Por Carmen Sulay Rojas

La práctica de la gestión educativa está influenciada y mediada por el discurso de las políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias, y por su aplicación en los contextos locales, regionales y nacionales. De allí que en su quehacer se recrea y cobra sentido la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres planos: la teoría, la práctica y la política.

En las últimas décadas la complejidad ha impactado tanto en la vida humana como en las diversas formas de interpretarla, y la gestión educativa, orientada por las políticas de Estado de manera negligente, ha quebrantado la educación de calidad; por ello, la educación de los derechos humanos es la piedra angular de las ciencias sociales y naturales, la filosofía, el arte, la literatura, la historia o cualquier otro saber.

Para diversos investigadores, la complejidad es un atributo del mundo, mientras que el pensamiento complejo es la capacidad de observar e interpretar las interconexiones de lo real. Es una cualidad reflexiva que irrumpe para integrar las disciplinas y los distintos saberes en una epistemología que reconoce el error y lo inacabado del conocimiento.

Igualmente, resulta interesante lo que expresa Bolívar (2002), quien resalta el hecho de que: “La educación de derechos humanos es una educación para la acción (…), la educación en derechos humanos puede pasar por diversas modalidades, estructuradas o no; la mayoría de ellas merecen ser sistematizadas, siempre que las asumamos desde una visión de proceso y no como ejercicios aislados”. (pp. 12-13)

Este planteamiento al entrelazarse con la educación de los derechos humanos viene realizando un recorrido como disciplina compleja, intentando dar respuestas teóricas y metodológicas ante los desafíos que implica la promoción y el respeto del ciudadano, en general en los ámbitos de convivencia y en particular en los estadios educativos, razón por la cual la gestión educativa tiene y debe su concepción ante los principios universales de derechos humanos.

El origen es la visión, según la cual se le otorga a la educación el papel de medio realizador de los derechos humanos. De acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas (2004), la educación en derechos humanos es inseparable del derecho a la educación.

En tal sentido, Morin acorde con este planteamiento atribuye al pensamiento complejo las siguientes características: reconocimiento de la multidimensionalidad de los fenómenos; abandono de los análisis parciales reduccionistas de las disciplinas (disyunción, separación); estructura de la realidad sobre la base de relaciones humanas las cuales coexisten de manera simultánea y antagónica. Los conceptos de orden y desorden, estabilidad, inestabilidad, certeza e incertidumbre, que terminan incorporando lo inesperado en la emergencia sistémica y en la ecología de la acción. 

La relación entre la educación y los derechos humanos ha suscitado diversas reacciones. Para un importante grupo de docentes, simplemente se trata de una “responsabilidad más” que “como siempre le toca asumir cada cosa que se le ocurre a las autoridades educativas de turno, sin una planificación, y menos desde una discusión grupal y pedagógica.

En el contexto del instituto educativo, existen diferentes puntos de vista e inconformidad para garantizar los derechos humanos, como expresa Pereira (2007): “Las escuelas se han convertido en uno de los frentes donde hay más y mayores resistencias a asumir el rol de las niñas y niños como sujetos de derechos (…) y participen en las tomas de decisiones es asociado con caos, indisciplina y falta de condiciones básicas para el ejercicio pedagógico”. (p. 104)

Para otros, es un reto que puede transformar la verticalidad del instituto educativo, razón por la cual los docentes deben vencer el temor de hablar de derechos humanos “porque no manejamos el tema”. Finalmente, la gestión educativa y la educación de los derechos humanos están entrelazadas en y con el pensamiento complejo. La institución educativa ha sido el lugar de privilegio para esta ruta que apareja la dimisión, por lo que debería ser el ejercicio ciudadano con la educación de los derechos humanos.

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