El país vive hoy una emergencia humanitaria compleja. Distintas organizaciones venezolanas de derechos humanos coinciden al emplear ese término – de carácter fundamentalmente político – para describir la actual situación de gravedad por la cual atraviesa Venezuela. De acuerdo con criterios de la ONU, tal emergencia es provocada por la interrelación de una multiplicidad de factores – políticos, económicos y socioculturales -, impacta de modo grave en todos los órdenes de vida y requiere de una respuesta internacional con base en un mandato múltiple para actuar en varios frentes. Se le concibe como “…el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente”. En tal sentido, el concepto es distinto al de “crisis humanitaria”, utilizado para designar situaciones originadas por conflictos armados y desastres naturales.
La aclaratoria es necesaria para entender mejor la trascendencia de lo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 25 de septiembre, cuando declara la emergencia humanitaria compleja de la educación en Venezuela. Una declaración que, en 11 considerandos y 6 acuerdos, señala de manera particular varios de los problemas más graves en materia educativa que forman parte de esa emergencia humanitaria compleja que vivimos en el país, y expone, asimismo, un conjunto de acciones para enfrentarlos. Así, entre otros asuntos, se plantea la urgente necesidad de atender y poner coto a la violación de la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales y educativos; al quiebre del derecho a la educación como derecho humano ante la “inexistencia del Estado docente”; a la desalarización y bonificación del trabajo académico y pedagógico; a las funestas consecuencias de la precariedad en la inversión en el sector educativo; al incumplimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas a una educación intercultural y bilingüe; a la degradación de la profesión docente por la violación del sistema de ingreso y ascenso establecido constitucionalmente; a las arbitrariedades en los cambios curriculares en el subsistema de educación básica para imponer el pensamiento único; a las prácticas de control político e ideológico que afectan la calidad educativa y el derecho a la libre asociación; al impacto de las diversas dimensiones de la crisis social en la vida educativa; al cerco económico y a otras medidas gubernamentales que vulneran el principio de autonomía universitaria y propician el colapso de las universidades.
Varios retos podemos plantearnos a partir de ese acuerdo de declaración de la Asamblea Nacional, entre otros, los siguientes: Uno, que los distintos centros educativos del país, bien sean sus autoridades, sus comunidades, o ambos de manera conjunta, se declaren en emergencia comunitaria. Lo hecho recientemente por los consejos universitarios de la UCV y de LUZ podrían ser ejemplos a seguir. Dos, hacer todo lo posible para que cada comunidad educativa visibilice de modo sostenido en el ámbito público las razones por las cuales se hace tal declaratoria de emergencia. Tres, articular dichos esfuerzos con las luchas que hoy llevan a cabo nuestros gremios y sindicatos en la calle. Y, por último, hacer nuestro, como educadores, el tercero de los acuerdos de la mencionada declaración de la Asamblea Nacional: “Convocar a la sociedad venezolana al debate acerca de la Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación, a fin de producir una Ley Orgánica que sea expresión de un proyecto educativo de largo aliento a través del desarrollo de los principios constitucionales en la materia, para garantizar el derecho a una educación de calidad”.
Desafíos que podemos resumir en uno solo: ¡convertir la declaración de emergencia humanitaria compleja en educación en un factor de movilización unitaria y lucha!
@eleazarnarvaez