pueblo” tomará sus decisiones.


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