Alan García Pérez, el dos veces presidente del Perú (1985-1990 y 2006-2011) y senador vitalicio, aprovechó el fin de semana y el sábado pasado (17) se fue a la Embajada de Uruguay en Lima, donde la abrieron las puertas, y pidió asilo. Dice que es un perseguido político.
El perseguidor es la justicia peruana, que lo investiga por más de un caso de corrupción durante su presidencia y después, y que, empero, sin tomarle ni una primera declaración dispuso de antemano cerrarle las fronteras, pese a que García había llegado de España por su propia voluntad.
La que pagó las supuestas coimas fue la empresa multinacional brasileña Odebrecht. ¿Qué otra?
Un primer dato: no hay empleo más peligroso en Perú que el de presidente de la República. Alejandro Toledo está “prófugo” en Estados Unidos, requerido por la justicia; Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, estuvieron presos a poco de dejar la presidencia; Pedro Pablo Kuczynsky debió renunciar a la presidencia. Incluso hasta los que andan cerca: Keiko Fujimori, la candidata con más votos a favor, también investigada y presa por un rato. En todos los casos por supuestos pagos –coimas– de Odebrecht.
Segundo dato: Odebrecht ha sido el mayor depredador en materia de corrupción. Asoló el continente y sobre todo durante la época de la presidencia de Lula. Varios de los juicios contra Lula están directamente vinculados con Odebrecht. Lula era una especia de “gestor” de Odebrecht, sus conferencias eran las mejor pagadas y su “instituto”, el niño mimado.
Tercer dato. García siempre tiene una as en la manga: ni se fugó ni esperó a que lo metieran preso ni el show: eligió la alternativa de “preso político” y que se arreglen los gobiernos de Perú y Uruguay. Ya se habla de tensión –lo que no es así, todavía–.
Es notorio que García tenía algún amigo en Uruguay que le abrió la puerta de la embajada, pero a partir de ahí el gobierno uruguayo debe decidir si asigna el estatuto de preso político a quien es investigado por la justicia por delitos comunes, en un país reconocidamente democrático con total independencia y autonomía de su tres poderes.
Uruguay, que se va a tomar su tiempo, tiene un margen amplio en función de los convenios internacionales, en donde en alguna forma se contempla aquello de ante la duda, a favor del reo. Pero Perú ya ha hecho llegar mucho material explicando por qué nada que ver con un preso político. Hay hasta una carta del ex (presidente y preso) Humala y se anuncia una visita de parlamentarios peruanos. La presión es mucha. A García lo quieren en la cárcel.
Uruguay, un país con larga e impecable tradición en materia de asilo político, no la tiene fácil. Su actual gobierno, además, ha demostrado no manejarse muy bien en materia de relaciones exteriores.
El tema tiene sus aristas. No hay duda de que en Perú hay democracia e independencia de poderes. La pregunta es qué pasa dentro de esos poderes y si son confiables: el actual presidente no fue el electo, hay investigaciones continuas y hasta presos en el Congreso y hace muy poco fueron la justicia y los jueces los metidos en un gran escándalo por cosas feas. A eso habría que sumarle si no habrán aparecido ahora algunos aspirantes a Sergio Moro, el juez brasileño derivado a ministro.
García no es un preso político, pero lo tenían entre ceja y ceja. La imputación más probada es por el pago de una conferencia (100.000 dólares) con fondos que por vía indirecta puso Odebrecht. En realidad, si se empieza a meter presos a todos los que cobraron conferencias que en alguna medida pudo haber pagado Odebrecht no es difícil que nos quedemos sin “padres de la patria” en todo el continente: Sur, Centro y Norte. Había hasta catálogo de precios: encabezados por Lula, el más caro.
Y se “embalaron” –el síndrome Moro– y decretaron el cierre de fronteras sin preguntarle qué tal estaba. Una especie de prejuzgamiento. Y García, ni corto ni perezoso, se agarró de eso.
No sé si estará metido o no. Parece que todos o casi todos cedieron a la tentación. Pero el hecho más relevante e inquietante de todo esto es que quien decide quién es corrupto, el que dice quién fue sobornado y aceptó dinero, es la gente de Odebrecht. Los mismos, los mayores delincuentes que salieron plata en mano a corromper y pudrir a todo el hemisferio y que, lamentablemente, no les fue nada mal, son los que ahora, mientras negocian sus penas, dicen este sí y este no.
Como que todo huele muy mal.