Juan Manuel Santos se camufló de uribista para llegar a la presidencia y rendirle servicios al castrocomunismo. Esto lo hizo plenamente con el acuerdo de entrega del país a las FARC, firmado por él y Timochenko. Enceguecido por la miel del poder, creyendo que su mermelada era invencible, llamó a plebiscito para la ratificación de ese nefasto acuerdo. El sagaz pueblo colombiano rechazó ese acuerdo en el plebiscito, por lo tanto, el acuerdo es ilegal e ilegítimo. El presidente Duque tuvo como bandera fundamental de su campaña el que modificaría esos acuerdos para negarle la impunidad y las ventajas ilegales que se le dieron a las FARC, no me cabe duda que fue esa promesa la razón fundamental de su elección.
En efecto, Duque ofreció como primer término de su gobierno legalidad. Es inconcebible obtener legalidad bajo los parámetros de una dictadura. Me deja perplejo la tranquilidad con la que los colombianos se dejaron instaurar la dictadura del Farcsantismo sin ni siquiera chistar. Cómo negar que no estamos bajo una dictadura cuando el régimen desconoce el resultado de un plebiscito e instaura un acuerdo con el narcoterrorismo, vía un ilegítimo manejo del Congreso, con la anuencia de una izquierdosa Corte Constitucional. En ese acuerdo se le otorgan garantías a las FARC de impunidad, elegibilidad y continuación de sus negocios ilícitos.
Se les acordó impunidad porque se creó una justicia “ad hoc” para ella, constituida por una corte nombrada por 4 destacados miembros del comunismo internacional y una anodina representante del mamertismo criollo, obviamente la JEP (Justicia Especial para garantizar la impunidad de las FARC) está integrada por una caterva de seudojuristas obedientes a las órdenes del narcoterrorismo, y esto no es una apreciación personal, está comprobado fehacientemente por múltiples actuaciones de estos viles “magistrados” como la condonación de los delitos sexuales contra menores a los guerrilleros y el show montado para asegurar el perdón al narcoterrorista Santrich, llegando a la insolencia de modificar reglas de manejo de las relaciones internacionales respecto a la extradición.
Se les acordó elegibilidad, hecho demostrado por los 10 parlamentarios que el acuerdo les regaló a un insignificante grupo de narcoterroristas apoyados por ellos mismos y apenas una parte de sus familiares, pues de casi 20.000 “combatientes” que se entregaron (otro tanto permanecen en los brazos armados de la guerrilla conocidos como “disidencias” y en Venezuela) no obtuvieron sino poco más de 50.000 votos. Con el agravante de que están ejerciendo sus funciones sin ni siquiera haber pasado por un día, aunque sea en el búnker de la Fiscalía.
Se les permitió seguir con sus negocios ilegales, pues las extensiones de cultivos de coca se triplicaron y no han sido reportados por los narcoterroristas ni siquiera una hectárea de coca que les haya pertenecido, ni una sola fábrica de la coca, ni un solo camino de exportación de la coca, ni un solo bien que merezca ser representativo del billonario en dólares negocio de droga, que lo hace (en presente pues, repito, siguen en ello) el más grande cartel de droga mundial. No entregaron a los niños secuestrados, no respondieron por centenares de desaparecidos y el inventario de bienes es una vulgar lista de bacinillas, botas y machetes. Ni hablar de los multimillonarios bienes que no reportaron y que han sido confiscados por la Fiscalía, sin mencionar las seguras multimillonarias cuentas en manos de testaferros en paraísos fiscales.
En conclusión, se requiere urgentemente una modificación sustancial del acuerdo, pues la realidad política impide el ideal de su anulación por ilegitimidad. Duque se comprometió a ello y tiene que cumplirle a los 10 millones de votantes que lo eligieron bajo la promesa de esa premisa fundamental.
Pasaron los 100 días que imprimen la huella de lo que será el gobierno de Duque y nada se ha hecho respecto a tan fundamental tema. Pero no nos entra la desesperanza, pues el líder máximo Álvaro Uribe, en su intervención en el Senado el pasado 13 de noviembre nos ratificó la promesa de la modificación de ese nefasto acuerdo.
Fue claro Uribe en manifestar que “hay elementos para sostener que los acuerdos son modificables: el plebiscito”. ¿Ustedes creen que porque el gobierno anterior lo desconoció, nosotros nos vamos a resignar a que lo sigan desconociendo?… No hacen parte del bloque de constitucionalidad. El acuerdo no se ajusta al estatuto de la Corte Internacional”.
Esta enfática declaración de Uribe nos asegura la intención del oficialismo de que no se quedará impune la dictadura del Farcsantismo instaurada hace dos años en virtud del desconocimiento del plebiscito y la firma del acuerdo de entrega del país al narcoterrorismo. Dada la realidad de que no hay mayoría en el Congreso para restaurar el régimen democrático que asegure el Estado de Derecho, no hay otra salida que convocar al pueblo a otro plebiscito en el que ratifique su voluntad de no concederle impunidad al narcoterrorismo. El presidente Duque está en mora con el pueblo colombiano en convocar ese plebiscito y si sigue en mora, la sociedad civil tendrá que urgentemente recurrir a la recolección de firmas para convocarlo, porque la salud de la nación está en manos de la corrección del error de la dictadura del Farcsantismo que, repito, acaba de cumplir 2 años.