El Banco Central de Venezuela, según informaciones de prensa, no le pagó un préstamo garantizado con oro al Citibank, por lo que este tomó el control del metal y procederá a venderlo para cobrar la deuda. El BCV antes del 11 de marzo tenía que pagar 1.100 millones de dólares al banco norteamericano; no lo hizo y adiós al oro de los venezolanos.
Y hay noticias peores. Según un informe del Instituto Casla de Praga en lo que va de 2019 hay denuncias por 40 casos de torturas y 8 muertes. Esta organización experta en América Latina ha presentado a la Corte Penal Internacional alrededor de 600 casos de tortura atribuidos al régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro.
Mientras tanto, la ex presidente de Chile Michelle Bachelet, comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –siempre con un puesto reservado– consideró una “medida positiva” que a una comisión de expertos de su oficina se le haya permitido entrar a Venezuela para investigar in situ sobre el tema de los derechos humanos.
Que Maduro los deje entrar así nomás ya es para desconfiar.
Dice Bachelet que ella pidió a Maduro que garantice a los expertos el “acceso total y sin restricciones” a los lugares y a las personas que elijan, sin represalias para los entrevistados.
Primera cosa, ¿cree Bachelet que llegado el caso no habrá represalias contra aquellos que cuenten lo que realmente ocurre en Venezuela? Si cree eso, es muy ingenua, o se hace. Hay decenas y decenas de antecedentes sobre cómo les va a aquellos que desobedecen o hablan en contra del régimen. Salvo –eso sí– que los delegados de Bachelet solo entrevisten a los que hablan a favor de Maduro y por supuesto “del diálogo y el efecto negativo de las sanciones” y accedan a aquellos lugares que ya les tenían preparados e indicados de antemano. Es de esperar que no sea así, pero no hay que olvidar que la ex presidente socialista ha sido renuente y ha necesitado algún “empujón” para apurarla con el tema Venezuela. Sus declaraciones incluso son algo inquietantes, ha reconocido que en Venezuela hay una crisis humanitaria y de todo tipo, pero a la vez ha señalado que en ello han incidido y no ayudan las sanciones. Como que se afilia a la tesis del embargo o del bloqueo, ignorando olímpicamente que esta situación se arrastra desde hace muchos años y que las “sanciones” se aplican desde hace no más de un año y ya como medida extrema para presionar a la dictadura. ¿No sabía eso Bachelet? ¿No sabía que en ese arrastre de años a Maduro le han ayudado mucho los partidarios del diálogo como Rodríguez Zapatero, el papa Francisco, los gobiernos de Uruguay y México, ahora con AMLO? ¿Se va a sumar a esas voces?
Si los expertos de la ONU quieren saber cuál es la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, que le pregunten a sus colegas de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a la gente de Casla, de Human Rights, de decenas de organizaciones de defensa de las libertades que claman diariamente por el fin de la dictadura.
La ONU quiere investigar in situ –tarde se acordó–. Pero quizás ello sume y se añadan nuevos elementos y pruebas sobre las atrocidades del régimen chavista y del infierno que viven los venezolanos. No vendría mal para la causa de los derechos humanos y particularmente para la propia imagen de la ONU, que en esta materia específica siempre ha dejado mucho que desear. El historial del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra no es muy pulcro. Ni su propia integración. Baste señalar que Venezuela y Cuba son miembros.
Veamos lo que hace Bachelet. Mientras, los bancos le prestan dinero a Maduro y se cobran con el oro de los venezolanos y nadie sabe adónde van los billetes. Como tampoco se sabe cuánto oro –de los venezolanos– hay en garantía en los bancos rusos y chinos.
Y por su lado el Ejército, la policía y los grupos de choque fascistas continúan con la represión, la tortura y asesinando venezolanos, sin importarle mucho el rechazo y la protesta mundial.
¿Hasta cuándo?