En las últimas semanas han venido sumándose, unas tras otras, las peores noticias sobre Petróleos de Venezuela y sobre el estado general de la industria petrolera de nuestro país. Las realidades que se están conociendo, y que por años se habían mantenido ocultas a la sociedad venezolana, parecen superar con creces los peores pronósticos.
Y no me refiero solo a los dos aspectos que, hasta ahora, han sido los más noticiosos, el de la corrupción y el de la caída de la producción de crudo y de gas –que continúa bajando mes a mes–, sino a muchas otras innumerables cuestiones que, con la combinación de fuentes internas y análisis externos, están revelando una situación que, de forma legítima, es posible calificar de “destrucción avanzada” de la industria petrolera venezolana. La afirmación de que el régimen de Chávez y Maduro ha arrasado al núcleo de la economía venezolana es precisa, inequívoca y no contiene un ápice de exageración.
Pondré algunos ejemplos: Pdvsa es, ahora mismo, un campo de batalla entre varias facciones internas que luchan por los cargos, los contratos y por el control de las cuentas que todavía se mantienen fuera del país. Las condiciones físicas de los pozos, secuela de la falta total de mantenimiento, genera una consecuencia: la inmensa mayoría de ellos es irrecuperable, a menos que se hagan inversiones con ese objetivo. La clase técnica de Pdvsa, incluso los que permanecieron a lo largo de estos años en la organización, profesionales cuyos conocimientos son imprescindibles para la reactivación de la industria, ya no están en la empresa: se retiraron, se marcharon del país, fueron expulsados en las cazas de brujas que, especialmente en los últimos dos años, han venido ocurriendo en todas las operaciones petroleras.
Fuentes internas narran que, al igual que ha pasado con el parque de las líneas aéreas o con el Metro de Caracas, los equipos petroleros se dividen en tres categorías: destruidos, canibalizados y los salvados –una minoría que opera en condiciones de fragilidad y alto riesgo para los trabajadores–. Los daños ambientales –derrames de crudo y combustibles–, tema del que todavía no hay una estimación pública, son de una cuantía que compromete todavía más el patrimonio de los venezolanos. El nivel de siniestralidad –accidentes que han ocasionado muertes– es, ahora mismo, el más alto del mundo, superando incluso a las peligrosísimas operaciones petroleras en Rusia. Además de una Pdvsa oficial hay una Pdvsa paralela, gestora principal del delito de contrabando de combustibles, en alianza con militares responsables de la vigilancia en carreteras y fronteras. A todo lo anterior, aunque esta lista podría incluir decenas y decenas de otros ítems, hay que agregar la cuestión de los convenios secretos y opacos, que suponen la entrega de bienes nacionales a otros países y empresas, de forma inconsulta y sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, lo que constituye una variante de traición a la patria.
Frente a este estado de cosas, el de una industria al borde del colapso, a punto de su derrumbe final, ¿qué hace el gobierno? Nombra de presidente a un militar que sabe de represión y no tiene calificación alguna para el cargo. Designa a un ignorante en la materia para conducir a una industria que es, lo quieran o no reconocer, complejísima, competitiva y cambiante, y que está gestionada en todo el planeta por expertos del más alto nivel.
Hay que recordar esto: cuando Chávez llegó al poder, Venezuela producía más de 3,2 millones de barriles de petróleo al día. Chávez nunca fue elocuente en sus expresiones de odio hacia Pdvsa. La caída de producción ha sido de casi 50%. Ahora, como una meta extraordinaria Maduro ha anunciado que, bajo la conducción del militar represor e inexperto en la cuestión petrolera, se logrará subir la producción a 1,85 millones de barriles al día.
La pregunta que los venezolanos deben hacerse es: ¿cuál es el objetivo del gobierno? La respuesta que ofrecen los economistas: generar ingresos para cumplir con los compromisos ya contraídos y pagar parte de la inmensa deuda que ha cercado las finanzas gubernamentales. Quiere decir esto que, de lograrse ese muy improbable aumento de la producción, ello no generará los recursos necesarios para resolver las necesidades del país. La producción petrolera se ha vuelto una realidad cada vez más ajena para la sociedad venezolana: Pdvsa no es de todos, sino de un grupo que la saquea, la corrompe, la destruye, la canibaliza, la pervierte.
Mientras, desde todas partes del mundo, los más de 2 millones de venezolanos en el exilio contribuyen a paliar, en alguna medida, los padecimientos de las familias venezolanas. Todos los días, desde los más diversos orígenes, personas llenas de angustia e inquietud hacen envíos de alimentos, medicamentos, ropas, materiales escolares y otros bienes imprescindibles para la vida. Hablo de miles y miles de kilos, cuyos costos de envío, la mayoría de las veces, supera con creces el costo de lo que contienen las cajas.
En adición, está el envío que se hace por múltiples canales, de pequeñas cantidades de dólares o euros que, cambiadas a bolívares, hacen posible la sobrevivencia, a pesar de que la política de control cambiario no hace sino añadir todavía más dificultades a las inmensas dificultades que son el signo de la vida cotidiana en Venezuela. Esta es una de las grandes paradojas de este momento venezolano: que somos los exilados los que, de alguna manera, aliviamos parcialmente el sufrimiento corriente de nuestros familiares y amigos, pero estas ayudas, que tienen un carácter humanitario y de emergencia, y que la mayoría de los exilados hace con un esfuerzo enorme de trabajo y sacrificios, es considerada ilegal por el régimen esbirro que, inconmovible, ajeno por completo al dolor ciudadano, mantiene vigente una Ley de ilícitos cambiarios que no es sino la hermana siniestra de la política de destrucción de Pdvsa.