Las cifras reflejan la salida diaria de miles de compatriotas que abandonan el país, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, en busca de nuevos horizontes, agobiados por la grave crisis que confrontamos, el deterioro continuo de la calidad de vida, la falta de agua y electricidad, el colapso del transporte público, la inseguridad, la hiperinflación que destruye el poder adquisitivo del salario real. Lo que obliga a utilizar ahorros o venta de bienes adquiridos con sacrificio, todo para poder adquirir alimentos, medicinas o cubrir los costos de servicios médicos, que ante la desaparición progresiva de la oferta pública se ven obligados a concurrir a los servicios privados, también afectados por la crisis, lo que lleva a cancelar de inmediato.
Las múltiples dificultades conducen a que los afectados tomen la dolorosa decisión, pues bajo estas condiciones se les hace muy difícil sobrevivir, más aún cuando el grupo familiar se ha reducido al marcharse hermanos, hijos, sobrinos, nietos. Así, una familia extendida que en los últimos quince años compartía responsabilidades y se ayudaba en momentos de necesidad, hoy se encuentra disminuida, con ayudas puntuales asociadas a la transferencia de divisas, las cuales facilitan la sobrevivencia.
El panorama existente los lleva entonces a pensar seriamente en la salida de lo que hasta ahora creían era una situación que podría cambiar.
Es así que a la primera oleada de profesionales jóvenes de excelente formación se ha agregado progresivamente mano de obra calificada con años de experiencia en la industria nacional, en el comercio, en los servicios sanitario asistenciales y en la educación en los diferentes niveles. En especial la terciaria y los centros de investigación de las universidades públicas y privadas.
Ello implica que progresivamente perdemos como país población activa capacitada, mano de obra calificada, producto de un esfuerzo de la sociedad venezolana que fue capaz de ofrecer oportunidades de formación a cientos de miles de niños y jóvenes, quienes se incorporaron progresivamente a un mercado de trabajo que les ofreció oportunidades de empleo e ingreso y, lo más importante, de formación adicional mediante la participación activa de los sectores público y privado y de la sociedad civil organizada.
Es así que, como resultado de estas circunstancias, los países receptores absorben recursos calificados, entrenados y con experiencia a la fuerza de trabajo, ahorrando de esta manera los gastos asociados a su entrenamiento y formación en el presupuesto nacional.
Sin embargo, tal como lo registran los países receptores, ante el agravamiento de la crisis, se ha acelerado la salida, y ya no solo es personal calificado sino que emigran familias enteras, muchas de ellas monoparentales, lo cual genera problemas al país receptor al verse obligados a extender a los nuevos residentes los programas de atención social, ya de hecho comprometidos con los nacionales, originando tensiones y conflictos con los nuevos migrantes.
Por ello lo importante de recobrar la senda del crecimiento y expansión del aparato productivo atacando el serio problema de la hiperinflación y recuperando la institucionalidad perdida.
Sin la participación eficiente del Estado y sus instituciones, abierto a la cooperación del sector privado y de la sociedad civil, será difícil cambiar de rumbo, sin lo cual no lograremos frenar la pérdida de población y lo que ello implica para el mediano y largo plazo.