Aunque otros han escrito sobre qué significan unas elecciones libres, quiero detenerme en un detalle de los tantos que forman ese ideal de libertad, como es el sistema electoral.
La elección de presidente de la República de Venezuela se efectúa mediante votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley, y se proclama electo al candidato que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos. Es decir, es una elección simple, sencilla, sin complicaciones ni dificultades.
Toda elección implica un procedimiento matemático, en este caso es sumar los votos obtenidos por cada candidato, el problema es que es necesario que un partido postule al candidato, y aquí comienzan las dificultades.
La Sala Constitucional y la Sala Electoral han intervenido partidos, impuesto sus autoridades, otorgado facultades para postular a personas distintas a sus representantes electos. Este fue el caso de Copei, que postuló candidato en las espurias elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en contra de la opinión de las autoridades legítimas de ese partido.
Tenemos organizaciones con fines políticos a los que el Tribunal Supremo de Justicia sometió a la verificación de la nómina de inscritos (5-1-2016), incluidos los regionales. Algunos de ellos se legitimaron por este cambio de reglas, otros, extrañamente, lo lograron, aunque el Consejo Nacional Electoral no dio los resultados definitivos. Vieja costumbre del gobierno de ocultar los datos, como han hecho con los de la salud, la inflación y del CNE de Tibisay Lucena, que no dio los números finales del referéndum sobre la Constitución de 2007.
Cinco de los pocos partidos que quedaron de esa relegitimación absurda fueron sometidos nuevamente al proceso de recolección de firmas por un decreto de la asamblea nacional constituyente, publicado en Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2017. El 28 de julio de 2018, el CNE ordenó renovar su nómina de inscritos al único sobreviviente de todos los anteriores procesos de renovación, como fue Acción Democrática, y a otras tres organizaciones con fines políticos.
Así se trasquila a la democracia, quitándole las facultades para postular a quienes se atreven a competir en una elección contra el superrico partido de gobierno.
Poner en orden y restablecer la Constitución, el derecho a la participación política y el derecho al sufragio pasa por restituir la legalidad de los partidos políticos, dejar sin efecto los ilegales procedimientos de intervención llevados a cabo por el TSJ, declarar la nulidad absoluta de todas las decisiones que anularon la vigencia de las organizaciones con fines políticos, cerrar los procesos penales a la Mesa de la Unidad Democrática relacionados con el procedimiento de revocatorio contra Nicolás Maduro y la cancelación de la MUD por parte de la Sala Constitucional del TSJ, mediante sentencia N° 56 del 25 de enero de 2018, con el argumento peregrino de estar constituido por diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación, cuando lo cierto es que es una organización con personalidad jurídica propia, independiente de los otros partidos.
Para que se lleven todas esas acciones y componer la ruptura del orden constitucional se debe sustituir a los magistrados del TSJ, por su actuar complaciente con el chavismo ha desvirtuado el derecho en Venezuela. Dejar en sus cargos a estos funcionarios en el ejercicio de la más alta responsabilidad de justicia en nuestro país sería un acto de negligencia, una irresponsabilidad, ya que corrompieron la institución a favor de la persecución política, sin entrar en detalles sobre la venta de sentencias. Convirtieron el máximo tribunal y los demás tribunales en un mercado persa, en los que se venden los veredictos a cambio de divisas. Merecen ser expulsados cual mercaderes del templo.
Un nuevo Consejo Nacional Electoral es necesario para llevar a cabo el o los procesos electorales que legitimen los órganos ejecutivos y de representación popular. Recuerde que las elecciones de gobernadores de octubre de 2017 se efectuaron cuando los partidos políticos fueron obligados a distraer sus recursos económicos y humanos en el proceso de renovación de afiliados a partir de 2016. Aparte del inconstitucional desconocimiento de la elección efectuada en el estado Zulia.
La inconstitucional asamblea nacional constituyente pasará al olvido, sus 545 integrantes, quienes nunca han estado reunidos al mismo tiempo y los 4 gatos arreados por Cabello que toman las decisiones en esa instancia, dejarán de cobrar su mesada y hacer lo que les ordenan desde Cuba. Un triste papel de parte de quienes dijeron ser un poder originario y fundacional del pueblo venezolano. No hay suficientes aviones para que toda esa gente pueda huir de Venezuela, ni peñeros ni trochas hacia Colombia o Brasil. Solo se salvan los que han renunciado.
Queda mucho trabajo antes de convocar a elecciones. Por lo pronto, lo que no se empieza no se termina.
¡Vamos bien!
@rangelrachadell