La crisis venezolana, como lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, no es más de la exclusividad de los venezolanos. De una crisis humanitaria compleja, con todas sus consecuencias, la crisis que nos afecta se ha venido convirtiendo, lamentablemente, en un conflicto mayor, que afecta la paz y la seguridad internacionales y la estabilidad política y social de la región; lo que quedó evidenciado al convocarse en días pasados una reunión del Consejo de Seguridad, del que no se esperaba, por supuesto, que adoptara una resolución, tampoco que el presidente formulara alguna declaración. El objetivo de la reunión fue examinar el tema y medir la postura de la comunidad internacional sobre la situación en el país, en particular, sobre la democracia, la violación de los derechos humanos, la ejecución de crímenes internacionales y la miseria y sus consecuencias, los desplazamientos de millones de venezolanos que huyen de ella, de la violencia y de la persecución política y la necesidad de proceder al envío de una ayuda humanitaria urgente y, por supuesto, sobre la legitimidad de la presidencia de Juan Guaidó.
La mayoría de los oradores expresó su apego a la democracia, al respeto de los derechos humanos, a la libertad y el progreso. La mayoría reconoció también al gobierno interino de Guaidó, mientras que se deslegitimaba al régimen de Maduro por usurpar la Presidencia de la República bajo el amparo de una cúpula militar corrupta y ante el rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Algunos, por supuesto, defendieron expresamente a la dictadura e, implícitamente, la represión, la violación de los derechos humanos, en definitiva, a un régimen forajido y fallido que ha simplemente destruido el país. Rusia adelante, Cuba después junto con Nicaragua, Bolivia y dos países del Caribe oriental, beneficiarios también del régimen usurpador de Maduro.
Los argumentos presentados se basaron, por lo general, en la interpretación de principios de derecho internacional fundamentales, recogidos en la Carta de la ONU y en otros instrumentos internacionales, que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados, entre los cuales, la obligación de no amenazar con la fuerza ni hacer uso de ella, la obligación de respetar la soberanía y la integridad de los Estados y su independencia política, la obligación de no interferir en los asuntos internos de los Estados, el derecho de los pueblos a decidir su destino y la obligación de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El representante del gobierno usurpador, Jorge Arreaza, en sus intervenciones dirigidas más a sus seguidores en Caracas y a los medios que a los representantes presentes que entienden perfectamente el lenguaje y el alcance de las expresiones y que valoran, sin duda, la forma, interpretó estos principios de manera sesgada, acomodándose para justificar las tropelías del régimen usurpador de Maduro.
Habló Arreaza al igual que sus socios del respeto a la “soberanía” y al principio de “no injerencia en los asuntos internos de los Estados” con una ligereza única que raya en el cinismo. La soberanía a la que se refirieron y trataron de defender es muy distinta a la que se traduce en la entrega del país al invasor cubano y a los beneficiarios que explotan nuestra riqueza destrozando el ambiente y aniquilando a las poblaciones autóctonas, también diferente a la entrega de nuestro territorio para que sea utilizado por grupos guerrilleros y terroristas como un santuario para desestabilizar y atacar a otros países, especialmente los vecinos, Colombia en primera línea.
La “injerencia externa” referida en algunas declaraciones del grupo próximo a Maduro resultó también ser muy distinta a la que, aceptada por el derecho internacional, permite a la comunidad internacional ejercer el derecho/deber de proteger. La “injerencia externa” que se atribuye a algunos países de la región, Estados Unidos y el Grupo de Lima, es también muy diferente a la que se ejerció en Honduras cuando la dictadura venezolana, junto con Lula y su entonces canciller Amorín, penetraron en el territorio de ese país para tratar de reinstalar en el poder al legalmente destituido al dictador Manuel Zelaya. También es distinta a la “injerencia” que se expresa en el apoyo a los movimientos sociales, en el ejercicio de una diplomacia de pueblos absolutamente contraria a todo, que solo ha permitido acciones violentas para atacar el orden establecido.
El representante del usurpador y los otros de los países satélites de Moscú, expresión que disgustó, por cierto, al embajador ruso, hablaron de la violación por parte de Estados Unidos y de los países democráticos del mundo que respaldan nuestro proceso, del principio de la autodeterminación de los pueblos y del derecho de los pueblos de decidir su propio destino y de escoger su sistema político omitiendo, o más bien despreciando, que 90% de los venezolanos exige a través de protestas y marchas pacíficas un cambio de gobierno y del sistema comunista que nos ha arruinado, y que se restaure el orden democrático alterado por la pretendida usurpación de la Presidencia de la República por Nicolás Maduro. Ese es el verdadero derecho a la autodeterminación, consagrado en la Carta de la ONU y por el derecho internacional, que desprecia el totalitarismo para justificar sus aspiraciones de poder.
Rechazó Arreaza la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en especial, en estos momentos, por Estados Unidos, un tema que está en el tapete, solamente ante la posibilidad de acciones que el régimen usurpador de Maduro y sus grupos paramilitares puedan ejercer para poner en peligro la vida de sus nacionales y la integridad de sus representaciones, lo que dadas las circunstancias podría más bien ubicarse en el contexto del ejercicio de la legítima defensa, un tema no fácil de digerir.
En lo que estuvieron claros Arreaza y socios fue en no condenar la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, limitándose a menciones muy vagas e imprecisas, generales y acomodaticias sobre el tema, ignorando la brutal represión ejercida estos días que han producido decenas de asesinatos, más de 500 detenciones arbitrarias acompañadas de prácticas de tortura y tratos inhumanos y degradantes, hechas públicas para amedrentar.
Coincidieron todos los del grupo favorable a Maduro en la acérrima crítica a las “medidas unilaterales” impuestas en forma selectiva por algunos países a los violadores de derechos humanos y a los corruptos y aliados del terrorismo internacional, para confundirlas con “sanciones” prohibidas por el derecho internacional. Las medidas a las que tendenciosamente se refirieron Arreaza y sus socios en el Consejo han sido adoptada por Estados y grupos de Estados en contra de funcionarios y agentes del régimen que han violado los derechos humanos, que han cometido crímenes internacionales, que han participado en actos de corrupción y en delitos conexos de trascendencia internacional y en relación con el narcotráfico y el terrorismo. No son “sanciones” impuestas a Venezuela de manera arbitraria. Estas “medidas” selectivas e individualizadas, hoy justificadas por el derecho internacional que considera que las normas de protección de los derechos humanos son normas superiores, imperativas e inderogables que constituyen el orden público internacional, lo que legitima a todo Estado, a la comunidad internacional en general, a intervenir y exigir su cumplimiento a los Estados que las violan y que pretende esconder sus tropelías con la interpretación sesgada y superada de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Es lamentable que gobiernos de corte totalitario utilicen espacios como el del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para impedir los avances de la sociedad internacional y del derecho internacional a través de una diplomacia cínica y de declaraciones acomodadas y perversas que solo buscan justificar los abusos y las tropelías que realizan en sus países, en perjuicio de los derechos humanos de los ciudadanos.